La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó en Bogotá la ‘Alerta Temprana Electoral 2025-2026’, un informe preventivo basado en 14 variables de riesgo y en la presencia territorial de la institución en los más de 1.100 municipios del país.

El documento identifica 62 municipios que requieren acción inmediata, 162 con acción urgente, 425 con acción prioritaria y 216 bajo observación permanente.

Las alertas tempranas son el principal instrumento de prevención y advertencia temprana de la Defensoría del Pueblo para evitar que los conflictos armados, el crimen organizado o la violencia política deriven en violaciones de derechos humanos.

Mayor atención de la Defensoría

El suroeste, que abarca los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, «es la subregión más crítica del país» pues concentra el 24 % de los municipios con necesidad de intervención inmediata, seguido del noroeste (Antioquia, Córdoba y Chocó) y el Catatumbo, en Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Entre los principales actores armados que inciden en esas regiones figuran las disidencias de las FARC —incluido el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia—, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y otros grupos de crimen organizado.

La alerta, emitida seis meses antes de lo habitual, incluyó 20 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado, centradas en la prevención y la protección con enfoque de derechos humanos.

Entre ellas pidió al Ministerio del Interior mejorar la coordinación institucional, al Ministerio de Defensa reforzar la seguridad en las zonas rurales de mayor riesgo, y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) priorizar la seguridad de candidatos, periodistas y firmantes de paz.

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Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que el consulado de México en Miami ha entrevistado a los connacionales en distintas visitas realizadas entre el 23 de julio y el 11 de agosto, y que mantiene comunicación constante con ellos.

“Nuestro compañero exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, está permanentemente yendo a este lugar a ver qué necesitan los que están recluidos y, paralelamente a nivel diplomático, estamos trabajando permanentemente para que permanezcan ahí el menor número de días”, afirmó.

Además, subrayó que se brinda apoyo jurídico a quienes deseen acelerar su deportación a México, así como asistencia a quienes opten por llevar un juicio en Estados Unidos antes de su repatriación.

Sheinbaum destacó que hasta ahora no hay reportes de violaciones a sus derechos humanos e insistió en la comunicación constante con los connacionales.

Además, explicó que, en algunos casos, las personas detenidas son trasladadas posteriormente a centros de reclusión federales antes de ser deportadas, siempre que no exista un proceso judicial en curso.

La mandataria reiteró que la postura del Gobierno de México es acompañar a los connacionales en situación de reclusión en el extranjero y garantizar que reciban un trato digno, independientemente de su situación legal.

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«Hemos recibido muchos reportes de afectaciones y por eso estamos trabajando desde el primer momento con todos los organismos de socorro para atender esta emergencia», expresó el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo.

El jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la ciudad, Alex Velásquez, señaló que al declarar la calamidad pública pudieron «activar todos los protocolos de manera inmediata para atender eficazmente esta situación».

Las lluvias, que comenzaron en la tarde del domingo, provocaron emergencias en al menos 60 barrios, incluyendo zonas como Pescaíto, donde el agua alcanzó hasta dos metros de altura, arrastrando vehículos y dejando viviendas completamente anegadas.

También se informó de deslizamientos de tierra en la carretera que conecta el centro de Santa Marta con la playa de El Rodadero, así como problemas de movilidad en áreas turísticas como Taganga y Minca.

Santa Marta, ciudad portuaria que el pasado 29 de julio cumplió 500 años de haber sido fundada por el conquistador español Rodrigo de Bastidas, frecuentemente sufre problemas de inundaciones debido a que carece de alcantarillado pluvial y hay una precaria canalización de las corrientes que bajan de la Sierra Nevada.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que lo sucedido en Santa Marta es producto de la crisis climática y añadió que el Gobierno debe estar allí para «dar la mano al pueblo de la resistencia».

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La resolución fue aprobada por consenso durante la Asamblea General de la OEA, que se celebra esta semana en Antigua y Barbuda con la presencia de cancilleres de toda la región.

El texto establece la creación de «un grupo de trabajo interamericano» por un periodo inicial de un año y abierto a la participación de todos los Estados miembros que deberá elaborar «un plan de acción regional que detalle y guíe la labor de la alianza regional de salud mental».

También propone «el establecimiento de un fondo regional de salud mental para reunir recursos financieros» para reforzar la atención a la salud mental en el continente.

Este fondo se establecería en colaboración con organismos regionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En una nota al pie, la Administración de Donald Trump apuntó que Estados Unidos «no apoya la proliferación de nuevos fondos para la salud regionales o mundiales», sino que insta a «la movilización de recursos internos».

La resolución insta también a los Estados miembros de la OEA a reforzar «la inversión pública y privada en salud mental, con una perspectiva de derechos», así como en «la prevención, atención, rehabilitación y recuperación».

Asimismo, exhorta a «dar prioridad» a estrategias «para promover la salud mental y atender la crisis de salud mental en la región».

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Cientros de migrantes, en su mayoría haitianos, se concentraron desde ahora frente al nuevo edificio para buscar atención en las oficinas de registro o de primer contacto, que arrancó en su primera etapa y tiene capacidad para atender a unas 800 personas para prerregistro de periciones y unas 1.100 para firmar su seguimiento.

El centro, de 4.800 metros cuadrados de superficie ampliables a 7.000, prestará servicios de prerregistro de solicitantes de asilo y de registro, entrevistas de elegibilidad, notificaciones y la entrega de documentos de la condición de refugiados en México, tercer país con más peticiones de refugio, detrás de Estados Unidos y Alemania, según el Gobierno.

En el sitio, la Comar atenderá a hispanohablantes de lunes a jueves, mientras que el viernes recibirá a migrantes hablantes de otros idiomas, como haitianos y africanos.

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En un contacto virtual con el mandatario Nicolás Maduro, el ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, indicó que, en total, se computan 7.990 casas «con algún tipo de afectación» y, de momento, la «pérdida total» de 360 viviendas en Cumanacoa, cuyos habitantes se encuentran en «refugios solidarios, es decir, en casa de una vecina», lo que demuestra -expresó- un «alto nivel de solidaridad del pueblo».

El ministro prevé que, antes de diciembre, se entregue «un total de 188 viviendas» a «personas que perdieron» sus casas, y señaló que se evalúa la posibilidad de reconstruir «cerca de 50» que no estén en zonas de riesgo y otorgar 44 en otra región del país.

Por su parte, el jefe de Estado, quien anunció la creación de un «puesto de comando presidencial» en Cumanacoa, reiteró su solidaridad con los familiares de los tres fallecidos y aseguró que las acciones preventivas salvaron «muchas vidas».

#EnVivo 📹 | Desde el Puesto de Comando Presidencial monitoreando y evaluando las zonas afectadas a causa de las fuertes precipitaciones en el país. https://t.co/37W8MfHJco

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 3, 2024

Señaló también que continúa la búsqueda de las cinco personas desaparecidas en Cumanacoa, donde hay unos 2.600 funcionarios, entre ellos de Protección Civil, bomberos y policías.

Según el balance oficial, el desbordamiento del río afectó también un mercado municipal, carreteras y seis de las 20 escuelas de la zona, de las cuales dos tienen daños «graves», además de que provocó el colapso de siete «puentes colgantes» que comunican a varias comunidades.

El Gobierno estima que, el sábado, se hayan entregado 240 toneladas de alimentos y que, ese mismo día, las vías afectadas por los escombros estén totalmente despejadas.

Beryl -un huracán de categoría 4 en la escala de vientos de Saffir-Simpson, de un total de 5- ha causado un total de siete muertos en Granada, San Vicente y las Granadinas y Venezuela, y una gran destrucción en los primeros dos países.

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Aunque se registraron protestas en al menos 51 centros en 17 de los 23 estados del país, en las últimas horas los presos de varias cárceles han decidido levantar la huelga, luego de que el Ministerio Penitenciario empezara a atender los reclamos e, incluso, otorgara medidas de libertad, informó a EFE el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La ONG indicó que equipos del Ministerio de Servicio Penitenciario se han acercado a distintos reclusorios del país, con lo que han empezado procedimientos en tribunales, así como medidas de libertad aunque, dijo, desconoce si estas son plenas o con cautelares.

También, según dijo el OVP en X, desde este viernes el Ministerio Penitenciario comenzó a instalar mesas técnicas en algunos recintos carcelarios «para revisar las causas de los detenidos».

El Ministerio de Servicios Penitenciarios ha difundido en redes sociales fotografías que muestran al líder de esa cartera de Estado, Julio García Zerpa, nombrado el martes para el cargo, en conversaciones con mujeres y hombres presos en los estados Lara (oeste) y Carabobo (norte).

Hoy seguimos en el 2do día de atención directa a las denuncias de familiares de las y los privados de libertad, cumpliendo la instrucción del ministro @JulioGarciaZ

Sistema penitenciario, puertas abiertas. pic.twitter.com/VZlTkRPCpY

— MPPSP (@mppsp_vzla) June 15, 2024

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Fuente de imagen referencial principal: EFE/Henry Chirinos

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Entre el 1 de enero y el 19 de mayo, 201.024 migrantes habían entrado al país centroamericano, lo que representa 100.977 extranjeros más frente a los 100.047 que ingresaron en el mismo período de 2023, detallan las cifras de las autoridades hondureñas.

La gran mayoría de los viajeros son venezolanos (93.133), cubanos (32.751), ecuatorianos (13.368) y haitianos (13.025), seguidos por los colombianos (9.723) y chinos (6.994), añadió la institución.

Los restantes 32.030 migrantes que ingresaron a territorio hondureño proceden de más de una treintena de países del mundo, incluidos asiáticos y africanos.

En enero ingresaron a Honduras 38.495 migrantes extranjeros, 49.357 en febrero, 45.666 en marzo, 40.230 en abril y 27.276 en los primeros 19 días de mayo, señaló el ente migratorio.

La mayoría de migrantes que llegan a Honduras son venezolanos (Fuente de esta imagen referencial: EFE/Gustavo Amador)

El 49,2 % (98.776) de los migrantes son hombres, 26 % (52.325) mujeres y un 24,8 % (49.923) son niños y adolescentes, agregó el Instituto de Migración.

Del total de extranjeros detenidos, el 59,3 % (119.192) tenían entre 0 y 30 años, y el 40,7 % (81.832) eran mayores de 30 años.

Muchos de los migrantes irregulares son acogidos en cuatro Centros de Atención al Migrante Irregular (CAMI) habilitados por el Gobierno, donde toman sus datos biométricos y reciben alimentación y atención médica.

El Instituto de Migración indicó además que el 96,8 % (194.518) de los inmigrantes ingresaron a Honduras por los municipios de Danlí y Trojes, departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua.

En los últimos años, el Paraíso se ha convertido en la principal ruta que migrantes, principalmente de Venezuela, Cuba y Haití, utilizan para ingresar a Honduras y seguir hacia Estados Unidos.

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Fiorella Tagliafico R.

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Fuente de imágenes referenciales y principal: EFE/Gustavo Amador

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«Estamos presentando un primer acercamiento a la realidad que están viviendo las mujeres en el Darién respecto a la violencia sexual», dijo a EFE la secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), organismo de la OEA, Luz Patricia Mejías.

El objetivo de presentar esos «lineamientos para la elaboración de un protocolo para el acceso a la justicia de las mujeres migrantes, desplazadas y refugiadas víctimas de violencia sexual« es «trabajar conjuntamente» con el gobierno, la ONU, sociedad civil y organizaciones de mujeres para «construir una ruta de acción para el abordaje de la violencia, la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas» migrantes en el Darién, según esta información oficial.

Las migrantes víctimas se niegan a denunciar para no retrasar su camino hacia EEUU (Fuente de esta imagen referencial: EFE / Bienvenido Velasco)

Mejías explicó que la violencia sexual en Darién es un «problema transfronterizo», por ello «lo primero (que se debe hacer) es establecer mecanismos y lo segundo es tener una mirada más amplia de la humanitaria, que eso supone la perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos».

A su juicio, la presencia del Estado en esa selva no solo debe ceñirse a «la perspectiva de seguridad sino la presencia de la salud, educación, ministerio de la mujer, promotoras de salud que le guíen a las mujeres (víctimas de violencia sexual) y de la justicia que investigue».

Uno de los principales problemas que el Gobierno y las organizaciones humanitarias presentes en el Darién han recogido es que las migrantes víctimas de violencia sexual se niegan a denunciar porque los tiempos judiciales retrasarían su camino hacia Norteamérica, a donde quieren llegar para mejorar sus condiciones de vida.

MSF tuvo que suspender su labor médica y humanitaria en Darién desde el pasado 4 de marzo por «orden» del Gobierno panameño, justamente después de lanzar un informe que evidencia una «extraordinaria violencia» hacia mujeres migrantes en la selva fronteriza.

¿ Informes incompletos ?

A la vez, las autoridades de Panamá acusaron a esa ONG de presentar informes «incompletos» de migrantes violadas en esa selva.

«Esperamos que (esta guía de la OEA) sea útil para el gobierno porque estamos proponiendo también la presencia del Estado (…) la perspectiva que tenemos es humanitaria y de seguridad, la propuesta es que las otras perspectivas puedan entrar a esa dinámica«, concluyó Mejías.

Durante su intervención el secretario Jonathan Riggs, habló sobre la importancia de esta Guía Operativa para el personal de Control Migratorio, que coincide con el incremento del flujo migratorio en Selva de Darién. #DariénNoEsUnaRuta @rubenfarjeoea @OEA_Seguridad pic.twitter.com/Rz667qtWUY

— Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) March 14, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

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«Desde el lunes 4 de marzo, la organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) se vio obligada a suspender toda actividad médica para la población migrante en el Darién por orden de las autoridades panameñas, que alegan que actualmente MSF no cuenta con un convenio de colaboración vigente con el Ministerio de Salud», indica un comunicado de la organización.

Alegan que han «intentado en vano obtener dicha renovación desde octubre de 2023″.

En el comunicado, MSF señaló que están «enormemente preocupados por las consecuencias que la suspensión tiene sobre la población migrante«, pues «en promedio, cada mes, los equipos médicos brindan atención en salud física y psicológica a casi 5.000 personas, con un especial énfasis en las sobrevivientes de violencia sexual».

Indicaron que «durante el año 2023, 676 migrantes recibieron atención médica integral luego de sufrir un acto de este tipo en la ruta migratoria; y solo en enero de 2024, MSF registró 120 casos más» y «en febrero, la organización denunció nuevamente el aumento de los ataques brutales y la violencia sexual en la selva».

Además, señalaron que «ante las evidentes necesidades a nivel de salud, incrementadas exponencialmente en los tres últimos años, MSF confía en poder retomar la atención médica en el Darién lo antes posible«, pues esa «suspensión coincide además con el previsto aumento en el número de migrantes en Panamá esta semana, luego de que se reanudaron los transportes en bote en Colombia tras un par de días de represamiento».

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Fiorella Tagliafico R.

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Además, se destaca que el 60 % de los estudiantes presenta dos o más síntomas de depresión. Estos resultados plantean un panorama inquietante y urgente de abordar.

El impacto en el sector educativo: Profesores también se ven afectados

El informe del OBU también resalta que el sector educativo en general está enfrentando serias consecuencias en términos de salud mental. De hecho, el estudio revela que un alarmante 72 % de los docentes presentan síntomas de depresión.

Esto indica que la crisis de salud mental se extiende no solo a los estudiantes, sino también a los profesores que desempeñan un papel crucial en la educación de la juventud venezolana.

Factores desencadenantes de la crisis: Una combinación de tensiones

Los resultados del estudio señalan que la población estudiantil venezolana se enfrenta a una grave crisis de salud mental, que puede atribuirse a una combinación de diversos factores estresantes.

La situación política, económica y social del país, agravada por la pandemia de Covid-19, ha generado un entorno altamente estresante para los estudiantes. Además, la falta de recursos y oportunidades, la violencia y la inseguridad también contribuyen significativamente a esta crisis.

Priorizar la salud mental en el ámbito educativo

La crisis de salud mental entre los estudiantes venezolanos requiere una atención inmediata y acciones concretas. Es crucial que tanto las instituciones educativas como las autoridades gubernamentales reconozcan la importancia de la salud mental y proporcionen recursos adecuados para abordar esta problemática.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

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En un artículo publicado en BMC Medicine, expertos en el campo de las adicciones reflexionan sobre los efectos de la pandemia en los servicios de tratamiento y de cómo este momento ofrece una oportunidad única para remodelar y actualizar las redes de tratamiento de adicciones.

En el artículo, los autores mantienen que una red de tratamiento de adicciones revisada y modernizada debe incluir un mejor acceso a la atención, facilitado cuando sea apropiado por la tecnología, así como una atención más integrada con especialistas en adicciones que den apoyo a los demás profesionales de la salud y reducir el estigma experimentado por las personas con trastorno por el uso de sustancias.

Siete pilares para los renovados sistemas de tratamiento

En concreto, según los autores, los sistemas de tratamiento renovados deben basarse en estos siete pilares: (1) telemedicina y soluciones digitales, (2) hospitalización en el hogar, (3) servicios psiquiátricos y de adicción de enlace de consulta, (4) instalaciones de reducción de daños, (5) atención personal centrada, (6) promover el trabajo remunerado para mejorar la calidad de vida en personas con trastornos por uso de sustancias, y (7) atención integrada de adicciones.

Desde la perspectiva de la salud pública y la prevención, el artículo sostiene que las tres «mejores compras» de la Organización Mundial de la Salud (reducir la disponibilidad, aumentar los precios y prohibir la publicidad) siguen siendo válidas. Además, señalan que se deben implementar nuevas estrategias para abordar sistemáticamente (a) las noticias falsas sobre drogas legales e ilegales e (b) información científica controvertida.

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Con información de BMC Medicine y lasdrogas.info, distribuido por Venezuela Libre de Drogas

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