«En conclusión, la ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal de fraude procesal. Por ello se ha de revocar la sentencia», dijo el magistrado Manuel Antonio Merchán al leer hoy el fallo que echa por tierra la condena que le impuso a Uribe la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

Uribe, de 73 años, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, había sido condenado por la jueza Heredia a doce años de cárcel, el pago de una millonaria multa y la suspensión de sus derechos políticos en un caso que lo enfrentó al senador de izquierdas Iván Cepeda, por supuesta manipulación de testigos para que no declararan en su contra sobre sus presuntos vínculos con paramilitares.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, contra el cual cabe el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, señala que «la valoración probatoria» de la sentencia de primera instancia «se redujo a apreciaciones subjetivas sobre la queribilidad de los testigos sin aplicar criterios técnicos y principios de lógica formal».

«No se realizó el contraste necesario entre las declaraciones y pruebas que acreditaran su falsedad, requisito indispensable para configurar un artificio idóneo», agrega el fallo, que tuvo el salvamento de voto de la magistrada María Leonor Oviedo, quien junto con Merchán y Alexandra Ossa Sánchez, integran el cuerpo que revisó la condena a Uribe.

Con base en esos argumentos, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió revocar la sentencia dictada el 1 de agosto del 2025 por la jueza Heredia «para en su lugar absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad».

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DOBLE LLAVE

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El juez James Boasberg publicó hoy un fallo de casi 70 páginas que compara la situación de los inmigrantes, que estaban detenidos en un centro de Texas el 15 de marzo cuando el Gobierno inició su expulsión a la cárcel CECOT de El Salvador, con la novela ‘El juicio’ de Franz Kafka.

La decisión parte de una demanda en nombre de un grupo de estos inmigrantes que estaban indocumentados en EE.UU., y que argumentan que se ha violado su derecho al debido proceso legal al expulsarlos usando una controvertida ley centenaria.

El 14 de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar por la vía rápida a cientos de venezolanos a los que acusaba de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.

Boasberg bloqueó el uso de esa ley cuando dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó su regreso, pero estos aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal en la que el Supremo ha decidido también vetar ese tipo de deportaciones.

Acusación contra venezolanos enviados a El Salvador

El juez dice que quizás el Gobierno tenga razón en que los denunciantes son pandilleros, pero no se puede saber «porque nunca tuvieron la oportunidad de desafiar» la acusación de que son criminales, y alude a «pruebas» de que muchos no lo son.

«Ahora, pruebas importantes han salido a la luz indicando que muchos de los sepultados en el CECOT no tienen conexión con la pandilla y por tanto languidecen en una prisión extranjera por acusaciones frágiles e incluso frívolas», escribió Boasberg.

Boasberg dio «una semana para entregar un aviso al tribunal explicando cómo pretenden facilitar la capacidad» de los encarcelados en la CECOT «para pedir un recurso de habeas» (corpus, el derecho a comparecer ante un juez para que decida si un arresto fue legal o no).

La Unión de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que defienden a los inmigrantes en el caso, consideró que el juez opina que «la expulsión de unos 130 hombres venezolanos» bajo la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo «fue ilegal».

De interés: Familias de venezolanos enviados por EEUU a El Salvador demandan ante la CIDH

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Rodrigo Sura)

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La jueza federal Alia Moses negó una demanda entablada en octubre pasado por el fiscal de Texas, Ken Paxton, porque los agentes de la Patrulla Fronteriza “regularmente” cortan la cerca de alambre colocada en la frontera.

Paxton argumentó que al cortar el alambre de púas el Gobierno federal no solo ha destruido ilegalmente la propiedad del Estado de Texas, sino que también ha interrumpido los esfuerzos de disuasión del gobernador Greg Abbott para detener la migración indocumentada.

Texas apela fallo que permite al Gobierno de Biden cortar el alambre de púas en la frontera https://t.co/10H5pN6GJ0

— EV Houston (@elvenezolanohou) November 30, 2023

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Fiorella Tagliafico

Con información de medios internacionales y redes sociales

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¿Qué se decidirá en las audiencias?

Según Francisco González Centeno, funcionario de información pública y sensibilización de la CPI, en estas audiencias no se dictará una sentencia, sino que se dará la oportunidad a la Fiscalía de la Corte, a los representantes del gobierno venezolano y a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI, que actuará en nombre de los intereses generales de los afectados, de abordar cuestiones específicas que surjan de sus presentaciones y de responder a preguntas de los jueces.

Después de la audiencia, los jueces deliberarán y emitirán su fallo a su debido tiempo. El fallo se tomará por mayoría de los jueces y se dictará en audiencia pública.

Los jueces discutirán confirmar la decisión previa de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar la renovación de la investigación de la Fiscalía sobre Venezuela, revertirla, modificarla o enviarla a la Sala de Cuestiones Preliminares para una nueva determinación.

¿Qué argumentos presenta Maduro?

La apelación de Maduro se basa en el artículo 18 del Estatuto de Roma, que requiere que un Estado demuestre que está llevando a cabo un proceso avanzado de investigaciones y procesamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía de la CPI.

El gobierno venezolano alega que está realizando algunas diligencias de investigación sobre los hechos denunciados y que, por tanto, la CPI no tiene competencia para intervenir.

Sin embargo, en junio pasado la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI determinó que los procesos penales nacionales de Venezuela no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía de la CPI, por lo que autorizó al fiscal Karim Khan a continuar con su investigación.

La Fiscalía de la CPI considera que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad desde al menos abril de 2017, como asesinatos, torturas, violaciones, persecuciones y desapariciones forzadas.

La Corte Penal Internacional celebrará audiencias públicas por el caso Venezuela este 7 y 8 de noviembre https://t.co/XevFVOwCdj pic.twitter.com/UD97tqm8SX

— Monitoreamos (@monitoreamos) November 6, 2023

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales e internacionales

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Esto se relaciona con la decisión de reanudar la investigación liderada por el fiscal Karim Khan en relación con presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Participación de las víctimas en la CPI

La orden de la Sala de Apelaciones señala que las víctimas tienen el derecho de participar en el procedimiento de apelación iniciado por el gobierno de Nicolás Maduro, para intentar frenar la continuación de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en el país.

Esta decisión resalta la importancia de dar voz a las víctimas y permitirles expresar sus opiniones y observaciones en relación con el caso.

La Sala de Apelaciones hace referencia a una solicitud previa de un grupo de 436 víctimas que deseaba presentar sus opiniones y observaciones en relación con la apelación de Venezuela.

Además, la orden resaltó la importancia de que las víctimas tengan la oportunidad de contribuir con sus perspectivas al procedimiento de apelación, lo que enriquece el proceso y garantiza una consideración completa de las cuestiones en juego.

Empoderamiento de las víctimas y transparencia

La decisión de permitir la participación de las víctimas en el proceso de apelación es un paso hacia el empoderamiento de aquellos que han sufrido y una muestra de transparencia en el sistema judicial internacional. La orden de la CPI reconoce la importancia de que las voces de las víctimas sean escuchadas en un asunto de tal envergadura.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

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Alegando motivaciones políticas y una falsa acusación, el gobierno busca impugnar la investigación en curso y desafiar los cargos en su contra.

Desafío a la investigación de crímenes de lesa humanidad

La decisión de la CPI de reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela es enfrentada por la administración de Nicolás Maduro.

Considerando que esta investigación es apoyada por potencias extranjeras, el régimen cuestiona la autenticidad de las acusaciones y busca invalidar los argumentos presentados en su contra.

Argumentos presentados en la apelación

En el comunicado emitido por la cancillería del Estado, se especifica que la apelación presentada ante la CPI se basa en seis errores de hecho y de derecho que, según el régimen, vulneran disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional.

Sostienen que estos errores comprometen la veracidad y la imparcialidad de la investigación en curso y buscan corregirlos a través de este proceso legal.

Repercusiones en el escenario internacional

La apelación presentada por el gobierno de Maduro ante la CPI agrega una nueva capa de complejidad a la situación política y legal en Venezuela. Además de la tensión política interna, ahora se suma el desafío legal internacional.

La postura de Maduro al impugnar la investigación refleja una estrategia destinada a proteger su gobierno y evitar posibles repercusiones legales y sanciones internacionales.

La apelación presentada por Nicolás Maduro ante la CPI abre una serie de interrogantes sobre el futuro del proceso legal y cómo esto podría influir en las relaciones internacionales de Venezuela.

La respuesta de la CPI a esta apelación tendrá implicaciones significativas, tanto para la administración de Maduro como para la comunidad internacional que sigue de cerca la evolución de la situación en Venezuela.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales

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