«Coincidieron en la importancia de restablecer, a la brevedad, la conexión aérea Caracas-Estambul-Caracas a través de Turkish Airlines, lo que permitirá continuar transportando miles de turistas e inversionistas que semanalmente utilizan esta ruta», informó Venezuela en un comunicado del canciller Yván Gil.

El pasado noviembre, Turkish canceló temporalmente sus operaciones en Venezuela luego del aviso emitido ese mes por parte de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., que instó a «extremar la precaución» al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante «una situación potencialmente peligrosa en la región».

Tras esta decisión, el Gobierno de Venezuela revocó la concesión de vuelo a Turkish así como a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia y Gol, que también habían suspendido operaciones en Venezuela, y posteriormente canceló el permiso a Plus Ultra y Air Europa por la misma razón.

Por tanto, Venezuela se mantiene momentáneamente operando vuelos internacionales a través de sus aerolíneas locales, como Laser y la estatal Conviasa.

Según el comunicado, Maduro y Erdogan intercambiaron «posiciones, criterios y valoraciones sobre la geopolítica mundial, así como sobre los más recientes acontecimientos globales que inciden en la estabilidad y el futuro de la humanidad».

De acuerdo al escrito, Erdogan «expresó su profunda preocupación por las amenazas que recientemente se ciernen sobre Venezuela», mientras Maduro explicó «detalladamente el carácter ilegal, desproporcionado, innecesario y hasta extravagante de estas amenazas».

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En un comunicado, el Parlamento Europeo precisó que las importaciones de gas natural licuado (GNL) se acabarán antes del 31 de diciembre de 2026, mientras que las de gas por gasoducto finalizarán como tarde el 1 de noviembre de 2027.

En concreto, seis semanas después de que entre en vigor la regulación específica sobre este tema se prohibirán las importaciones de ambos tipos de gas pero se iniciará un periodo de transición para algunos contratos ya existentes.

En el caso de los contratos de suministro a corto plazo cerrados antes de junio de 2025, el periodo de transición se extenderá hasta abril de 2026 (los de GNL) o junio de ese mismo año (los de gasoducto).

El periodo de transición llegará hasta el 31 de diciembre de 2026 para contratos de GNL a largo plazo.

Para los contratos a largo plazo de gas por gasoducto, la prohibición entraría en vigor el 30 de septiembre de 2027 pero podría acordarse una prórroga de un mes, hasta el 1 de noviembre, si algún país no llega a los niveles de gas almacenado requeridos para superar el invierno sin estrecheces.

Por ello, el 1 de noviembre sería el plazo máximo para detener las importaciones en caso de que se conceda alguna extensión.

Las negociaciones, que concluyeron a altas horas de la madrugada, confirmaron también que la CE mantiene su compromiso de eliminar gradualmente todas las importaciones de petróleo para finales de 2027.

«Estamos pasando esa página y lo hacemos para siempre. Este es el amanecer de una nueva era, la era de la plena independencia energética de Europa respecto a Rusia«, celebró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una declaración a la prensa.

Según cifras de la jefa del Ejecutivo comunitario, las importaciones de GNL y gas por gasoducto ruso han caído del 45 % al inicio de la invasión rusa de Ucrania a un 13 % ahora, mientras que el petróleo ha pasado del 26 % al 2 % y el carbón, del 51 % a cero.

Von der Leyen señaló que, además de fomentar la independencia energética de la Unión Europea, dejar de comprar combustibles fósiles rusos también reduce los ingresos que Moscú usa para alimentar la guerra.

De interés: Maduro anunció la primera exportación de gas de Venezuela a Colombia

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En un acuerdo aprobado por unanimidad, los diputados denunciaron un «irresponsable incumplimiento de los compromisos de cooperación y complementariedad» por parte de la Fiscalía de la CPI, al «no designar personal para su oficina en Caracas ni formular aportes a las iniciativas para la justicia venezolana».

Este lunes, el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, anunció el cierre de la oficina por falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementariedad», el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.

El Parlamento venezolano expresó su «más enérgico y categórico repudio» a las declaraciones de Niang y condenó la que considera como una «instrumentalización política del sistema» de la corte para «ejercer un colonialismo jurídico» contra la nación.

A juicio del Legislativo, la Fiscalía de la CPI demuestra «un evidente incumplimiento de los memorándums de entendimiento suscritos», por lo que la acusó de «desentenderse de su responsabilidad de apoyar y brindar asistencia técnica a las instituciones nacionales».

Por otra parte, la AN denunció que ese órgano del tribunal internacional «ha guardado un silencio abrumador durante más de cinco años» sobre el caso denominado Venezuela II, que documenta, según el texto aprobado por el Parlamento, los «crímenes de lesa humanidad perpetrados por los articuladores del bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales».

La diputada Ilenia Medina, quien presentó el proyecto de acuerdo, cuestionó que la Fiscalía de la CPI decidiera cerrar su oficina en la capital venezolana justo cuando la nación se encuentra «acosada y amenazada por el poder imperial», en alusión al creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

De interés: Fiscalía de la CPI cerrará su oficina en Caracas por falta de “progreso real” con Venezuela

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El enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han estado «trabajando en un plan discretamente durante el último mes y han estado dialogando con ambas partes, Rusia y Ucrania, por igual», aseguró Leavitt en rueda de prensa.

La portavoz fue preguntada después de que el medio estadounidense Axios publicara que Witkoff y el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev, están trabajando en un plan de 28 puntos que prevé, entre otras cosas, conceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad de Washington para Kiev y el resto de Europea frente a una posible nueva agresión de Rusia.

Según dijo Leavitt, el equipo negociador estadounidense está siguiendo el mismo proceso que se utilizó para poner fin al conflicto en Gaza: «Así es como funcionó con Israel, con respecto a Israel y Gaza y todos los países árabes de Oriente Medio. Así es como logramos ese acuerdo histórico», afirmó.

Buen plan para Rusia y Ucrania

«Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania, y creemos que debería ser aceptable para ambas partes. Estamos trabajando muy duro para llevarlo a cabo», apuntó.

Aun así, Leavitt expuso que Trump está «cada vez más frustrado» con ambos países por «su negativa a comprometerse con un acuerdo de paz».

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este jueves con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll.

Zelesnki recibió el plan de la Casa Blanca y anunció que espera hablar en los próximos días con Trump sobre el contenido del documento.

La presidencia ucraniana no valoró el contenido del borrador recibido y se limitó a señalar al respecto que, «según la evaluación estadounidense», el plan «puede ayudar a revitalizar» el proceso diplomático liderado por Washington para poner fin a la guerra.

De interés: Rusia se muestra dispuesta a reanudar las negociaciones con Ucrania en Estambul

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El acuerdo busca garantizar «el traslado digno, seguro y oportuno desde EE.UU. a Ecuador de los nacionales de terceros países presentes en EE.UU. que puedan solicitar protección internacional contra el retorno a su país de origen o de residencia anterior«, especifica un documento del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés).

Este convenio no incluye el traslado de menores no acompañados, como se le conoce a los niños que ingresaron solos al país, ni pagos por parte de los firmantes. «La ejecución del presente Acuerdo estará sujeta a la disponibilidad de fondos y a la capacidad técnica de cada Parte», especifica el texto.

En septiembre pasado, fuentes del Departamento de Estado estadounidense y la Cancillería ecuatoriana ya habían adelantado que negociaban un pacto de este tipo, también llamado acuerdo de asilo cooperativo, mediante el cual Ecuador podría recibir hasta 300 solicitantes por año procedentes de EE.UU.

Según el documento, que incluye notas diplomáticas intercambiadas entre ambas naciones en julio pasado, Quito se compromete «a no devolver a ninguna persona trasladada a Ecuador por el Gobierno de EE.UU. a su país de origen o de su anterior residencia habitual hasta que se haya dictado una resolución definitiva» sobre sus casos.

El contenido del pacto, programado para ser publicado oficialmente en el Registro Federal estadounidense el próximo 17 de noviembre, también especifica el compromiso de Ecuador con el establecimiento de un procedimiento para definir el estatus de las personas transferidas que abandonen su petición de asilo o no la tramiten.

Tanto EE.UU. como Ecuador acordaron la elaboración de «procedimientos operativos» en un «instrumento posterior» que incluya «criterios claros» de elegibilidad de aquellos solicitantes de asilo a trasladar, además de la asistencia bilateral necesaria para la implementación del pacto.

Relaciones entre Ecuador y EEUU

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió en septiembre en Quito con el presidente, Daniel Noboa, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

Entonces, Sommerfeld indicó que este convenio respondería solamente a «personas refugiadas de ciertas nacionalidades, que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia» y que estén en buen estado de salud.

El presidente Donald Trump ya firmó en 2019, durante su primer mandato, un acuerdo de asilo cooperativo con El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque solo se implementó el firmado con el último de estos países.

El Gobierno del ahora expresidente Joe Biden lo suspendió en 2021 ante las críticas de las organizaciones de derechos humanos con respecto a las capacidades limitadas de las autoridades guatemaltecas para acoger a refugiados.

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«Confiamos en que no se adopte ninguna acción que pueda conducir a la desestabilización de la situación en la región del Caribe y en torno a Venezuela, y que todo se haga acorde al derecho internacional», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov recordó que el respeto del derecho internacional «se encuentra en muchos lugares del mundo en un estado lamentable».

Acuerdo entre Venezuela y Rusia

El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela entró en vigor el 12 de noviembre después de que ambas cámaras del Parlamento ruso instaran a la comunidad internacional a condenar las «acciones provocadoras de Estados Unidos» contra Venezuela.

El presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó el pasado 27 de octubre la ley de ratificación del acuerdo, algo que hizo el 7 del mismo mes su homólogo venezolano.

El acuerdo amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

Aunque se desconocen sus cláusulas, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó las informaciones sobre la petición de ayuda militar de Venezuela a Moscú a raíz de la escalada de las tensiones con Estados Unidos.

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«Hoy completamos un vuelo más de deportación y expulsión de alrededor de 34 personas«, precisó el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, quien agregó que con este nuevo vuelo se alcanza un total de «2.736 personas» deportadas y expulsadas gracias al memorando de entendimiento migratorio firmado por ambos países.

El junio pasado, tras una reunión de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, Panamá anunció la extensión del acuerdo para continuar con las operaciones de repatriación y deportación de migrantes irregulares.

Mediante este acuerdo, Estados Unidos ha aportado cerca de 14 millones de dólares —7 millones en 2024 y otros 7 millones en 2025— al Gobierno panameño para apoyar las operaciones de deportación y expulsión de migrantes irregulares.

El evento contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, quien reiteró el compromiso de su país con la gestión migratoria panameña.

Cabrera entregó al Servicio Nacional de Migración de Panamá dos camionetas, dos furgonetas y dos autobuses valorados en casi 600.000 dólares, con el fin de fortalecer la seguridad fronteriza y combatir la migración irregular.

El diplomático estadounidense destacó que «este año unas 20 mil personas se han movilizado del norte al sur», mientras que el flujo del sur al norte ha pasado de aproximadamente 7 mil personas que transitaban por día «a prácticamente cero».

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Es por ello que el actual cierre de Gobierno, que comenzó el pasado 1 de octubre, alcanzará el lunes su trigésimo cuarto día, muy cerca ya del récord histórico registrado en el primer mandato de Donald Trump, cuando entre diciembre de 2018 y enero de 2019 el Gobierno estuvo cerrado 35 días.

Existe una creciente inquietud en EE.UU. por la posibilidad de que los controladores aéreos, que se cuentan entre los 730.000 empleados federales que están cubriendo labores esenciales pero que no cobrarán sus sueldos hasta que se levante el cierre, puedan comenzar a ausentarse de sus puestos y desatar el caos en el transporte.

En el cierre de 2018-2019 fueron las bajas por enfermedad de los controladores las que, al paralizar parte del tráfico aéreo del país, forzaron a republicanos y demócratas a alcanzar un acuerdo en el Congreso.

El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado estadounidense pasa por las demandas de los demócratas que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del Gobierno Federal, exigen que se prolonguen los subsidios del programa sanitario Obamacare que caducan a final de año, lo que según los expertos elevará considerablemente las primas para 2026.

Los expertos creen que el 1 de noviembre será una fecha clave en el actual cierre, ya que ese día muchos estados han dicho que se quedarán sin fondos para financiar los cupones alimentarios de los que dependen más de 40 millones de estadounidenses.

Ese mismo día se publicarán a su vez las tarifas actualizadas del Obamacare, lo que, unido a lo anterior, puede servir de acicate para que ambos partidos se sienten a negociar un presupuesto para reabrir el Gobierno.

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La futura reunión, cuya fecha aún no fue definida, fue acordada durante una llamada que el canciller brasileño, Mauro Vieira, mantuvo este jueves con el secretario de Estado del Gobierno estadounidense, Marco Rubio.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores, Rubio le propuso a Vieira una reunión presencial para tratar «temas prioritarios de la relación» entre los países.

El encuentro entre ambos Gobiernos en la capital estadounidense será para abordar «cuestiones económico-comerciales», como los aranceles del 50 % aplicados por Estados Unidos a parte de los productos brasileños.

Negociaciones con Brasil

Esta fue una de las demandas que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva le puso sobre la mesa a su homólogo Donald Trump durante la llamada que mantuvieron el lunes, así como también la retirada de las sanciones contra miembros del Poder Ejecutivo y Judicial de Brasil.

En esa conversación, Trump designó a Rubio como su representante en las negociaciones con Brasil, mientras que Lula comprometió para esa labor a Vieira; al vicepresidente y ministro de Comercio e Industria, Geraldo Alckmin, y al ministro de Hacienda, Fernando Haddad.

Este jueves, Lula afirmó que se sorprendió con el tono «gentil» de la conversación de unos treinta minutos que mantuvo a inicios de esta semana con Trump.

«(Trump) me llamó y yo esperaba que se diera mucha discusión. Pero me llamó de la forma más gentil que un humano puede tratar a otro. Yo lo traté de forma civilizada y él me trató de forma civilizada«, afirmó el brasileño en una entrevista a Rádio Piatã FM.

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El acuerdo, suscrito el pasado mayo por Maduro y su homólogo ruso, Vladímir Putin, tiene «una vigencia de diez años y se renovará automáticamente cada cinco, con la intención de afianzar la estructura de la asociación estratégica», y abarca, principalmente, los sectores financiero y energético, indicó Prensa Presidencial.

Entre sus objetivos, destacó el «desarrollo de mecanismos que faciliten el comercio y la inversión sin dependencia de sistemas financieros occidentales«, la colaboración «en sectores vitales como petróleo, gas y minería» y una «mayor coordinación» en organismos internacionales como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG).

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes de la firma, durante un encuentro de Maduro con el embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárov, a quien el mandatario expresó que se trata del «mejor regalo» para ambas naciones aliadas, que cuentan, dijo, con una «asociación estratégica de cooperación cada vez más sólida y fuerte».

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La decisión pondría fin a las gestiones que Grenell había encabezado con el Gobierno venezolano, destinadas a explorar posibles negociaciones entre ambos países, indicaron las fuentes citadas por diario de Nueva York.

Según el informe, la orden presidencial fue comunicada directamente por Trump a Grenell y se aplicará de inmediato, deteniendo cualquier iniciativa diplomática en curso hacia Venezuela.

Esta decisión marca un giro significativo en la política estadounidense hacia Venezuela.

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El acuerdo, que está siendo el evento más destacado en el arranque de Wall Street esta mañana, podría suponer un «hito clave para el mercado» de la IA, anotan analistas como Dan Ives, de Wedbush Securities.

AMD proporcionará a OpenAI la última versión de sus chips gráficos de alto rendimiento, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año, y también proveerá a la empresa de Altman con 6 gigavatios de potencia de procesamiento para la infraestructura de IA de «próxima generación» de OpenAI.

«Esta alianza es un paso importante en el desarrollo de la capacidad de procesamiento necesaria para alcanzar todo el potencial de la IA», declaró Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, tras conocerse la noticia.

Garantía para OpenAI

De acuerdo al comunicado, AMD igualmente emitió a OpenAI una garantía que le podría permitir -si se cumplen una serie de requisitos contractuales en función de la implementación de una determinada cantidad de gigavatios- comprar hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, lo que representaría aproximadamente el 10 % de la compañía.

«Esto forma parte de la estrategia de OpenAI de diversificar su infraestructura de computación de IA para implementaciones a gran escala. Esta es otra señal de que la carrera armamentística de la IA se está intensificando entre las grandes tecnológicas, con AMD uniéndose ahora a la fiesta», consideró Ives.

Y añadió que la «revolución de la IA se dirige ahora hacia una etapa de crecimiento» espoleada por las oleadas de inversión de capital de las grandes tecnológicas y por la «expansión en los ejemplos que demuestran que esta tecnología se puede aplicar en todos los sectores».

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Un grupo que incluye a los inversores existentes SoftBank y MGX, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, pagó alrededor de 6.600 millones de dólares para comprar acciones propiedad de empleados de OpenAI, según el medio.

A principios de este año, SoftBank acordó liderar una inversión de 40.000 millones de dólares en la empresa de IA, con una valoración de 300.000 millones de dólares.

Nvidia y OpenAI anunciaron recientemente un plan que exige al fabricante de chips invertir hasta 100.000 millones de dólares en la empresa de IA.

No obstante, The Wall Street Journal señala que OpenAI prevé ingresos de 13.000 millones de dólares este año y una pérdida neta de miles de millones de dólares, ya que si bien la empresa ha visto un crecimiento entre los consumidores con 700 millones de usuarios semanales, la tecnológica también ha asumido grandes gastos.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se encuentra actualmente de viaje en Asia y ayer se asoció con las surcoreanas Samsung y SK Hynix para establecer «alianzas estratégicas» con el fin de suministrar los chips informáticos avanzados necesarios para su gigantesco proyecto Stargate.

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La Casa Blanca informó que esto forma parte de un pacto impulsado por el Gobierno de Donald Trump para que la aplicación de video funcione en EEUU con mínima representación china.

Trump había establecido de plazo hasta el 17 de septiembre para que la matriz china de TikTok (ByteDance) vendiera la filial de la red social en EEUU, puesto que no veía con buenos ojos que el Gobierno de Pekín pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos.

De interés: EEUU logra acuerdo con China para que TikTok pase a control estadounidense

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Lo hizo por medio de un decreto ejecutivo en el que dispone al Consejo Nacional Electoral (CNE) que continúe con el proceso previsto en la Constitución y la ley electoral para llevar a los ciudadanos a las urnas.

Esta es una de las siete primeras preguntas que el mandatario envió a la Corte Constitucional de Ecuador para su análisis para un referéndum que, según ha anunciado anteriormente, podría realizarse el 30 de noviembre.

Sin embargo, el tribunal constitucional rechazó varias de sus propuestas, lo que hizo que el presidente reformulara las interrogantes, aún en análisis, y anunciara su intención de convocar a una Asamblea Constituyente.

La pregunta sobre la instalación de las bases militares en Ecuador fue validada por los jueces el pasado 7 de agosto y este jueves el alto tribunal decidió que podía ser el presidente, por medio de un decreto ejecutivo, el que iniciara con el proceso de convocatoria de referéndum.

«Una vez emitido el decreto ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral podrá organizar y ejecutar el referendo de forma conjunta con los procesos electorales y otras consultas populares que resulten de los trámites actualmente en curso ante esta Corte», se señala en el último dictamen.

Eventual retorno de base militar de EE.UU. a Ecuador

Con esta pregunta, el mandatario busca que los ecuatorianos decidan si se reforma el artículo 5 de la Constitución para eliminar la prohibición de que se establezcan bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.

Entre las justificaciones para realizar esta reforma es que «la situación de seguridad de Ecuador requiere adoptar diversas estrategias en contra de las diversas modalidades de crimen organizado«, según consta en el decreto emitido este viernes.

Esta prohibición se impuso en la Constitución de 2008, promovida por el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017), lo que implicó que Estados Unidos abandonara la base que ocupaba en la costera ciudad de Manta.

En una reciente visita oficial a Quito, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la administración del presidente Donald Trump está abierta a evaluar la reinstalación de una base militar para sus fuerzas militares en territorio ecuatoriano si el Gobierno de Ecuador le plantea esta posibilidad oficialmente.

Pugna entre Noboa y Corte Constitucional

La convocatoria del referéndum se realiza en medio de una pugna que mantiene el presidente con los jueces de la Corte Constitucional, después de que el alto tribunal suspendiera de manera provisional algunos artículos de tres polémicas leyes que Noboa cree fundamentales en su lucha contra el crimen organizado.

Además, los jueces también rechazaron tres preguntas del primer paquete enviado por el presidente para el referéndum, entre las que estaba la propuesta de enjuiciar políticamente a los miembros de la Corte Constitucional. Posteriormente, los magistrados también invalidaron su propuesta de reducir el número de parlamentarios.

Ante estas decisiones, Noboa encabezó dos multitudinarias marchas, una en Quito y otra en Guayaquil, en las que criticó fuertemente a los jueces y los presionó para que dejen «decidir a la gente» en las urnas.

El Gobierno de Ecuador aún está a la espera de la respuesta que den los magistrados a las últimas siete interrogantes que envió el mandatario, en las que insistió, aunque desde otras perspectivas, en temas como la modificación de las atribuciones de control constitucional que tiene el alto tribunal.

De interés: Gobierno de Ecuador enviará nuevas preguntas para consulta popular y referéndum

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En una declaración conjunta, firmada en Doha por el jefe de la delegación del Gobierno en estos diálogos, Álvaro Jiménez, y el representante del Clan del Golfo Luis Armando Pérez, se definieron acciones piloto dentro de lo que llamaron el «proceso para la desmovilización y construcción de paz».

Estas acciones buscan «desarrollar la etapa de consolidación de confianza» e implementar un programa «de pedagogía para la sustitución total de los cultivos de uso ilícito, considerando la participación voluntaria, la asistencia técnica y medios de vida alternativos».

El plan se aplicará en los municipios de Mutatá, ubicado en el departamento de Antioquia (noroeste), y de Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, todos en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.

En estas zonas tiene fuerte presencia el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El presidente Gustavo Petro, que desde su llegada al poder en agosto de 2022 impulsa su proyecto de ‘paz total’, adelantó el mes pasado que su Gobierno abrió conversaciones en el exterior con este grupo, tras varios acercamientos exploratorios que habían quedado congelados.

Otros compromisos para el Clan del Golfo

En la declaración firmada este jueves en Doha y difundida por la Consejería Comisionada de Paz, el grupo armado se compromete a respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, considerados «el primer piso para la construcción de paz».

También a garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a no interferir en el desarrollo de las elecciones que Colombia celebrará en 2026.

Por su parte, el Gobierno «toma nota» de que el Clan del Golfo «rechaza ser categorizado como grupo paramilitar o neo-paramilitar» y señala que, a través de la Cancillería, conviene solicitar al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas «acompañar este proceso».

Finalmente, ambas partes piden al Gobierno de Catar, a la Misión de Apoyo del Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y a la Conferencia Episcopal de Colombia «realizar el seguimiento, monitoreo y verificación de lo acordado».

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«Siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro. Me he sentado frente a él. He expresado la postura de ‘América Primero’. Entiendo lo que quiere. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra», afirmó el funcionario, al intervenir en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que por primera vez tiene lugar en Paraguay.

Acuerdo entre EEUU y Venezuela

Grenell, quien se reunió a finales de enero en Caracas con Maduro en busca de un acuerdo con ese país para la repatriación de migrantes venezolanos deportados de EE.UU., señaló que, «como diplomático», siempre quiere «hablar».

«Hay un montón de herramientas que el Gobierno estadounidense puede usar desde el lado pacífico antes de que tengamos que transferir el expediente a quienes están listos y equipados para ir a la guerra», detalló Grenell.

Estados Unidos mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear que, según el país norteamericano, hacen parte de una operación para combatir el narcotráfico, pero que el Ejecutivo de Maduro considera un intento de propiciar un «cambio de gobierno» en su país.

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«El marco del acuerdo es que (TikTok) cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo», dijo Bessent en referencia a la llamada que mantendrán los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

«No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo porque es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado», añadió Bessent en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores, donde se han reunido con la delegación china.

Minutos antes de las declaraciones de Bessent, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciaba en su red social un acuerdo que iba a «encantar» a los jóvenes estadounidenses.

Plazo para traspaso de TikTok

Trump había establecido de plazo hasta el 17 de septiembre para que la matriz china de TikTok (ByteDance) vendiera la filial de la red social en EEUU, puesto que no veía con buenos ojos que el Gobierno de Pekín pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos.

Bessent y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, han explicado que el pacto ha sido posible gracias a la intervención de Trump y a la «gran consideración que tiene por el presidente Xi», porque, «cuando tienen respeto el uno por el otro, las delegaciones también se respetan».

Según explicaron, en las reuniones de Madrid se han concentrado en TikTok para asegurar un principio de acuerdo «que respete completamente las preocupaciones de seguridad nacional de EEUU», pero asegurando al mismo tiempo que «los chinos tengan una inversión justa» en suelo estadounidense.

«No es ningún secreto que existen serios problemas en comercio, economía y seguridad nacional entre los Estados Unidos y China», destacó Greer, que considera que el «respeto mutuo» ha sido clave para salvar las desavenencias respecto a TikTok.

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Ya en agosto pasado la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista, votó a favor de terminar con el Estatuto Migratorio, firmado hace 15 años.

La medida fue aprobada entonces gracias a los 86 votos a favor del oficialismo, del conservador Partido Social Cristiano (PSC) y de Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La Revolución Ciudadana (RC), movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), en cuyo Gobierno se firmó y ratificó el decreto, se abstuvo.

El correísta Ricardo Patiño, encargado de firmar el acuerdo en 2010, cuando era canciller del Gobierno de Correa, sostuvo durante el debate que la RC no consideraba que el fin del acuerdo sea lo mejor.

Lo ideal, según él, era que estas alianzas se perpetúen para beneficiar a los ciudadanos de ambas partes. «No nos oponemos, pero votaremos en abstención», señaló entonces.

Solicitud del presidente de Ecuador

Fue el propio presidente Noboa quien el pasado 11 de marzo solicitó a la Cancillería iniciar el proceso de denuncia del estatuto debido a que, según se sustentó en un decreto ejecutivo, se registraban «suspensiones y recortes de varias fuentes de financiamiento para los programas que apoyan al Ecuador en materia migratoria».

Ecuador es el quinto país con la comunidad venezolana más grande en su territorio, al registrar unas 444.800 personas, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile, de acuerdo con un informe publicado en 2024 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

Desde el pasado 1 de septiembre, Ecuador exige Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a aquellos nacionales de unos 40 países -entre ellos Venezuela- a los que actualmente se les solicita visa para ingresar al país.

La implementación de la medida «busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio», apuntó a finales de agosto la Cancillería al anotar que el Gobierno de Ecuador «reitera su compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y a la observancia del marco legal vigente».

De interés: Gobierno de Ecuador enviará nuevas preguntas para consulta popular y referéndum

DOBLE LLAVE

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Fuente de imagen referencial: EFE/José Jácome

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«Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de Estados Unidos para lograr un acuerdo de cese el fuego. En consecuencia, Hamás acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones«, expuso el movimiento en un comunicado.

Hamás reiteró que busca un pacto que ponga fin a la guerra, a cambio de liberar a todos los rehenes israelíes que permanecen bajo su poder, y que garantice la retirada de tropas de Israel del enclave. También volvió a remitirse a la propuesta dibujada por los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos) y que el grupo islamista aceptó el pasado 18 de agosto, insistiendo en que el Gobierno de Benjamín Netanyahu todavía no ha dado respuesta.

«La ocupación no ha respondido hasta la fecha y ha continuado con sus masacres y su limpieza étnica. Consecuentemente, el movimiento está en constante contacto con los mediadores para transformar estas ideas en un acuerdo completo que reconozca las demandas de nuestro pueblo«, agregó el comunicado de Hamás.

Negociaciones Hamás-Israel

Las negociaciones han entrado en un tira y afloja de declaraciones, en las que Hamás insiste en el acuerdo de agosto y pide respuesta de Netanyahu mientras que el Gobierno israelí se mantiene en que Gaza debe ser controlada por su Ejército y que Hamás debe ser desmilitarizado.

Mientras tanto, este domingo se conoció que el enviado especial EE.UU. en Oriente Medio, Steve Witkoff, envió la semana pasada una nueva propuesta a Hamás para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes de Gaza y sobre un alto el fuego a través de un activista por la paz israelí, según una exclusiva de Axios.

Momentos después, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una «última advertencia» a Hamás para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes: «los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte«, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Además, una fuente de seguridad egipcia aseguró este mismo domingo que Egipto, Catar y Estados Unidos preparan una nueva propuesta que «ofrecerán esta semana», y que incluye la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino Hamás, «el fin de la guerra en Gaza y la formación de un Gobierno en la Franja» para administrar el enclave palestino en la posguerra.

Los nuevos contactos para un acuerdo integral se producen después de que el pasado viernes se cumplieran 700 días del inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en medio de crecientes protestas en Israel para exigir la liberación de los 48 rehenes que quedan en manos de Hamás.

En estos 700 días de ofensiva, más de 64.300 palestinos han sido asesinados en Gaza por Israel, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, en manos de Hamás.

De interés: Netanyahu rechaza la opción de un acuerdo parcial con Hamás

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