«Hemos solicitado permiso al presidente Maduro para poder llegar a Venezuela a poder recuperar los cuerpos de desaparecidos colombianos», dijo Mancuso en una rueda de prensa en Bogotá un día después de salir de la cárcel La Picota, tras recuperar su libertad.

Mancuso reveló el año pasado en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que las AUC arrojaron los cuerpos de unas 200 de sus víctimas en el lado venezolano de la frontera tras la destrucción del «horno crematorio» en el que desaparecieron a centenares de personas.

Cuerpos de desaparecidos están en Venezuela

Por eso, en sus labores como «gestor de paz», el rol que el gobierno le ha asignado, estará para ayudar a encontrar esos cuerpos, junto a las autoridades colombianas y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), con las que vislumbra una «pronta y futura visita a Venezuela».

El exjefe de las AUC, el grupo al que más homicidios se le atribuyen en el conflicto colombiano, aseguró que desde hoy comenzará esa función de «gestor de paz» para lo cual se reunirá con el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, «para poder programar y organizar todo lo que tiene que ver con la agenda que debo desarrollar en el país».

Mancuso recibió la orden de libertad y salió de La Picota, donde estaba detenido desde que llegó a Colombia en febrero pasado tras ser deportado de EE.UU. donde cumplió una condena de 15 años y 10 meses por narcotráfico.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

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La Cancillería colombiana indicó a través de un comunicado que la decisión surgió luego de que el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, indicara el jueves pasado que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) arrojaron los cuerpos de 200 de sus víctimas en el lado venezolano de la frontera, tras la destrucción de un “horno crematorio” en el que desaparecieron a centenares de personas.

“Acordamos proporcionar unos prontos y eficaces mecanismos institucionales que permitan localizar los restos mortales de nacionales colombianos dados por desaparecidos en zona de frontera, sepultados en territorio venezolano según manifestaciones del señor Salvatore Mancuso“, agregó la Cancillería neogranadina.

Mancuso, recluido en Estados Unidos por narcotráfico, reveló los detalles del hecho en una audiencia virtual ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que el jefe paramilitar indicó que decidieron “destruir el horno” en el que el Frente Fronteras, unidad del Bloque Catatumbo de las AUC, incineraba a sus víctimas.

“Entonces empezó una práctica diferente que fue a todas las víctimas arrojarlas en territorio venezolano. Unas al lado del río (Táchira) para que el río las llevara y las dejara del lado de Venezuela, y otras en las que algunos miembros de las Autodefensas ingresaron a Venezuela para dejarlas en fosas”, expresó Mancuso.

El exdirigente de las AUC aseveró que en el lado venezolano de la frontera hay enterradas “por lo menos unas 200 o más de 200 personas» asesinadas por las autodefensas.

El Gobierno colombiano hizo un acto el martes pasado en memoria y reconocimiento de las víctimas de desaparición forzada, en el que participó Mancuso de manera virtual, quien ofreció detalles sobre lo que hacían en los hornos crematorios.

El acto se llevó a cabo en Juan Frío, una localidad del municipio de Villa del Rosario, en el Norte de Santander, donde las Autodefensas establecieron un centro de operaciones contra la guerrilla y quemaron a centenares de sus víctimas en improvisados hornos crematorios, con el fin de no dejar rastro de sus asesinatos.

Organizaciones de Derechos Humanos estipulan que los paramilitares del Frente Fronteras incineraron en los hornos a unas 500 personas para desaparecerlas y borrar toda evidencia de sus crímenes, bajo el mando de Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano”.

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En una sesión que terminó con aplausos, los diputados aprobaron por amplía mayoría (101 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones) la iniciativa legislativa que, además de llamar matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo, permite la adopción y la filiación.

El proyecto, que debe volver al Senado, es una de las mayores luchas de los colectivos LGTBI en Chile, donde las personas homosexuales solo pueden unirse bajo la figura del Acuerdo de Unión Civil (AUC), que no reconoce derechos filiativos.

De aprobarse, Chile se convertiría en el octavo país de América Latina en legalizarlo después de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados de México.

El proyecto se había presentado en 2017 gracias al impulso de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018) y estuvo estancado durante casi cuatro años

“El matrimonio igualitario es la protección de la familia, una cuestión urgente y que constituye una luz de esperanza para el país”, expresó Isabel Amor, directora de la Fundación Iguales, una de las plataformas LGTBI más activas del país.

Giro sorpresivo

El pasado mes de julio, en un giro sorpresivo, el actual presidente, Sebastián Piñera, dijo que había “llegado el tiempo” de aprobar la iniciativa e instruyó al Parlamento que lo debatiera con urgencia.

En los últimos meses, la norma se ha revisado favorablemente en ambas cámaras y ahora solo está pendiente de votarse en la Cámara Alta, a donde retornará por los cambios solicitados durante su discusión.

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Gabriela Morales

Con información agencias de noticias y medios internacionales

Por amplia mayoría, los senadores dieron luz verde a la iniciativa legislativa que permite la adopción y la filiación en parejas del mismo sexo, a diferencia del Acuerdo de Unión Civil (AUC), la figura legal que está vigente en Chile desde 2015.

«No es un tema de derechas o izquierdas, no es un caballito de batalla ideológico de nadie, tiene que ver con la dignidad y con los derechos humanos de los niños», dijo el activista del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez.

El proyecto, presentado al final del segundo mandato de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018) y estancado durante más de cuatro años, fue retomado el pasado 15 de junio a petición del actual presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera.

De aprobarse, Chile se convertiría en el octavo país de la región en aprobarlo tras Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados mexicanos

En el pasado mes de enero, el Senado chileno decidió aprobar la idea de legislar el proyecto, pero no avanzó en su articulación ante la férrea oposición de los partidos conservadores que integran la coalición oficialista.

Dando un giro a su postura sobre el matrimonio igualitario y en contra de lo que defienden algunos de sus socios de gobierno, Piñera solicitó sorpresivamente a los legisladores durante su última cuenta pública tratar el proyecto con «urgencia«, un mecanismo que permite acelerar su tramitación y al que se había negado en 2019.

Cabe destacar que, según un sondeo reciente de Ipsos, el 65% de los chilenos cree que se debería permitir el matrimonio igualitario, lo que coloca a Chile como el segundo país latinoamericano con mayor respaldo, solo por detrás de Argentina (73%).

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales