Murillo y su jefe de Gabinete, Sergio Méndez fueron arrestados en mayo de 2021 junto a otros ciudadanos estadounidenses. Las detenciones ocurrieron en los estados de Florida y Georgia.

El Departamento señaló que Murillo, de 58 años, deberá pasar 70 meses de prisión «por conspiración para lavar sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera corrupta a una empresa estadounidense a ganar un lucrativo contrato con el gobierno boliviano».

El exministro boliviano se declaró culpable el pasado 20 de octubre de 2022 de un cargo de «conspiración para cometer lavado de dinero«, señaló el ente federal.

Según documentos judiciales, Murillo recibió al menos 532.000 dólares en pagos de sobornos de una empresa con sede en Florida a cambio de ayudar a esa empresa a obtener un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares en 2019, con el fin de proporcionar gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia.

La empresa implicada, International Defense Group, está localizada en Tamarac, en el sureste de Florida, informó el medio local WPLG.

Murillo formaba parte del gobierno de la expresidenta interina Jeanine Áñez, quien asumió el poder en 2019 tras la renuncia de Evo Morales.

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Con información de medios internacionales

Fuente imagen referencial: Ministerio de Comunicación de Bolivia, vía web

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El fiscal de la jurisdicción de La Paz, Marco Antonio Cossío, reveló que “el 24 de diciembre hemos recibido un informe de Interpol donde ya nos han señalado con certeza que los señores Murillo y López están en Estados Unidos. Como nosotros ya conocemos su paradero, vamos a emitir la imputación formal contra estas dos personas”.

Cossío agregó que cumplirán con los requisitos que la ley determina para poder demandar la activación de la notificación roja y de esta manera traerlos a Bolivia en donde puedan responder por lo que se les acusa.

Los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López son acusados de malversación de fondos y actualmente se encuentran fugados en EE.UU.

Murillo y López tienen una investigación abierta por su presunta participación en la malversación de fondos relacionados con los sobrecostes de la compra de materiales antidisturbios para las Fuerzas Armadas y la Policía mientras era el gobierno interino de Jeanine Áñez.

Posibles pruebas de los delitos

“Tenemos esos elementos que han sido obtenidos mediante secuestros, requerimientos de diferentes ministerios, hablamos de delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y otros tipos penales”, detalló Cossío en una declaración para el diario boliviano, La Razón.

Estas declaraciones de Cossío se produjeron un día después que el fiscal general de Bolivia, Juan Lachipa, alegara que no tenía conocimiento de la ubicación de López, pero sí la de Murillo quien está desde noviembre en Estados Unidos.

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias, La Razón y otros medios internacionales