Cilia Flores, de 69 años, permanece recluida en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde su captura y traslado junto a Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

La defensa había solicitado el arresto domiciliario alegando el delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca y sostuvo que las condiciones de la prisión perjudican su recuperación médica.

El magistrado consideró que Cilia Flores representa un «fuerte riesgo» de fuga y subrayó la gravedad del caso para justificar su decisión, según explicó durante la vista.

Durante la vista, Flores se mostró más delgada que en sus anteriores comparecencias. Al principio apareció sonriente, aunque su semblante se volvió posteriormente más serio.

La decisión del juez se conoció el mismo día en que la Fiscalía presentó una nueva acusación contra Maduro y Flores que amplía los cargos que afrontan en Estados Unidos.

El nuevo texto los acusa de conspiración para cometer torturas contra opositores y personas detenidas por las autoridades venezolanas durante el gobierno de Maduro.

Según la acusación, Maduro autorizó y supervisó un sistema de detenciones arbitrarias, violencia y torturas utilizado para reprimir a la oposición, mientras que Flores participó presuntamente en ese entramado.

La acusación sostiene además que entre las víctimas hubo al menos tres ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, según los documentos judiciales.

El nuevo cargo de conspiración para cometer tortura se suma a los de conspiración para importar cocaína y posesión y conspiración para poseer armas que ambos ya afrontaban, así como al de narcoterrorismo que pesaba sobre Maduro y que ahora también enfrenta Flores.

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En un documento judicial, la defensa de Flores pide que sea trasladada a una residencia privada en Nueva York y ofrecerle un régimen de arresto domiciliario con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.

Flores, de 69 años, asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, día en que fueron capturados por militares de EEUU, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.

Los abogados de la esposa de Maduro aseguran que los costos de este traslado serán asumidos por Flores y ofrecen también la retención de su pasaporte como parte de las condiciones para garantizar que permanezca bajo custodia.

En la carta presentada ante la corte, los abogados describen episodios de dolor de pecho, arritmias, dificultades para respirar y una pérdida de más de once kilos de peso desde su detención.

De acuerdo con la petición, el pasado 29 de julio Cilia Flores habría sufrido un episodio médico o crisis de salud que, según sus abogados, aparentemente pudo tratarse de un infarto leve, aunque ello no ha sido confirmado.

Flores y Maduro fueron detenidos en enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde afrontan cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Ambos se han declarado no culpables de las acusaciones, mientras la Fiscalía sostiene que utilizaron posiciones de poder dentro del Estado venezolano para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

El proceso se encuentra en una fase previa al juicio en la que las defensas han comenzado a presentar recursos para intentar desestimar la acusación.

Entre sus principales argumentos figura la reclamación de inmunidad soberana de Maduro como jefe de Estado y cuestionamientos sobre la legalidad de la operación mediante la que ambos fueron capturados y trasladados a Estados Unidos.

La defensa de Flores también ha presentado una petición propia basada en la inmunidad vinculada a su condición de primera dama.

El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó el pasado julio el comienzo del juicio para el 1 de junio de 2027.

Antes de esa fecha, está prevista para el 17 de noviembre una audiencia para escuchar los argumentos de las defensas sobre las mociones destinadas a desestimar el caso, entre ellas la petición de Maduro basada en la inmunidad soberana.

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«Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos», afirmó el hijo del dirigente en un mensaje publicado en X.

Sin embargo, expresó que sienten alivio porque la familia «estará junta pronto».

Asimismo, agradeció al gobierno de EEUU «por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos».

Más temprano, el hijo del opositor había exigido una prueba de vida y la liberación inmediata del dirigente, luego de pasar más de 24 horas sin conocer su paradero tras su nueva detención.

Juan Pablo Guanipa, exdiputado y colaborador cercano de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue excarcelado el domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.

Tras su salida de prisión, en declaraciones a la prensa, Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero «con la verdad», y que Venezuela «tiene derecho a ser un país libre».

Sin embargo, durante la noche se reportó que fue detenido por «hombres no identificados» que interceptaron su vehículo, pese a que, afirmó su hijo, las medidas cautelares impuestas en su caso solo incluían prohibición de salida del país y presentación ante tribunales cada 30 días.

La nueva detención del dirigente opositor ocurre en medio del proceso de consulta pública del proyecto de ley de amnistía, impulsado por el gobierno encargado y aprobado en primera discusión por el Parlamento, que debe someterlo a un segundo debate para que quede sancionado como ley.

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Los fiscales realizaron una presentación ante la Cámara de Casación Penal, a la que tuvo acceso EFE y que solicita que «se revoque el arresto domiciliario de Cristina Elisabet Fernández para que continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria».

Luciani y Mola buscan impugnar el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, del pasado 17 de junio, que dispuso la detención de la exmandataria bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su vivienda de Buenos Aires.

Los fiscales sostuvieron que la medida debe ser revocada porque «no se verifican las causales que habilitan el acceso» a la prisión domiciliaria, en términos de seguridad y cumplimiento efectivo de la pena, tal como fue solicitado por la defensa.

Según argumentaron, el domicilio no garantiza condiciones mínimas de seguridad, tanto para la convivencia en el barrio como para la integridad de la propia condenada.

Polémica tras la detención de Fernández

De no prosperar el pedido de revocatoria, los fiscales propusieron que al menos se disponga el cumplimiento de la prisión domiciliaria en un lugar distinto, que ofrezca garantías de seguridad adecuadas.

Además, solicitaron que se establezcan pautas de conducta más estrictas hasta que se defina la modalidad definitiva del cumplimiento de la pena.

Este pedido tiene lugar tras una polémica desatada tras la detención de la expresidenta en torno al uso de su balcón, desde donde saludó en numerosas ocasiones a los seguidores que se concentraron en las inmediaciones de la vivienda tras la entrada en vigor de su condena, y que finalmente sí podrá utilizar pero con «prudencia» para evitar «perturbar la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes», según dictaminó la Justicia.

Tras la solicitud de los fiscales, la Cámara de Casación Penal deberá resolver no solo este pedido, sino otros planteos pendientes vinculados a la ejecución de la condena de la exmandataria.

La Corte Suprema de Argentina rechazó el pasado 10 de junio un recurso presentado por la expresidenta y ratificó así su condena en la causa conocida como ‘Vialidad’, en la que se investigaron irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su ya difundo marido, Néstor Kirchner (2003-2007).

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

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Justicia que no conoce límites temporales

La decisión del Tribunal destaca la importancia de perseguir y castigar los crímenes de lesa humanidad sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde su comisión. En este caso, se reconoce que la gravedad de los delitos cometidos no puede ser ignorada ni minimizada por la edad del acusado.

Aunque Torres Romero evitará la cárcel, el veredicto del Tribunal reconoce la culpabilidad del acusado en someter a torturas a los hermanos Carlos Ernesto y Luis Alberto Casco, así como a la esposa del primero, Teresa Dejesús Aguilera de Casco. Este fallo envía un mensaje claro sobre las consecuencias de cometer crímenes de lesa humanidad, incluso décadas después de su perpetración.

El juicio oral y público que concluyó el martes reveló la brutalidad de los actos cometidos por Torres Romero hace décadas. La verdad y la justicia son fundamentales para las víctimas y sus familias, y este fallo representa un paso hacia el reconocimiento de su sufrimiento y la rendición de cuentas de los responsables.

Compromiso con la memoria histórica

Este caso también resalta el compromiso de Paraguay con la memoria histórica y la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante regímenes autoritarios anteriores.

A través de procesos judiciales como este, se espera evitar la impunidad y garantizar que los crímenes del pasado no se repitan en el futuro.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales y redes sociales

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Las fuentes no precisaron la fecha ni el lugar del traslado, que se produce en medio de las especulaciones sobre un posible arresto domiciliario para la premio Nobel de la Paz.

Una ubicación desconocida

Según estas fuentes, que piden preservar el anonimato, Suu Kyi fue «realojada» en un edificio controlado por el régimen militar cuya ubicación se desconoce, tras permanecer aislada en una prisión de la capital, Naypyidó.

Las fuentes no dieron más detalles sobre las condiciones de su reclusión ni sobre los motivos del cambio.

Esta semana, fuentes cercanas al caso confirmaron que la junta planea transferir a Suu Kyi, la ex líder depuesta por los militares tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, a un arresto domiciliario en Rangún (Birmania), la ciudad más poblada del país.

Una larga historia de represión

Suu Kyi, quien solo ha sido vista una vez tras el golpe y sobre quien pesan condenas que suman hasta 33 años de cárcel desde entonces, ya pasó 15 años bajo arresto domiciliario en una residencia en Rangún, hasta su liberación en 2012, durante el periodo de mandato de la anterior junta militar (1962-2011).

En su momento lideró el movimiento democrático en Birmania y ganó el premio Nobel de la Paz en 1991, fue acusada por la junta actual de varios delitos, entre ellos violar una ley colonial sobre secretos oficiales y recibir sobornos.

Suu Kyi ha rechazado todas las acusaciones y ha denunciado un juicio injusto y politizado.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Twitter/@themalaysian

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Saab detalló que la decisión se tomó pocos días después de su detención por burlarse de niños con espectro autista, quienes pintaron un mural en la calle Coromoto de El Tigre.

“El Ministerio Público solicita medida humanitaria de arresto domiciliario: en atención al estado de Trastorno Depresivo Mayor que presenta dicho imputado”, indicó Saab en sus redes sociales.

#CasoParaqueima el @MinpublicoVEN #solicita Medida Innominada de #ProtecciónAlMural, #Prohibición de #Enajenar y #Gravar, entre otros… Así como #solicitud Medida Humanitaria de #ArrestoDomiciliario: en atención al estado de #TrastornoDepresivoMayor que presenta dicho #Imputado.

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 6, 2023

El fiscal detalló que Paraqueima será imputado por los delitos de promoción al odio, acto arbitrario, agravante de LOPNNA, y obstrucción a la libertad de comercio.

Saab indicó que el MP también solicitó “medida innominada de Protección Al Mural, Prohibición de Enajenar y Gravar, entre otros…”, en favor de la obra de arte creada por los niños.

El alcalde Paraqueima había criticado el mural ubicado en la calle Coromoto en El Tigre: “¿Quién pinto eso tan horroroso?, ¿Quién hizo eso?, me cuentan que fue los niñitos asperger, ¿con qué lo pintaron con las patas?, ¿Qué intentaron hacer allí, un paisaje? … que cosa tan horrible”.

Horas después, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en repudio a las declaraciones del alcalde, al tiempo que lo acusó de haber violado “de manera flagrante principios establecidos en la Constitución, leyes y convenios internacionales sobre DDHH”.

Tras la medida, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión contra Paraqueima por “deshonrar su mandato (…) Las acciones que ha hecho han sido realmente aterradoras”, dijo Saab tras una reunión con diputados de la AN.

Minutos después, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron al alcalde de El Tigre, bajo la acusación de “incitación al odio”.

El fiscal general, Tarek William Saab, difundió entonces una fotografía del mandatario local aprehendido en la sede de la policía política en el municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

Poleo confirmó que José Pereira, Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, Alirio y José Zambrano, quienes poseen nacionalidad venezolana y estadounidense, se encuentran detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

La abogada dijo que las autoridades le informaron de que serían devueltos a la celda que antiguamente ocupaban cuando fueron detenidos, acusados de firmar contratos que comprometían el futuro de Citgo, filial de la estatal petrolera PDVSA.

Las autoridades venezolanas no se pronunciaron aún sobre la detención de los seis exdirectivos de Citgo

La detención se produjo luego de que se conociera la extradición de Álex Saab desde Cabo Verde, donde estaba detenido hace más de año y medio, a los Estados Unidos para ser juzgado por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero.

«Y como consecuencia de la extradición de Alex Saab, nuevamente los seis de Citgo son utilizados como monedas de cambio», escribió la profesional del derecho inicialmente en Twitter.

Las autoridades venezolanas no se pronunciaron aún sobre la detención de los seis exdirectivos de Citgo, quienes, el pasado 26 de noviembre, fueron condenados a penas de entre 13 y nueve años de prisión por delitos de corrupción.

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Gerardo Contreras

Con información de medios nacionales y redes sociales

El Tribunal consideró que el exjefe del Estado francés, entre 2007 y 2012 se benefició de un sistema de doble contabilidad puesto en marcha para poder superar los límites de gasto impuestos por la ley francesa.

Por ello, le impuso una pena superior a la que había solicitado la Fiscalía, que había pedido un año de cárcel con seis meses exentos de cumplimiento.

Este nuevo revés judicial se produce después de que en marzo pasado fuera condenado en primera instancia a tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento y el otro en arresto domiciliario, por corrupción y tráfico de influencias, sentencia que está pendiente de apelación.

🔴 ÚLTIMA HORA | El expresidente francés Nicolas Sarkozy, declarado culpable de financiación ilegal de su campaña en 2012 https://t.co/pNPdWuat6Z pic.twitter.com/Qy2ed33uSx

— EL PAÍS (@el_pais) September 30, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y nacionales venezolanos

Quezada «fue notificada en su casa por las autoridades judiciales y del Ministerio Público, acompañadas por la Policía, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria, sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular», indicó la Alianza CxL en una declaración.

La candidatura de la joven, de 27 años de edad, fue inscrita de manera oficial el pasado lunes.

Las autoridades nicaragüenses no confirmaron ni desmintieron tal denuncia

De acuerdo con la denuncia, reportada por medios oficiales, la exreina de belleza incitó al odio luego de que su partido inscribiera a sus candidatos a presidente y vicepresidenta ante la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Después de realizar esto Quezada expresó a los periodistas que «en Nicaragua las condiciones (electorales) nunca han estado» y que «las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone?, saliendo a votar».

El partido opositor mostró su pensamiento sobre el gobierno de Ortega

Además hizo un llamado a votar el 7 de noviembre para demostrar que en Nicaragua no quieren «más dictaduras«, en alusión al gobierno de Daniel Ortega.

Asimismo, el portal gubernamental El 19 Digital reseñó: «Quezada, al dar declaraciones, incitó al pueblo nicaragüense a promover actos de violencia y terrorismo tal y como sucedió entre abril y junio del 2018″.

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias y redes sociales

Abogados y familiares de los detenidos confirmaron al periodista de The Associated Press, Joshua Goodman, la liberación parcial de los seis ejecutivos empleados de la empresa petrolera Citgo, con sede en Houston.

Arresto de los ejecutivos

Fue en noviembre del año 2017 cuando Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira, fueron detenidos por agentes de seguridad enmascarados mientras participaban en una junta en la ciudad de Caracas. En la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ubicado en El Helicoide, de la ciudad capitalina, permanecieron detenidos los ejecutivos.

Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira fueron detenidos en Venezuela

Cinco de ellos son ciudadanos venezolanoestadounidenses y tienen profundas raíces en Texas y Luisiana; mientras, uno de ellos reside de forma permanente en los Estados Unidos.

Habían sido convocados a Venezuela para que asistieran a la mencionada junta en la sede de PDVSA, propietaria de Citgo.

De un primer arresto domiciliario habían vuelto a estar encarcelados

Cabe recordar que, estos ejecutivos de Citgo ya habían sido puestos en arresto domiciliario en diciembre de 2019. Sin embargo, fueron encarcelados de nuevo, el mismo día en que el presidente Donald Trump recibió al presidente de la Asamblea Nacional electa en el 2015, Juan Guaidó, en la Casa Blanca.

La detención sería por cargos de malversación de fondos derivados de una propuesta nunca ejecutada de refinanciar unos 4.000 millones de dólares en bonos de CITGO. Ofreciendo una participación del 50% en la empresa como garantía. En su momento, el mandatario nacional Nicolás Maduro los acusó de traición.

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Rubén Vásquez

Con información de agencias y medios nacionales

Navalni fue detenido el 17 de enero al regresar desde Alemania, donde había estado convaleciente de un envenenamiento sufrido en agosto de 2020. Las autoridades alegaron entonces que el líder opositor había incumplido las medidas excepcionales que mantenían en suspenso una pena dictada en 2014 por acusaciones de fraude.

La jueza Natalia Repnikova coincidió en dicha tesis y determinó que Navalni ingrese en prisión para purgar la pena, no obstante, solo le restarían por cumplir dos años y ocho meses, puesto que se tendrían en cuenta los diez meses que pasó bajo arresto domiciliario.

Abogados de Navalni presentaran una apelación

Las partes tienen ahora diez días de margen para presentar recurso, algo que ya adelantaron que harán los abogados del acusado.

«Por supuesto que vamos a presentar una apelación», dijo en la sala del tribunal una de las abogadas de Navalni, Olga Mikhailova, quien añadió que recurrirán también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Durante su comparecencia ante la jueza, Navalni reiteró sus críticas al gobierno en un duro discurso. «Alguien no quería que volviese a Rusia como un hombre libre. Todos sabemos quién», declaró el impulsor de la Fundación Anticorrupción.

Además, el opositor señaló directamente a Putin, al que describió como «envenenador de calzoncillos«. Mientras, el Kremlin siempre ha negado cualquier responsabilidad en este supuesto ataque.

Según Navalni, no es sólo él quien se sienta en el banquillo, sino toda la oposición

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió a la comunidad internacional que «no interfiera en los asuntos internos de un Estado soberano», al mismo tiempo que les recomienda que se «ocupen de sus propios problemas”.

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Gabriela Morales

Con información de dpa