Los mejor valorados (Top 3)

Nayib Bukele (El Salvador): Encabeza la lista con un 70,1 % de aprobación. Aunque bajó ligeramente respecto a marzo (71,8 %), mantiene un sólido respaldo basado en su política de seguridad.

Claudia Sheinbaum (México): La mandataria registra un 69,8 % de imagen positiva. Pese a enfrentar retos de inseguridad, se mantiene como la segunda figura con mayor apoyo regional.

Rodrigo Chaves (Costa Rica): A pocos días de entregar el poder (8 de mayo), su favorabilidad subió al 59,5 %, superando el 56,8 % registrado el mes anterior.

Franja media y otros mandatarios

• Luis Abinader (Rep. Dominicana): 57,3 % de apoyo.
• Rodrigo Paz (Bolivia): 52,9 % a seis meses de asumir el cargo.
• Daniel Ortega (Nicaragua): 51,8 % de imagen positiva.
• Lula da Silva (Brasil): Ocupa el séptimo lugar con 48,4 %, enfrentando una desaprobación del 49,1 %.
• José Antonio Kast (Chile): Recién asumido, cuenta con un 45,1 % de respaldo frente a un 49,9 % de rechazo.

Niveles más bajos de aprobación

El estudio revela un fuerte descontento en los últimos peldaños de la tabla:

• José Raúl Mulino (Panamá): 34,1 % de apoyo.
• Delcy Rodríguez (Venezuela): Se ubica en el penúltimo lugar con apenas un 27,5 % de respaldo y un rechazo del 67,6 %.
• José María Balcázar (Perú): Es el mandatario peor valorado de la región con solo 17,9 % de imagen positiva y un rechazo que escala al 67,9 %.

El sondeo se realizó entre el 10 y 15 de febrero a más de 40.000 personas en toda la región, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error máximo de 2,2 % por país.

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El documento fue adoptado por consenso de todos los países asistentes, aunque Argentina ha hecho constar un texto relativo a sus «disociaciones» respecto a tres puntos transversales: igualdad de género, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, y la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A nivel de ministros han estado representados en esta cita España, Portugal, Guatemala, Panamá, Uruguay, Andorra y México -este último de forma telemática- y con otros cargos institucionales Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú, República Dominicana, Venezuela y Chile.

Compromiso con el desarrollo sostenible

El encuentro fue inaugurado por la ministra española para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien destacó que Iberoamérica es «fundamental» porque supone un «símbolo de compromiso, de diálogo y de defensa del medioambiente y del derecho internacional».

La Agenda Medioambiental Iberoamericana (AMI), que nace por mandato de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Santo Domingo en 2023, es fruto del trabajo conjunto durante 14 meses, y aspira a consolidar un espacio compartido de cooperación técnica y diálogo político que posicione a Iberoamérica como una región comprometida con el desarrollo sostenible.

Con una vigencia inicial de cuatro años, consta de cuatro ejes temáticos: cambio climático; biodiversidad y ecosistemas; recursos hídricos y océanos, y contaminación y residuos sólidos; y abarca 16 acciones, una de ellas horizontal, dirigida a promover la sinergia entre las redes medioambientales iberoamericanas.

Sistemas de alerta temprana y coordinación

En el apartado del cambio climático se apuesta por el fortalecimiento de los sistemas nacionales de alerta temprana frente a desastres y el avance en su coordinación; la realización de diagnósticos de evaluación de riesgos climáticos; la elaboración de escenarios climáticos regionales como base común para la adaptación en Iberoamérica, y el desarrollo de planes de acción climática y refuerzo de las capacidades municipales.

En materia de biodiversidad, se busca fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en la conservación del medio natural; la aplicación de herramientas de teledetección para la gestión de las Reservas de la Biosfera; una respuesta coordinada frente a amenazas comunes como el tráfico ilegal de especies y la pérdida de hábitats, y el intercambio de conocimiento para evaluar el riesgo de desertificación.

En cuanto a los recursos hídricos, se pretende mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento en comunidades vulnerables mediante al menos una decena de proyectos piloto antes de 2030; establecer un marco común para mejorar la calidad de las aguas; el refuerzo de la gestión integrada de los recursos y el uso eficiente del agua, así como la mejora de la gestión de las arribazones de sargazo que afectan a países del mar Caribe.

Reducción progresiva de los plásticos

Respecto a la contaminación, la Agenda apuesta por promover iniciativas nacionales que impulsen la reducción progresiva de plásticos; el refuerzo de los sistemas de alerta para paliar los efectos de la contaminación atmosférica en grandes núcleos urbanos, y el impulso de la gestión sostenible de residuos sólidos, con especial atención a los plásticos y microplásticos.

Junto a estos desafíos, la AMI recoge aspectos transversales que deben integrarse en la implementación de las acciones estratégicas por su «estrecha relación con los desafíos medioambientales», tales como igualdad de género, educación ambiental, participación ciudadana, pueblos indígenas, juventudes e innovación e investigación.

En su intervención, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, destacó la «riqueza de biodiversidad, de agua, de recursos incomparable» que tiene Iberoamérica, que atesora en torno al «40-50 % de la biodiversidad» y el «30 % del agua dulce«, y ha sostenido: «Sin nosotros no hay posibilidad de enfrentar bien los temas de cambio climático».

Tras referirse a la acelerada pérdida de biodiversidad y el retroceso de los glaciales, afirmó: «Si vamos mal, tenemos que hacer más».

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En un mensaje publicado este martes en la cuenta de X en inglés de la oficina del primer ministro, Netanyahu felicita a Trump por la aprobación de la resolución, que establece una fuerza internacional que velará por el proceso de desmilitarización de la Franja y desarme de los grupos armados, así como protegerá a los civiles y capacitará una nueva fuerza policial palestina.

La resolución, aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, suscitó el rechazo del grupo islamista Hamás, para quien el desarme es un asunto «interno» y dicha fuerza no debe encargarse de él porque, de hacerlo, dejaría de ser neutral.

«Cualquier discusión sobre el tema de las armas debe permanecer como un asunto nacional interno conectado a un camino político que asegure el fin de la ocupación, el establecimiento del Estado (de Palestina) y la autodeterminación», enfatizó Hamás sobre el desarme, un asunto clave para Israel.

En su mensaje en redes Netanyahu destaca que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas «respalda plenamente el plan de 20 Puntos del presidente Trump» y el nombramiento de una «Junta de Paz» para Gaza que estará dirigida por el presidente estadounidense.

«Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y la prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza«, dice el mensaje.

Netanyahu apuesta a la integración de Israel

Siguiendo con el plan de Trump de alto el fuego, vigente en Gaza desde el 10 de octubre, Hamás ha liberado a los 20 rehenes que permanecían cautivos allí y a 25 de los 28 rehenes muertos. «Esperamos recibir a todos los rehenes fallecidos sin demora», afirma Netanyahu al respecto.

Y añade que ello llevará a una segunda fase del alto el fuego, en la que se espera el comienzo del proceso de desarme y desmilitarización de la Franja para «poner fin al dominio de Hamás sobre Gaza».

Para el primer ministro israelí, este plan propiciará además una mayor integración de Israel con sus vecinos árabes, así como ampliar los llamados Acuerdos de Abraham de restablecimiento de relaciones con dichos países.

«Israel tiende su mano en paz y prosperidad a todos sus vecinos y les pide que normalicen sus relaciones con Israel y se unan a nosotros para expulsar a Hamás y a sus partidarios de la región«, dice su mensaje.

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«Estamos aprobando una ley fundamental que conforme una nueva forma de atender el despliegue, el acatamiento de las órdenes, el desplazamiento de las tropas y, sobre todo, la conjunción entre pueblo y Fuerza Armada», dijo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, durante la sesión ordinaria, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La ‘Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación’ -que debe ser publicada en Gaceta Oficial para que entre en vigencia- prevé, entre otras acciones, la recopilación de información por parte de los comités de trabajo de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), con el objetivo de «identificar patrones, tendencias y potenciales riesgos que permitan determinar la gravedad e impacto de las amenazas contra la seguridad de la nación».

Los ODDI son, según explicó Maduro en enero pasado, «instancias de planificación, coordinación, integración y ejecución de todos los poderes del Estado», para garantizar «el derecho a la paz».

El mes pasado, el diputado Giusseppe Alessandrello, quien presentó entonces el proyecto, explicó que la ley tiene por objeto «establecer las líneas estratégicas para el funcionamiento» de los ODDI.

Alessandrello indicó entonces que la ley establece que estos órganos están presentes a nivel municipal, estatal y nacional y tiene, entre sus «fines primarios», el cumplimiento de lo que «señala la Constitución con relación a la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en defensa de la nación».

El Gobierno de Venezuela anunció este martes un nuevo despliegue militar que incluye «medios terrestres, aéreos, navales, fluviales», así como sistemas de armas y otros para enfrentar las que considera como «amenazas imperiales».

De interés: EEUU refuerza presencia militar en Latinoamérica con la llegada de su mayor portaaviones

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Poder Judío, el partido del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, promotor del proyecto, afirma que la aprobación en comisión parlamentaria supone «otro paso hacia la justicia histórica».

Tras esta aprobación, el proyecto pasará a pleno y, de recibir allí la aprobación, volverá a ser discutido en comisión para ser enviado de nuevo a pleno, donde se aprobaría de forma definitiva.

Según el diario israelí Yedioth Ahronoth, el pleno de la Knéset votará el proyecto de ley a lo largo de esta semana.

Durante el debate en la comisión, el coordinador israelí para asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, aseguró que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, está a favor de la ley, indicó la Knéset en un comunicado.

«El proyecto establece que un terrorista que asesinó a un ciudadano israelí por un motivo de racismo u hostilidad hacia el público, con la intención de dañar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en esta tierra, sea sentenciado a muerte y sólo a esta pena«, dice el comunicado de Poder Judío.

El proyecto también permite que un tribunal militar pueda imponer por mayoría simple, y no por unanimidad, la pena capital, que además no podrá ser conmutada.

Las autoridades israelíes utilizan «terrorista» para referirse a cualquier palestino que ataca a sus soldados o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos que perpetran auténticos atentados en territorio israelí.

Bajo este paraguas, el Ejército de Israel ha llegado a referirse como «terroristas» a niños, mujeres y hombres que han lanzado piedras contra las tropas o los colonos y han sido abatidos a tiros por ello.

Ben Gvir, a cargo de la cartera de Seguridad Nacional en Israel, ha promovido también un endurecimiento de las condiciones de los presos palestinos, que denuncian habitualmente sufrir abusos e incluso torturas, así como privación del sueño, alimento o la higiene.

De interés: Venezuela condena bombardeos israelíes contra el Líbano

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«Es la expresión de la hermandad, la expresión de una manera diferente de relacionarse los pueblos y los Gobiernos, la expresión de la cada vez más sólida y persistente condición de amistad, hermandad y de cooperación entre el Gobierno de la Federación Rusa y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela», indicó Rodríguez en la sesión ordinaria, transmitida por el canal estatal ANTV.

Durante la presentación de este texto, titulado ‘Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia’, no se ofrecieron detalles sobre su contenido.

Primera discusión del proyecto entre Rusia y Venezuela

El pasado 18 de septiembre, el Parlamento hizo una primera discusión de este proyecto, que se presenta, de acuerdo al diputado Roy Daza, en un contexto que «tiene que ver con el nuevo momento de la geopolítica del mundo».

El documento recoge la propuesta de un «aspecto muy importante», según explicó entonces el diputado, que es el «carácter irreversible del proceso de establecimiento de un orden mundial justo, sostenible, multipolar, basado en el derecho, en la soberanía y en la igualdad de los Estados».

Además, dijo que el tratado con Rusia «impone» en materia de cooperación un «diálogo político de alto nivel», así como el «derecho internacional, el respeto a la soberanía, el arreglo pacífico de las controversias, el respeto a los derechos humanos y a la autodeterminación de los pueblos».

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Las cifras contrastan con el 39 % de aprobación y el 57 % de desaprobación que el sondeo reportó en su última medición en mayo, lo que el estudio atribuye, en particular, a una erosión del apoyo de Trump entre hombres latinos y jóvenes en general por «crecientes preocupaciones económicas».

Por primera vez, más hombres hispanos, el 52 %, reprueban la segunda Administración de Trump desde que comenzó en enero frente a quienes la aprueban (46 %), mientras que el 67 % de las mujeres tienen una opinión negativa y el 30 % de ellas una positiva.

La mayor caída ocurrió entre jóvenes de 18 a 29 años, grupo en el que ahora dos de cada tres, el 66 %, reprueba la gestión de Trump frente a un 33 % que la aprueba, lo que contrasta con la proporción de 56 % de opiniones negativas y 40 % positivas de mayo.

Al contemplar sólo la gestión de la economía, el 62 % de los latinos desaprueban a Trump y el 36 % lo avalan, según la encuesta realizada de forma digital a 800 votantes hispanos entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre, con un margen de error del 3,5 % y un nivel de confianza del 95 %.

Opinión de los hispanos sobre Trump

De hecho, casi dos tercios de los votantes hispanos, el 64 %, considera «pobre» la economía, y el 58 % piensa que «activamente está empeorando», con lo que más de una cuarta parte, el 26 %, afirma tener problemas para solventar sus gastos, según el sondeo.

En el estudio de opinión, más del 64 % desaprueban el manejo de Trump de los aranceles y el comercio, y más de siete de cada 10, el 71 %, piensa que dichos impuestos comerciales están elevando el costo de los productos.

La mayoría de los latinos, el 51 %, creen que Trump está enfocado más en los aranceles y el 47 % piensa que se concentra mucho en la frontera entre México y Estados Unidos, aunque los hispanos enuncian como sus prioridades la inflación y el costo de vida (50 %), y los empleos y la economía (39 %).

La encuesta refleja la atención política que han despertado los votantes latinos en Estados Unidos, donde el 48 % de ellos votó por Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 frente al 51 % que sufragó por la demócrata Kamala Harris, según el Pew Research Center.

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El director del servicio de Ciudadanía e Inmigración, Joseph Edlow, afirmó que el examen actual para la ciudadanía es «demasiado fácil» y que se necesita un formato más riguroso que evalúe mejor el conocimiento cívico y constitucional de los aspirantes.

Cambios en las pruebas para la ciudadanía

Durante un evento este jueves en Washington, organizado por el Centro de Estudios para la Migración, Edlow detalló que los cambios podrían incluir elevar el puntaje mínimo y añadir un ensayo escrito donde el solicitante explique qué significa ser ciudadano estadounidense.

Como parte de su estrategia el servicio reactivará entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes de ciudadanía, una práctica que no se usaba desde la presidencia de George W. Bush, y busca reforzar sus investigaciones con agentes especiales.

Edlow subrayó que la agencia está abandonando un modelo centrado en la atención al solicitante para adoptar uno enfocado en la aplicación estricta de la ley, declarando una «guerra al fraude» en el proceso de naturalización.

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La agencia autorizó las vacunas de refuerzo de Moderna (a partir de 6 meses de edad), Pfizer (5 años) y Novavax (12 años), pero ahora estarán disponibles solo previa consulta médica y para pacientes de «alto riesgo», indicó el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en X.

Esa población de alto riesgo abarca los mayores de 65 años en general, y a los adultos y niños con alguna condición de salud que pueda resultar en una enfermedad «grave» tras la infección con covid-19, de acuerdo con un comunicado de Pfizer, por ejemplo el asma, la obesidad, el cáncer o la diabetes.

Kennedy Jr. divulgó las acciones de la FDA -que no emitió un comunicado- y las equiparó al «cumplimiento» de varias promesas electorales, principalmente terminar con la imposición gubernamental de vacunarse contra el coronavirus y permitir que lo pueda hacer quien quiera, especialmente los «vulnerables».

Kennedy Jr. también indicó que como parte de la luz verde del regulador, las farmacéuticas tendrán que hacer ensayos clínicos de estas vacunas con placebo.

El anuncio supone un giro en la política de vacunación contra la covid-19 de EE.UU., pues el Gobierno de Biden recomendaba una vacuna de refuerzo anual a partir de los 6 meses de edad, y se alinea con el escepticismo de Kennedy Jr. hacia las vacunas.

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Además, en el momento de su aprobación quedaron claras las discrepancias de algunos países, particularmente de Estados Unidos.

La resolución fue preparada por los embajadores de España y Costa Rica como «cofacilitadores», quienes durante meses han desplegado una intensa actividad negociadora con todos los países y expertos en tecnologías de la inteligencia artificial para lograr un documento lo más consensuado posible.

El panel que regulará el uso de la IA contará con 40 miembros que tendrán un mandato de tres años y deberán ser elegidos con criterios de equilibrio geográfico.

Se dedicará a proveer evaluaciones con base científica sobre «las oportunidades, los riesgos y los impactos de la IA» en un informe anual «no prescriptivo», es decir, que tendrá un carácter consultivo y no normativo.

Los 40 miembros, elegidos por la Asamblea General, serán personas con una experiencia probada en el campo de la IA, y no podrán ser funcionarios de la ONU.

Junto al panel ha sido aprobada la celebración anual de un «diálogo global sobre la IA» que debata en un marco abierto, con participación de funcionarios y expertos, sobre los retos que supone la IA «en los ámbitos social, económico, ético, cultural, lingüístico y técnico». Este diálogo se desarrollará alternativamente en Nueva Yor y Ginebra, las dos mayores sedes de la ONU.

Misión ante la ONU

Aunque el texto de la resolución fue aprobado por consenso, Argentina se descolgó a última hora y retiró su apoyo.

Según explicó un representante de su misión ante la ONU, la resolución «plantea elementos que no reflejan las prioridades ni los enfoques que sostiene Argentina», sobre todo porque recoge elementos del Pacto del Futuro de la ONU del que el país se ha «disociado».

Más ambigua fue la postura de Estados Unidos, que si bien no retiró su apoyo al texto completo, especificó que no se siente representado en aquellos párrafos que contienen referencias al «género» ni a los objetivos de desarrollo sostenible.

Además, su representante ante la Asamblea quiso subrayar que el panel internacional que supervisará la inteligencia artificial «es no vinculante» y por consiguiente «no es necesario estar de acuerdo en áreas de entendimiento común».

En el fondo, la representante de EE.UU. lanzó un torpedo contra la línea de flotación del mismo panel que hoy nace, cuando su representante dijo que su país «rechaza los esfuerzos de organismos globales de hacer valer una influencia indebida sobre la gobernanza de la IA (porque), la sobrerregulación incentiva la centralización, sofoca la innovación e incrementa la posibilidad de censura».

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El nuevo cobro conocido como ‘tarifa de integridad de visa’ va dirigido a todos los extranjeros que ingresan al país con una visa que no sea de inmigrante como de turistas, visa de negocios, y estudiantes internacionales.

Estados Unidos emitió casi 11 millones de visas de no inmigrante en 2024, según cifras del Departamento de Estado. Los viajeros que cumplan con las condiciones de su visa y salgan tendrán derecho a un reembolso.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo a la CNN que la tarifa se estableció “para apoyar” las prioridades del Gobierno del presidente Donald Trump en materia migratoria.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que la nueva tarifa podría reducir el déficit federal en 28.900 millones de dólares durante los próximos diez años.

El pago se requerirá al momento de la emisión de las visas y no habrá exenciones de tarifas para personas de bajos recursos.

La ley también impone incrementos en el valor de otras solicitudes migratorias. Por ejemplo, por primera vez, los solicitantes de asilo no solo deben pagar una tarifa para solicitar asilo —fijada en 100 dólares—, sino una tarifa adicional de 100 dólares cada año que la solicitud esté pendiente de resolución

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El sondeo, realizado a 2.343 adultos entre el 16 y el 18 de julio por el instituto demoscópico YouGov, evidencia un descenso en los números de aprobación de Trump, que se situaba en 53 % en febrero pasado de acuerdo con pesquisas similares, aunque el apoyo entre su base republicana se mantiene fuerte con un 89 %.

Para la mayoría de los encuestados (61 %), el manejo migratorio es el área que más influye a la hora de evaluar el trabajo del presidente, seguido por otros temas como la inflación (56 %), la megaley de exenciones fiscales y recortes al gasto rubricada por mandatario (56 %) y el caso de Jeffrey Epstein (36%), acusado de tráfico sexual.

El apoyo al programa de deportaciones masivas de inmigrantes irregulares impulsado por el presidente también ha disminuido, de un 59 % en febrero pasado a un 49 % actual, aunque la política sigue siendo popular entre el 91 % de los republicanos.

Según el sondeo, una mayoría (56 %) cree que la Administración Trump está priorizando la deportación de personas que no son criminales peligrosos, frente a un 47 % en junio, mientras que solo un 42 % aprueba la manera en la que el Gobierno utiliza los centros de detención para inmigrantes.

Otras políticas de Trump

Entre las personas encuestadas, el 64 % considera que la comunidad hispana es la más afectada por las redadas migratorias, en ascenso en los últimos meses. Un 78 % considera este trato como «injusto».

Sin embargo, la misma mayoría del 64 % reconoce que las políticas de mano dura del mandatario han contribuido a la caída en las cruces irregulares en la frontera sur con México.

A pesar de esto, el 70 % considera que la Administración Trump debería enfocarse más en reducir la inflación, que en junio repuntó un 2,7 % en lo que analistas ven como el inicio del efecto de los aranceles impuestos por el presidente a sus socios comerciales, a quienes ha amenazado con más impuestos a partir del 1 de agosto.

El estudio de CBS/YouGov documenta un 60 % de oposición a la subida de aranceles a las importaciones extranjeras y casi dos tercios (un 64 %) no está de acuerdo con el trabajo del Gobierno para manejar la inflación, el mayor índice de desaprobación en este sentido registrado hasta la fecha por esta encuesta.

Además, solo un 25 % cree que se beneficiará con el ‘gran y hermoso proyecto de ley’ fiscal y presupuestaria del republicano, que según estimados elevará el déficit fiscal de EE.UU. en unos 2,8 billones de dólares y recortará millones en fondos federales a programas sociales.

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La resolución fue aprobada por el Consejo Mercado Común (CMC), órgano de decisión política del Mercosur, en la víspera de la cumbre semestral de jefes de Estado del bloque que acoge Buenos Aires.

«El Consejo del Mercado Común decidió ampliar las listas nacionales de excepciones al arancel externo común de los Estados partes signatarios del Tratado de Asunción», anunció Werthein, quien destacó, al inicio de la cumbre, que «se trata de una decisión de gran relevancia porque introduce flexibilidad, manteniendo un esquema compartido».

«Se habilita de ese modo la adaptación de cada país, según sus prioridades, a las nuevas realidades del comercio internacional, sin perder un horizonte común», añadió el canciller anfitrión de la cumbre.

La medida da mayor margen de maniobra a los países miembros del Mercosur ante los vaivenes suscitados por la guerra comercial global.

El comercio del bloque -fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- se rige por un arancel externo común (AEC), con alícuotas (proporciones) que van desde el 0 al 35 %, pero desde 2010 cada miembro del Mercosur cuenta con una Lista Nacional de Excepciones (LNE) al AEC en una cantidad limitada de productos que puede cambiar cada seis meses, previa notificación a sus socios.

Listas provisionales del Mercosur

Actualmente, Argentina y Brasil pueden incorporar hasta finales de 2028 un total de hasta 100 códigos en sus respectivas LNE, mientras que Uruguay puede llegar a tener en su lista 225 productos hasta finales de 2029, y Paraguay, 649, pero con un plazo que vence a finales de 2030.

La resolución aprobada mantiene este esquema para aplicar aranceles mayores o inferiores al AEC, pero habilita a los países a añadir una LNE «temporaria» para «la adaptación al nuevo contexto internacional».

En esas listas provisionales cada país tendrá la posibilidad de incluir 50 códigos arancelarios en los que se podrán reducir las alícuotas respecto al AEC.

Su vigencia también será diferente para cada socio: Argentina y Brasil podrán hacerlo hasta diciembre de 2028; Uruguay, hasta finales de 2029; y Paraguay, hasta que concluya 2030.

Esta ampliación dará mayor margen a países como Argentina, que han expresado su voluntad de negociar acuerdos de reciprocidad arancelaria con Estados Unidos.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Martín Campaya

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La decisión del máximo tribunal suspende la orden de un juez federal que mantenía detenida la deportación de ocho inmigrantes a Sudán del Sur, dentro de los que se encuentran dos cubanos y un mexicano.

La subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin dijo que tras la decisión del Supremo el Gobierno Trump “ahora puede ejercer su autoridad legal” y expulsar a los inmigrantes indocumentados a un país dispuesto a aceptarlos.

«¡Que se pongan en marcha los aviones de deportación!», puntualizó la funcionaria, tras aplaudir la votación de 6 a 3, en la que solo las tres jueces progresistas se mostraron en contra de permitir las deportaciones a terceros países.

En una breve orden no firmada, el Supremo suspendió la orden del juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, que el mes pasado determinó que la Administración de Trump violó una orden que le impedía deportar a los ocho inmigrantes a un país donde pueden ser torturadas sin darles la oportunidad a una defensa legal adecuada.

Debido al fallo del juez Murphy, los ocho inmigrantes y once agentes migratorios permanecen en una base aérea de Yibuti, donde, según los abogados del Gobierno, corrían peligro por estar expuestos a un posible ataque de Yemen, además de riesgos a su salud por condiciones «deplorables».

En su alegato frente al Supremo, el Gobierno de Trump sostuvo que los inmigrantes enviados a terceros países cometieron crímenes «monstruosos» y que sus propios países no habían querido recibirlos.

De interés: Trump ordena incrementar el número de agentes encargados de deportaciones

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«Fue aprobado el proyecto de ley que busca modificar parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia», señaló el Senado en la red social X, donde afirmó que 13 congresistas de la Comisión Cuarta votaron a favor de la iniciativa y dos en contra.

El proyecto en discusión irá a la plenaria del Senado y después seguirá la conciliación porque los textos aprobados en Cámara y en Senado son diferentes. Si pasa esas instancias pasará a la firma del presidente y se convertirá en ley.

La aprobación se da justo antes de que las centrales obreras, el Pacto Histórico y diversas organizaciones sociales se preparan para un «gran paro nacional» en las principales ciudades del país para respaldar la consulta popular y las reformas sociales.

Tensión entre el Gobierno y el Congreso por la reforma 

La convocatoria llega en un momento de tensión entre el Gobierno y el Congreso, después de que el Senado rechazara a mediados de mayo la propuesta de consulta popular presentada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, para reflotar su reforma laboral, una de las iniciativas más emblemáticas de su agenda de Gobierno.

El Gobierno volvió a radicar el pasado lunes una nueva solicitud de consulta popular, esta vez con 16 preguntas: las 12 originales centradas en la reforma laboral, y otras cuatro vinculadas a asuntos del sistema de salud.

Sin embargo, el Senado está enfocado en sacar en tiempo récord la reforma que había sido hundida en marzo, pues esta iniciativa fue revivida el día en que fue rechazada la consulta popular y actualmente es la que se debate en esa Cámara.

El Gobierno, no obstante, decidió presentar una ponencia alternativa, que ya fue negada, y no apoyar el proyecto original luego de que los sindicatos advirtieran que la ponencia con la que fue revivida se están eliminando derechos, discriminando a las pymes y precarizando el empleo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, valoró que esta aprobación «es bastante amplia para el Gobierno» y dijo que aunque se siente contento todavía no celebra nada «porque todavía falta un debate».

La reforma laboral es una de las múltiples iniciativas promovidas por Petro en el Congreso. Hasta ahora, solo la tributaria y la pensional han logrado ser aprobadas, mientras que las reformas a la salud y a la educación fueron archivadas.

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La propuesta, presentada por la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, ordena a las agencias federales actualizar todos los documentos y mapas con el nuevo nombre propuesto por el mandatario estadounidense.

El proyecto necesita aún la aprobación del Senado estadounidense para convertirse en ley, donde necesita el apoyo de los demócratas, un trayecto cuesta arriba si se repite la votación de este jueves donde todo el bloque de legisladores demócratas y un republicano votaron en contra.

Antes de la votación, Greene calificó la medida como uno de los temas “más importantes” para votar en el actual Congreso.

Además, la republicana cargó contra los demócratas al decir que se oponen al cambio del nombre porque “favorecen” a los carteles narcotraficantes mexicanos, según información citada por la cadena CBS.

Pero los demócratas contraatacaron, el congresista por California Jared Huffman dijo que el Congreso estadounidense debería enfocarse en proyectos “realmente” importantes y no en aquellos que comenzaron siendo “una broma”.

Cambio de nombre del Golfo

Trump firmó una orden ejecutiva titulada ‘Restaurando nombres que honran la grandeza estadounidense’, lo que puso en marcha el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América y recuperaba la denominación de Monte McKinley para la montaña más alta de Estados Unidos.

El mandatario estadounidense designó el 9 de febrero como el ‘Día del Golfo de América’.

La Casa Blanca sostiene desde febrero pasado un enfrentamiento con la agencia de prensa estadounidense Associated Press (AP) a la que le bloqueó el ingreso al Despacho Oval y al avión presidencial Air Force One por no ajustarse a su decisión y seguir usando el nombre de Golfo de México.

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Los legisladores reformaron el artículo 1 y 7 de la referida ley, vigente desde septiembre de 2021, para establecer que el intercambio con este criptoactivo únicamente será entre ciudadanos y empresas privadas.

La nueva redacción del artículo 1 dicta que las transacciones con bitcóin deberán ser «con aceptación voluntaria por las personas naturales o jurídicas con total participación privada únicamente». Antes de estos cambios se incluían a las instituciones públicas.

La enmienda sustituye el artículo 7 que originalmente establecía que «todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido», para indicar que las empresas podrán aceptar o no la criptomoneda.

La iniciativa de reformas a la normativa, enviada por el presidente Nayib Bukele, también prescribe que la deuda local o internacional adquirida por el Estado salvadoreño debe ser pagada en la moneda que fueron contraídas.

Los diputados también eliminaron de la ley los artículos 1 y 5 que hacen referencia a que el bitcóin es una moneda de curso legal al igual que el dólar estadounidense.

Entre las derogaciones aprobadas en la Ley Bitcoin están los artículos 4,8 y 9, que establecían que los impuestos podían pagarse con bitcóin y la obligación del Estado de proveer mecanismos a la ciudadanía para realizar transacciones en bitcóin, convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar.

El Gobierno de Bukele ha dado esta convertibilidad mediante recursos estatales colocados en un fideicomiso, del que no se rinden cuentas, y la billetera Chivo Wallet.

Adopción del bitcoin en El Salvador

La adopción del bitcóin en El Salvador se constituyó como la principal apuesta económica de Bukele y, pese a la alta popularidad que tiene el mandatario, está fue rechazada por la mayoría de la población.

A mediados de diciembre pasado se anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador alcanzaron un acuerdo para un préstamo de 1.400 millones de dólares, para lo que la institución financiera determinó como condiciones relacionadas con el uso del bitcóin.

La estadounidense Stacy Herbert, directora de la gubernamental Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador, dijo que el activo digital seguirá en curso legal, pero su uso se reducirá a inversiones del sector privado.

Por otra parte, la billetera gubernamental Chivo Wallet, será «vendida» o «descontinuada», según indicó Herbert.

Diversos estudios de encuestadoras reputadas en El Salvador han señalado que el 92 % de la población no utilizó el bitcóin en 2024, año en el que registró su menor uso desde 2021.

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La Ley General de Minería Metálica, que contiene 35 artículos, fue aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso y deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017.

El aval de la normativa, propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, se da pese al rechazo de ambientalistas, organizaciones comunitarias, algunas iglesias y universidades por el impacto en las comunidades rurales y el medioambiente.

Dicha ley en El Salvador tiene como objetivo «la regulación de todos los aspectos relacionados con las acciones del Estado relativas a estudios de conocimiento superficial y prospección, exploración y extracción, procesamiento y comercialización de actividades extractivas mineras metálicas, incluyendo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo, del subsuelo comprendido en territorio nacional, así como dominio marítimo, independientemente de su estado físico».

Actividades mineras en El Salvador

Además, contempla que la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, a través de la Dirección de Minas, «es la autoridad competente para conocer de las actividades mineras metálicas y de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley».

La ley en El Salvador, en su artículo 6, indica que «el Estado será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, producto de la minería metálica. Esto podrá realizarlo a través de instituciones específicamente creadas o destinada a dicha actividad o de sociedades en la que posea participación accionaría».

El ambientalista Luis González dijo este lunes a EFE que «es falso» que solo será el Estado quien realice esta práctica, ya que «pueden haber socios público-privados, sociedades mercantiles y empresas trasnacionales».

La normativa prohíbe el uso del mercurio, pero ambientalistas han señalado que para la extracción de metales como oro y plata se hace uso del cianuro, un compuesto químico «altamente» tóxico para «el agua, la salud y la vida de las personas».

Dicha ley deja sin efecto la anterior, aprobada en marzo de 2017 y que veta la explotación minera en «el suelo y biosubsuelo del territorio de El Salvador», e incluye las actividades de «exploración, explotación y procesamiento a cielo abierto o subterráneo».

En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la referida ley por considerar a la minería de metales «una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias».

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La nueva propuesta, que dota a la Administración federal de fondos hasta el 14 de marzo del próximo año, logró el apoyo necesario de dos tercios de la Cámara y la pelota está ahora en el tejado del Senado, donde los demócratas tienen mayoría.

Todo apunta a que Estados Unidos logrará evitar ‘in extremis’ el cierre de Gobierno, una posibilidad que parecía más cercana que nunca después de que el presidente electo, Donald Trump, y su mano derecha Elon Musk dinamitaran el miércoles un acuerdo que habían alcanzado los líderes demócratas y republicanos del Congreso.

Trump y Musk, quien se encargará de recortar el gasto público en el futuro Gobierno, forzaron a que la mayoría republicana de la Cámara Baja rompiera el acuerdo y llevara a votación un plan unilateral que el jueves se hundió en el pleno por la oposición de los demócratas y de algunos republicanos.

El texto aprobado este viernes por la Cámara Baja de 118 páginas, simplifica notablemente el acuerdo bipartidista inicial, que tenía 1.547 páginas, algo que había indignado a Musk.

Extensión del presupuesto

La propuesta aprobada extiende el presupuesto federal hasta el 14 de marzo de 2025, cuando Trump ya estará en el poder (la investidura es el 20 de enero) e incluye 100.000 millones de dólares para prevención de desastres naturales y 10.000 millones para apoyo a los granjeros.

Pero el nuevo plan deja fuera una de las exigencias que hizo Trump en las últimas horas: la eliminación del techo de la deuda, que establece un tope para el endeudamiento del Gobierno, lo que suponía una línea roja para los demócratas y algunos republicanos.

El Partido Republicano se ha opuesto tradicionalmente al aumento de la deuda pública, pero el presidente electo prevé que necesitará endeudarse para llevar a cabo sus planes de gobierno y quería que la eliminación del techo de deuda se aprobase mientras Joe Biden todavía está en la Casa Blanca.

Un cierre de Gobierno que dejaría a cientos de miles de trabajadores públicos sin cobrar, varias agencias operando en servicios mínimos y la clausura de algunos museos y parques nacionales.

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«Quiero agradecerle a esta plenaria una discusión tan rica, que hayamos terminado con una aprobación por aclamación», expresó una de las ponentes de la iniciativa, la senadora Clara López, de la coalición oficialista Pacto Histórico, luego de que fuera aprobado el proyecto de ley.

La iniciativa, que lleva por título ‘Son niñas, no esposas’, más allá de prohibir el matrimonio, busca establecer un programa nacional de atención integral a proyectos de vida para niños, niñas y adolescentes, un plan que acompañe a estos menores y les dé alternativas de vida.

«Colombia sale de la vergonzosa lista de países que permiten el matrimonio infantil. Aprobada la prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas», celebró en la red social X la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, y otra de las impulsoras del proyecto que ahora será ley.

#SonNiñasNoEsposas ¡es una lucha que lleva años! Gracias a todas las organizaciones sociales con las que construimos y batallamos este proyecto para prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Ellas son las que ponen el pecho y serán claves en la implementación!

— Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) November 14, 2024

Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial en uniones de niñas y adolescentes antes de los 15 años, según un informe de Unicef de 2022.

Igualmente está en el lugar 11 a nivel mundial en uniones de niñas y adolescentes antes de los 18 años, de acuerdo con el citado informe de Unicef, titulado ‘Análisis de situación de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en Colombia’.

El caso de las niñas indígenas es el más preocupante porque alrededor de un tercio de ellas son casadas antes de cumplir la mayoría de edad con hombres que duplican o triplican su edad, lo que deriva en graves consecuencias, como la violencia sexual, embarazos tempranos y deserción escolar.

En la actualidad, a pesar de que Colombia haya firmado y ratificado instrumentos jurídicos internacionales que prohíben el matrimonio infantil, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Código Civil permite que adolescentes desde los 14 años se puedan casar si sus padres o tutores legales lo consienten.

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