La decisión judicial representa un revés mayor para el mandatario estadounidense en su campaña de deportaciones masivas. El juez James Boasberg ordenó al Gobierno de EE.UU. que permita la entrada al país de cualquiera de los más de 130 venezolanos que a partir de marzo de 2025 estuvieron recluidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).

Boasberg, que ha sido criticado por Trump, destacó en su orden que «esta situación nunca se habría presentado» si el Gobierno simplemente hubiera reconocido a los demandantes sus derechos constitucionales antes de deportarlos inicialmente. Estados Unidos deberá pagar los pasajes aéreos y proporcionar la documentación necesaria para facilitar el viaje a quienes decidan regresar.

La orden aclara que los venezolanos elegibles para regresar a EE.UU. serán puestos bajo custodia a su llegada al país, luego de que en julio fueran enviados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos Gobiernos. En diciembre pasado Boasberg ya había dictaminado que el Gobierno Trump negó el debido proceso a este grupo de venezolanos y debía darles la oportunidad de tener una audiencia.

El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que allana el camino para que todos los migrantes enviados al CECOT impugnen su designación como enemigos extranjeros de EE.UU. Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para enviar a El Salvador a los inmigrantes a los que acusó, sin presentar pruebas, de que pertenecían al Tren de Aragua.

La demanda fue interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward que argumentaron que la deportación fue ilegal y que El Salvador encarceló a los venezolanos a cambio de un pago. Por el envío de inmigrantes a El Salvador, la Casa Blanca mantiene otro pulso judicial en el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García que fue expulsado junto a los venezolanos y fue retornado a EE.UU. por orden de un juez.

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Trump anunció el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional de California para, según él, contrarrestar manifestaciones focalizadas, que ya fueron controladas y no representaban ningún problema de seguridad, contra las redadas migratorias en Los Ángeles, el condado más poblado de Estados Unidos con cerca de 10 millones de habitantes.

Por el contrario, los defensores de los derechos civiles han advertido que la decisión del Gobierno Trump representa “una amenaza” para la metrópoli.

“Esta es una peligrosa escalada que pone en riesgo a las comunidades estadounidenses y a nuestra democracia”, dijo este domingo en un comunicado Neera Tanden, directora ejecutiva del Centro para el Progreso Americano.

Esta es la primera vez en 60 años que un presidente estadounidense despliega la Guardia Nacional de cualquier estado sin contar con la autorización del gobernador a cargo, que es el comandante en jefe de las fuerzas militares estatales.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) condenó desde ayer el despliegue de las tropas y dijo que estudia imponer una demanda.

La administración republicana tomó la decisión a pesar de que funcionarios electos, la Policía y el alguacil de Los Ángeles confirmaron que las protestas, que en su mayoría se mantuvieron pacíficas, estaban contenidas.

La mayor queja de Trump es el “supuesto” daño del edificio federal que alberga la cárcel migratoria de Los Ángeles, que este domingo luce con grafitis contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Tom Homan, el conocido como ‘zar de la frontera’ designado por Trump, amenazó hoy con arrestar a Bass y Newsom, «si se exceden» en sus competencias sobre el despliegue de soldados, en la que negó la afirmación previa del gobernador demócrata de que la Administración Trump estaba creando un «espectáculo”.

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Un panel del Undécimo Tribunal de Apelaciones de EE.UU. denegó por unanimidad la solicitud del fiscal de Florida James Uthmeier, para suspender el fallo de un tribunal inferior que mantiene bloqueada la controvertida medida desde el mes pasado.

El fallo inicial contra la SB 4-C, impulsada por el gobierno de Ron DeSantis, señala que la ley es probablemente inconstitucional, por lo que detuvo su implementación mientras continúa el proceso legal.

La ley permite el arresto y encarcelamiento de personas que hubieran ingresado al país sin inspección, incluso si habían regularizado su estatus migratorio y no habían cometido ningún otro delito.

Además, obliga a mantenerlas en prisión preventiva sin considerar sus circunstancias particulares. Organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes sostuvieron que esta ley no solo era cruel, sino que también violaba la ley federal y los derechos constitucionales básicos.

Coalición de Inmigrantes de Florida

La demanda contra la ley aprobada en febrero pasado fue presentada en nombre de la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas en nombre de todos los afectados por la ley.

Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida, dijo en un comunicado que la decisión del tribunal de apelaciones “ no es solo una victoria legal, sino un rotundo rechazo a la crueldad disfrazada de política”.

“Los legisladores de Florida intentaron usar el miedo como ley y la discriminación racial como forma de gobierno. La SB 4-C fue un flagrante abuso de poder diseñado para castigar a los inmigrantes y dividir a nuestras comunidades”, agregó la abogada.

Por su parte, Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo que la decisión del Undécimo Circuito “se suma” a otros tribunales en Florida, Texas y Oklahoma, entre otros estados que han analizado estas leyes antiinmigrantes y las han bloqueado

El abogado agregó que es hora de que los estados entiendan el mensaje: “las leyes estatales de inmigración son inconstitucionales”.

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El juez James Boasberg publicó hoy un fallo de casi 70 páginas que compara la situación de los inmigrantes, que estaban detenidos en un centro de Texas el 15 de marzo cuando el Gobierno inició su expulsión a la cárcel CECOT de El Salvador, con la novela ‘El juicio’ de Franz Kafka.

La decisión parte de una demanda en nombre de un grupo de estos inmigrantes que estaban indocumentados en EE.UU., y que argumentan que se ha violado su derecho al debido proceso legal al expulsarlos usando una controvertida ley centenaria.

El 14 de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar por la vía rápida a cientos de venezolanos a los que acusaba de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.

Boasberg bloqueó el uso de esa ley cuando dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó su regreso, pero estos aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal en la que el Supremo ha decidido también vetar ese tipo de deportaciones.

Acusación contra venezolanos enviados a El Salvador

El juez dice que quizás el Gobierno tenga razón en que los denunciantes son pandilleros, pero no se puede saber «porque nunca tuvieron la oportunidad de desafiar» la acusación de que son criminales, y alude a «pruebas» de que muchos no lo son.

«Ahora, pruebas importantes han salido a la luz indicando que muchos de los sepultados en el CECOT no tienen conexión con la pandilla y por tanto languidecen en una prisión extranjera por acusaciones frágiles e incluso frívolas», escribió Boasberg.

Boasberg dio «una semana para entregar un aviso al tribunal explicando cómo pretenden facilitar la capacidad» de los encarcelados en la CECOT «para pedir un recurso de habeas» (corpus, el derecho a comparecer ante un juez para que decida si un arresto fue legal o no).

La Unión de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que defienden a los inmigrantes en el caso, consideró que el juez opina que «la expulsión de unos 130 hombres venezolanos» bajo la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo «fue ilegal».

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La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) criticó al Gobierno estadounidense por «eliminar el acceso al asilo en la frontera sur para la mayoría de la gente sometida a procesos de expulsión acelerada».

Con el fin del Título 42, el Gobierno estadounidense estableció nuevas reglas para los solicitantes de asilo y castigos más severos para los migrantes que ingresan de forma irregular a su territorio.

La norma impide solicitar asilo a quienes ingresan de forma irregular por la frontera y que no hayan solicitado protección a un tercer país en su recorrido hacia EEUU.

De momento, la única vía para solicitar asilo es a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes solicitar una cita con las autoridades para exponer sus casos.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), las detenciones de migrantes en la frontera sur cayeron 25 % en mayo con respecto al mismo mes del año 2022, y más de la mitad se produjeron antes del fin del Título 42, el 12 de mayo.

En su demanda, la ACLU exige que se eliminen todas estas medidas y que a los migrantes que hayan sido expulsados se les permita regresar a EEUU mientras se tramitan sus solicitudes de asilo.

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Víctor De Abreu

Con información de Voz de América, otros medios internacionales y redes sociales

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