La primera iniciativa doblaría la oferta de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que en agosto ya duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por el arresto de Maduro, lo que supera el dinero ofrecido por el fallecido líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden.

La propuesta de los senadores floridanos Rick Scott y Ashley Moody indica que el Departamento de Estado «podría pagar dicha recompensa a uno o más individuos que provean información que directamente conduzca al arresto de Maduro y a cualquier sentencia en cualquier país por crímenes específicos relacionados con narcóticos».

La iniciativa también requeriría que cualquier pago provenga de la liquidación de bienes que Washington haya decomisado de Maduro, de su «régimen» y cómplices, debido a que el Departamento de Justicia ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos vinculados al mandatario venezolano, dos aviones privados y nueve vehículos.

¿Qué es la BOLIVAR Act?

La senadora Moody, quien presentó la iniciativa en un evento en Doral, ciudad del sur de Florida con la mayor concentración de venezolanos en Estados Unidos, enmarcó la propuesta dentro de la lucha contra el «narcoterrismo» del gobierno estadounidense, que acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles.

Por otro lado, Moody resaltó que la «BOLIVAR Act», cuyo acrónimo en español significa «prohibir las operaciones y contratos con el ilegítimo régimen autoritario venezolano» vetaría contratos de agencias del gobierno estadounidense con empresas que «hagan negocios con el régimen de Maduro».

Las iniciativas las copatrocinan también el senador Ted Cruz, de Texas, y la senadora Marsha Blackburn, de Tennessee, todos del Partido Republicano.

Las propuestas ocurren mientras se intensifica el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, donde las autoridades estadounidenses han hundido cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas, lo que ha dejado al menos 17 muertos.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Palacio de Miraflores

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“El gobierno federal no puede imponer mandatos radicales de vacunas, y esta toma de poder opresiva no tiene precedentes y es ilegal”, manifestó en un comunicado la fiscal general de Florida, Ashley Moody, al anunciar la iniciativa legal.

Señaló que los 24 fiscales, en su mayoría con gobiernos republicanos, instaron en una carta enviada el jueves a Biden a eliminar las medidas de esta índole si no quiere arriesgarse a una acción legal.

Los fiscales recuerdan en la misiva que el pasado 9 de septiembre el demócrata anunció una nueva norma de emergencia que afectará a todas las compañías que tengan 100 empleados o más, en las que trabajan al menos 80 millones de personas.

Esas empresas deberán garantizar que sus trabajadores están completamente vacunados o, de lo contrario, deberán mostrar un resultado de test negativo al menos una vez a la semana.

Biden también firmó un decreto a comienzos de septiembre que establece un mandato de vacunación para los 2,1 millones de empleados del gobierno federal de Estados Unidos

Los fiscales indicaron que el presidente se está extralimitando en sus funciones, al señalar que son los estados los que por ley deben velar y proteger la seguridad y salud de sus ciudadanos.

Asimismo, subrayaron que los estados están preparados para presentar una demanda después de la implementación del mandato planificado sobre los empleados del sector privado.

“Los riesgos de propagación del Covid-19 también varían ampliamente según la naturaleza del negocio en cuestión, muchos de los cuales pueden hacer que sus empleados, por ejemplo, trabajen de forma remota”, señalaron.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales