A través de las redes sociales, Rico detalló el jueves 30 de enero que entre los detenidos, hay seis personas que incurrieron en tráfico y posesión de estupefacientes, y tres en robo.

El resto de los aprehendidos cometieron delitos como abuso sexual, forjamiento de documentos o porte ilícito de armas de fuego, entre otros, según el director del CICPC, que no detalló en qué regiones del país se desarrollaron los operativos de detención.

Todos los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el proceso de manera individualizada, según el tipo de delito cometido y sus agravantes.

El martes, Rico dijo que Venezuela registró en 2024 una tasa de homicidios de 4,1 por cada 100.000 habitantes, al tiempo que destacó que el país registra una disminución sostenida de este delito.

Indicó que, en 2016, la tasa de homicidios fue de 56 por cada 100.000 habitantes, y aseguró que ese promedio ha ido bajando al detallar que en 2022 fue de 6,7 por cada 100.000 habitantes y en 2023 de 5,3.

Por otra parte, el funcionario informó que el año pasado el CICPC capturó a 19.434 personas que presuntamente cometieron delitos.

También, prosiguió, se recuperaron 2.004 armas de fuego, 12.783 municiones, 5.172 vehículos, así como 5.576 teléfonos móviles.

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«Se está a la espera, luego de declaraciones que hiciera el fiscal general de la república Tarek William Saab el fin de semana pasado, de una nueva reunión en la cual ya se traten los aspectos relativos al cierre judicial del caso, una vez que Edmundo González Urrutia se ha retirado del país y se encuentra en territorio español», dijo su abogado, José Vicente Haro, en una entrevista con Televisión Española (TVE).

Haro agregó que el próximo paso será, «definitivamente», el de «cerrar esa causa» contra el líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -mayor bloque antichavista-, señalado por delitos como «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «instigación a la desobediencia de leyes» y «conspiración», entre otros.

«Es necesario cerrar judicialmente el asunto, el caso, ante los tribunales», sostuvo el letrado, algo que -explicó- tiene que «gestionar ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía)» en «una comparecencia» para «cumplir con la formalidades correspondientes».

Investigación en contra de González

González fue llamado a declarar ante la Fiscalía en tres ocasiones debido a una investigación en su contra, relacionada con la publicación, en una página web, del «83,5 % de las actas» obtenidas a través de personas que fueron testigos y miembros de mesa en la jornada electoral y que reflejan, según la PUD, la «victoria» del excandidato.

Al no presentarse, un tribunal emitió una orden de aprehensión contra el opositor, que se mantenía refugiado en la Embajada de Países Bajos, desde la que se trasladó a la de España, donde permaneció hasta el sábado 7 de septiembre, cuando salió de Venezuela.

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El rapero y disidente, conocido por su nombre de pila Tomaj, se enfrenta además a las acusaciones de “propaganda contra el régimen, cooperación con estados hostiles, difusión de mentiras e incitación a la violencia”, informó este domingo la agencia de noticias oficial ISNA.

El músico ha mostrado su apoyo a las protestas que sacuden Irán desde la muerte el 16 de septiembre de Amini, tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, unas movilizaciones protagonizadas por jóvenes en las que se pide el fin de la República Islámica.

Las movilizaciones comenzaron por la muerte de una joven kurda de 22 años, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica

A finales de octubre fue detenido por “haber desempeñado un papel clave en la creación de disturbios, en llamados y el fomento de los recientes disturbios en la provincia de Isfahan así como en la ciudad de Shahinshahr”, indicó entonces el fiscal de la ciudad de Isfahán, Mohamad Musavian.

Pocos días después, la televisión estatal publicó un vídeo del músico en el que supuestamente confesaba sus delitos.

Las autoridades judiciales han acusado de diversos delitos a al menos 2.000 de los 15.000 detenidos, de los que seis han sido condenados a muerte hasta ahora.

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Gabriela Morales

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El colectivo Justicia 11J aseguró que se trata de tres juicios, que se celebran en Mayabeque y La Habana, y que para algunos de los acusados se solicitan hasta 20 años de cárcel.

La fiscalía imputa a estas personas por diversos delitos, como desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, ultraje a los símbolos de la patria y, en el caso de las penas mayores, están acusados de sedición, indicaron los activistas.

Las autoridades judiciales cubanas no acostumbran a informar sobre los procesos legales, de los que tampoco reportan los medios oficiales. Además, las vistas no son públicas y los medios internacionales no tienen posibilidad de cubrirlos.

El mayor de los procesos es el que tiene lugar en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre de La Habana, donde se juzga hasta el viernes en una causa común a 23 personas con peticiones de hasta 20 años de prisión.

La ONG cubana Cubalex identificó en su último recuento un total de 1.377 detenidos a raíz del 11 de julio y otros 94 por la frustrada protesta del 15 de noviembre

Menores de edad incluidos

En este juicio los activistas detectaron que dos de los acusados tienen 17 años. Para ambos pide la fiscalía 15 años de cárcel. Efe solicitó un posicionamiento al respecto a la oficina regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y por el momento no ha obtenido respuesta.

En Cuba la edad penal mínima son 16 años. El Código Penal (artículo 17.1) contempla la posibilidad de reducir a la mitad las penas de las personas menores de edad para los condenados entre 18 y 20 las condenas se pueden rebajar en un tercio.

Varias ONG denunciaron falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados en estos procesos por los sucesos del 11 de julio.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales