Burry fue uno de los primeros inversores que anticipó la crisis financiera de 2008 por la amenaza de las hipotecas de alto riesgo y fue inmortalizado en la novela «Big Short», de Michael Lewis, que posteriormente fue llevada a la gran pantalla en una película con el mismo título.

Michael Burry también ha sido desde hace años un duro crítico de Tesla y Elon Musk y hasta 2021 apostó contra el aumento del valor de las acciones del fabricante.

La «burbuja» de inversiones en IA

En un artículo en su blog titulado «Foundations: The Tragic Algebra of Stock-Based Compensation», el famoso inversor criticó lo que considera que es la «burbuja» de las inversiones en inteligencia artificial y más específicamente la dilución de valor para los accionistas que provoca la compensación basada en acciones como la de Musk.

Según Burry, los accionistas tienden a ignorar este tipo de compensación, lo que considera un grave error porque diluye la participación de los inversores al transferir una parte significativa del valor creado a empleados y directivos a través de la emisión de nuevas acciones.

En el caso de Tesla, Burry situó la dilución de Tesla en el 3,6 % al año y la compara con otras empresas, como Amazon, que tiene un 1,3 %.

«Las recientes noticias del paquete de 1 billón de dólares de Elon Musk suponen que la dilución continuará con seguridad. La capitalización de mercado de Tesla está sobrevaluada de forma ridícula hoy en día y lo ha sido desde hace tiempo», dijo.

Burry también criticó que Musk ha pasado de vender Tesla como una empresa de robots e inteligencia artificial cuando la competencia aumentó en el segmento de los automóviles eléctricos.

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En una publicación en Instagram, el Ministerio de Transporte precisó que «el mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros».

 

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Según la cartera de Estado, al encuentro asistieron los presidentes de las aerolíneas venezolanas Laser Airlines y Estelar, Orlan Viloria y Boris Serrano, así como representantes de Latam Airlines y TAP, Gamal Kabchi y Miguel Araujo, respectivamente.

Desde el sábado y hasta este lunes, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos, como las españolas Air Europa, Plus Ultra e Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la sudamericana Latam y la turca Turkish Airlines.

Además, han anunciado la suspensión de sus vuelos Caracas-Madrid las aerolíneas venezolanas Estelar (entre el 24 y el 28 de noviembre) y Laser (aliada de Plus Ultra), que ha reprogramado para el jueves uno previsto para este lunes.

Vuelos con normalidad

Entretanto, la estatal venezolana Conviasa informó, en un comunicado en Instagram, de que la totalidad de sus vuelos nacionales e internacionales se «están ejecutando en total normalidad».

Este lunes, el presidente Nicolás Maduro se dirigió al ministro de Transporte, Ramón Velásquez, y le pidió garantizar la aplicación de la ley, aunque no dio más detalles ni hizo mención a la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas.

El pasado viernes, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región», anuncio que coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en el Caribe.

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El presidente de la COP30, el brasileño André Corrêa do Lago, reconoció durante su intervención en la sesión plenaria de clausura que algunos países «tenían mayores ambiciones», y se comprometió a abordar sus preocupaciones a lo largo del próximo año.

El texto principal de la cumbre, presentado por la presidencia brasileña, no menciona la necesidad de dejar atrás los hidrocarburos, pese a la insistencia de la Unión Europea y de países como Colombia de que se incluyera.

Tras intensas negociaciones que se extendieron durante la madrugada, la referencia explícita se quedó fuera del texto ante la negativa rotunda de los países árabes a hablar del tema, aunque sí se «reconocen», de forma general, las decisiones tomadas en otras COP.

En una de ellas, la COP28 de Dubái en 2023, se estableció por primera vez la necesidad de una «transición» para dejar atrás los combustibles fósiles.

Para compensar la ausencia de referencias, Corrêa do Lago anunció que, bajo su presidencia, creará una «hoja de ruta» para esta transición, y otra para revertir la deforestación.

En el capítulo de financiación, el texto final mantiene el acuerdo alcanzado en la COP29 de Bakú, en el que se «urge» a los países ricos a mantenerse «en el rumbo» al objetivo de aportar 300.000 millones de dólares anuales a los emergentes, y se menciona el objetivo de «triplicar» los recursos para acciones de adaptación.

Por otra parte, el texto reconoce que el cambio climático «es una preocupación común de la humanidad» y reafirma el compromiso de los países con el Acuerdo de París y con la meta de limitar a 1,5 °C el aumento de las temperaturas.

El pleno de la COP30 también aprobó un documento con una lista definitiva de «indicadores» para medir los avances en las acciones de adaptación ante el cambio climático.

En otro de los textos votados, se establece un «mecanismo» para llevar a cabo una «transición justa» que tenga en cuenta las necesidades de los trabajadores afectados por los cambios en el modelo energético.

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«El grupo armado no estatal lanzó artefactos explosivos, quemó aproximadamente 14 viviendas; reclutó a un niño de 14 años y ejerció violencia en contra de mujeres. Algunas de estas acciones podrían constituir tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra mujeres indígenas en Colombia«, condenó la Oficina en un comunicado en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el 27 de octubre en la comunidad de Cusinajain, en la Alta Guajira, la zona más septentrional y árida del departamento, habitada mayoritariamente por el pueblo wayuu.

ONU: Están prohibidas las acciones, los ataques, contra quienes no participan en las hostilidades

La Oficina de la ONU llamó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas para proteger estas comunidades, así como a realizar una «investigación exhaustiva para juzgar y sancionar a los responsables» y a «brindar atención humanitaria y psicosocial» con enfoque de género y étnico.

«Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Recordamos que están prohibidas, entre otras acciones, los ataques contra quienes no participan en las hostilidades; la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes; el reclutamiento de niños y niñas menores de 18 años», agregó el organismo internacional.

Los wayuu, una comunidad nómada, son el pueblo indígena más numeroso tanto de Colombia como de Venezuela, y representan un 45 % de la población de La Guajira y un 11 % del venezolano estado Zulia. La comunidad habita en ambos lados de la frontera, un territorio que no consideran una división sino un vínculo legado por sus ancestros.

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«Estamos aprobando una ley fundamental que conforme una nueva forma de atender el despliegue, el acatamiento de las órdenes, el desplazamiento de las tropas y, sobre todo, la conjunción entre pueblo y Fuerza Armada», dijo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, durante la sesión ordinaria, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La ‘Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación’ -que debe ser publicada en Gaceta Oficial para que entre en vigencia- prevé, entre otras acciones, la recopilación de información por parte de los comités de trabajo de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), con el objetivo de «identificar patrones, tendencias y potenciales riesgos que permitan determinar la gravedad e impacto de las amenazas contra la seguridad de la nación».

Los ODDI son, según explicó Maduro en enero pasado, «instancias de planificación, coordinación, integración y ejecución de todos los poderes del Estado», para garantizar «el derecho a la paz».

El mes pasado, el diputado Giusseppe Alessandrello, quien presentó entonces el proyecto, explicó que la ley tiene por objeto «establecer las líneas estratégicas para el funcionamiento» de los ODDI.

Alessandrello indicó entonces que la ley establece que estos órganos están presentes a nivel municipal, estatal y nacional y tiene, entre sus «fines primarios», el cumplimiento de lo que «señala la Constitución con relación a la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en defensa de la nación».

El Gobierno de Venezuela anunció este martes un nuevo despliegue militar que incluye «medios terrestres, aéreos, navales, fluviales», así como sistemas de armas y otros para enfrentar las que considera como «amenazas imperiales».

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La iniciativa, considerada simbólica, fue rechazada con 49 votos a favor y 51 en contra, dejando vía libre para que continúen las operaciones del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico Oriental que se están llevando a cabo desde agosto pasado.

La norma tenía posibilidades casi nulas de ser implementada, no solo porque tendría difícil superar un siguiente obstáculo en la Cámara de Representantes, sino porque también debía ser ratificada por el propio Trump.

Ataques en el Caribe

El bloque republicano se desligó de la medida durante la votación, pese a que algunos miembros se habían unido esta semana a la exigencia de que la Administración informara detalles sobre los ataques contra lanchas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

El senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, presentó la iniciativa con el apoyo de algunos republicanos, argumentando que están «cansados de que el Congreso abdique todo el poder de forma solemne sobre un presidente».

Durante los últimos dos meses, el Departamento de Guerra ha oficializado el ataque a más de 20 embarcaciones supuestamente cargadas de droga y la eliminación de más de sus 66 tripulantes, a los que han vinculado a organizaciones criminales.

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Nokia emitirá aproximadamente 166.000.000 de acciones a Nvidia a 6,01 dólares cada una, lo que le otorgará una participación del 2,9 % en la compañía finlandesa, agregaron.

Las acciones de la empresa finlandesa subían un 18,26 % tras conocerse la operación, mientras que las de la estadounidense aumentaban un 1,27 %.

Nvidia utilizará sus chips para acelerar el software de Nokia para redes 5G y 6G, y explorará maneras de utilizar la tecnología de centros de datos de Nokia en su infraestructura de inteligencia artificial.

Por su parte, Nokia afirmó que utilizará los fondos obtenidos para «financiar sus planes de inteligencia artificial y otros fines corporativos generales».

La empresa señaló que quiere «acelerar el desarrollo de su software RAN 5G y 6G para que funcione en la arquitectura de Nvidia» y que realizará «inversiones para impulsar su objetivo estratégico de aumentar su presencia en el mercado de la IA y la nube con soluciones de redes orientadas a centros de datos».

En los últimos años, Nokia había dedicado sus esfuerzos principalmente a suministrar equipos móviles 5G a operadores de telecomunicaciones.

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Estados Unidos también sancionó a la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti, medidas que Venezuela consideró como «ilegales, ilegítimas y de carácter neocolonial que violan el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas».

Por tanto, exigió en un comunicado el «cese inmediato de estas prácticas coercitivas» y convocó a los Gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe a «defender la soberanía y la dignidad» de la región frente a «toda forma de injerencia».

Los sancionados fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), por lo cual todos los activos y propiedades que pudieran tener en Estados Unidos quedan bloqueados y se prohíbe hacer transacciones con ellos.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al mandatario colombiano de ser un «líder del narcotráfico» y suspendió la ayuda financiera para Colombia, país que en septiembre retiró de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

Petro ha defendido su política contra las drogas, que sustituyó la estrategia de erradicación de cultivos por un enfoque más social y de salud pública, y ha acusado a Trump de haber «calumniado e insultado a Colombia».

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El jefe de Estado anunció la activación de la Milicia Bolivariana y de «todas las fuerzas sociales» de las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en Aragua, Falcón y Zulia (región fronteriza entre Venezuela y Colombia) para que, dijo, «cumplan el desarrollo, despliegue y evaluación» de 27 «acciones fundamentales para garantizar la capacidad de defensa».

Poco antes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, encabezó la puesta en marcha del plan en Aragua, donde explicó que la movilización incluye «tomar control» de espacios clave, como hospitales, gasolineras e instalaciones eléctricas, para «la protección del pueblo».

Estos ejercicios, prosiguió, forman parte de la «resistencia activa y prolongada» y la «ofensiva permanente» de Venezuela.

Por su parte, el mayor general Jesús Villamizar, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Central -que abarca las ZODI de Aragua y Carabobo, entre otros estados-, dijo que quien «se llame patriota, está obligado a defender estos espacios que le costaron sangre, sudor, lágrimas y pólvora» a los libertadores.

 

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Un grupo que incluye a los inversores existentes SoftBank y MGX, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, pagó alrededor de 6.600 millones de dólares para comprar acciones propiedad de empleados de OpenAI, según el medio.

A principios de este año, SoftBank acordó liderar una inversión de 40.000 millones de dólares en la empresa de IA, con una valoración de 300.000 millones de dólares.

Nvidia y OpenAI anunciaron recientemente un plan que exige al fabricante de chips invertir hasta 100.000 millones de dólares en la empresa de IA.

No obstante, The Wall Street Journal señala que OpenAI prevé ingresos de 13.000 millones de dólares este año y una pérdida neta de miles de millones de dólares, ya que si bien la empresa ha visto un crecimiento entre los consumidores con 700 millones de usuarios semanales, la tecnológica también ha asumido grandes gastos.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se encuentra actualmente de viaje en Asia y ayer se asoció con las surcoreanas Samsung y SK Hynix para establecer «alianzas estratégicas» con el fin de suministrar los chips informáticos avanzados necesarios para su gigantesco proyecto Stargate.

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En una declaración conjunta, firmada en Doha por el jefe de la delegación del Gobierno en estos diálogos, Álvaro Jiménez, y el representante del Clan del Golfo Luis Armando Pérez, se definieron acciones piloto dentro de lo que llamaron el «proceso para la desmovilización y construcción de paz».

Estas acciones buscan «desarrollar la etapa de consolidación de confianza» e implementar un programa «de pedagogía para la sustitución total de los cultivos de uso ilícito, considerando la participación voluntaria, la asistencia técnica y medios de vida alternativos».

El plan se aplicará en los municipios de Mutatá, ubicado en el departamento de Antioquia (noroeste), y de Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, todos en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.

En estas zonas tiene fuerte presencia el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El presidente Gustavo Petro, que desde su llegada al poder en agosto de 2022 impulsa su proyecto de ‘paz total’, adelantó el mes pasado que su Gobierno abrió conversaciones en el exterior con este grupo, tras varios acercamientos exploratorios que habían quedado congelados.

Otros compromisos para el Clan del Golfo

En la declaración firmada este jueves en Doha y difundida por la Consejería Comisionada de Paz, el grupo armado se compromete a respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, considerados «el primer piso para la construcción de paz».

También a garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a no interferir en el desarrollo de las elecciones que Colombia celebrará en 2026.

Por su parte, el Gobierno «toma nota» de que el Clan del Golfo «rechaza ser categorizado como grupo paramilitar o neo-paramilitar» y señala que, a través de la Cancillería, conviene solicitar al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas «acompañar este proceso».

Finalmente, ambas partes piden al Gobierno de Catar, a la Misión de Apoyo del Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y a la Conferencia Episcopal de Colombia «realizar el seguimiento, monitoreo y verificación de lo acordado».

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Según comunicó la compañía a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos (EEUU), la operación se realizó el pasado 12 de septiembre.

En estos momentos, Musk posee en torno al 20 % de la compañía, un paquete valorado e unos 250.000 millones de dólares, según cálculos del Wall Street Journal, que interpreta el movimiento del magnate como una señal a los inversores de que pueden seguir apostando por sus vehículos eléctricos en un momento de posible transformación del mercado hacia los autos sin conductor.

Una semana antes, el 5 de septiembre, la junta directiva de Tesla presentó un paquete salarial para Musk, que podía alcanzar los 900.000 millones de dólares si cumple varios objetivos.

Según un documento presentado ante el regulador bursátil, para cobrar el valor total del paquete Musk tendría que multiplicar por ocho el valor bursátil de Tesla durante la próxima década.

Otros de los condicionantes son que permanezca en la compañía diez años, cumplir varios objetivos operativos, como supervisar el despliegue comercial de 1.000.000 de taxis autónomos y robots humanoides, y multiplicar por más de 24 las ganancias.

Elon Musk es el fundador de SpaceX, una compañía de cohetes, y de xAI, una empresa de inteligencia artificial propietaria de la red social X.

Además, el magnate es la persona más rica del mundo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, aunque la semana pasada fue desbancado por unas horas por el cofundador de Oracle, Larry Ellison.

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Un juez federal dictaminó que la compañía puede continuar con su navegador Chrome, con lo que se cierra un caso antimonopolio que comenzó en septiembre de 2023.

Además, el Departamento de Justicia de EE.UU. determinó que la empresa también puede seguir pagando a otras para preinstalar productos, pero no puede tener contratos de exclusividad que condicionen pagos o licencias.

En tanto, Google podrá seguir pagando a Apple por ser el motor de búsqueda predeterminado en los iPhone.

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La hoja ruta fue acordada durante la segunda Reunión de la Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal (Comixta), celebrada esta semana en Quito.

El Plan de Trabajo 2025-2026 contempla operaciones coordinadas y multisectoriales contra la minería ilegal en las zonas de frontera identificadas como prioritarias, capacitaciones sobre fiscalización, intercambio de información e investigación y sanción de este delito; además de acciones conjuntas de cooperación internacional, entre otras.

El encuentro estuvo encabezado por los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países, con Juan Carlos Játiva por parte de Ecuador y con Félix Denegri por parte de Perú.

Operaciones contra la minería ilegal

Durante la reunión, el Ministerio del Interior propuso la creación de una Comisión Mixta de Armas, Municiones y Explosivos, y la ejecución de operaciones tipo espejo con el Alto Comisionado contra la Minería Ilegal del Perú.

La minería ilegal se ha vuelto una de las primeras amenazas para la seguridad de ambos países, controlada en numerosos enclaves por bandas del crimen organizado que han causado recientes matanzas en los estados.

En mayo, once militares fueron asesinados en Ecuador durante un operativo contra la minería ilegal en el sector amazónico de Alto Punino, donde presuntamente fueron emboscados por los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tuvo al menos tres fallecidos entre los atacantes.

También en mayo, trece personas fueron asesinadas en Perú dentro de un socavón en el distrito minero de Pataz, donde diversas mafias y organizaciones criminales se disputan el control de la extracción de oro en esa zona.

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«Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar qué vamos a hacer porque entonces él va a venir a bombardear Colombia. No lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños debajo las bombas, ¿y ahora va a venir él?», señaló Petro durante la entrega de 6.500 hectáreas de tierras a campesinos del departamento caribeño de Córdoba.

Acto seguido, el mandatario agregó: «Un problema de discusión nacional. No me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe y yo prefiero hablar y coordinar que imponer. Eso no se puede imponer».

La orden de Trump

Las declaraciones de Petro se producen luego de que The New York Times revelara la existencia de una orden secreta firmada por Trump contra los carteles de la droga en Latinoamérica, la cual sería la medida más agresiva adoptada hasta este momento por su administración.

Según el diario neoyorquino, la orden de Trump proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas estadounidenses lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra los carteles.

Incluso, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, el alto mando militar estadounidense ya habría comenzado a elaborar planes sobre cómo llevar a cabo estas acciones.

La decisión de atacar a estos grupos se enmarcaría dentro del combate de Trump contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que, según Washington, es producido principalmente por los carteles mexicanos mediante productos químicos provenientes de China y traficado a Estados Unidos, que sufre una grave crisis de muertes por sobredosis de esa sustancia.

En febrero, el Gobierno de Trump declaró como terroristas a varios carteles latinoamericanos, pero ninguno colombiano, aunque poco antes The New York Times había revelado una lista que incluía al Clan del Golfo, el grupo armado más poderoso de Colombia y hoy en diálogos con el Gobierno de Petro.

De interés: Petro: Guerra entre ELN y disidencia de las FARC se extiende a Venezuela

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Tras dos días de conversaciones en las que participaron representantes de más de 30 países, los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Cuba, Malasia, Namibia, Sudáfrica, Indonesia, Irak, Libia, Nicaragua, Omán y San Vicente y las Granadinas suscribieron la declaración del Grupo de La Haya al considerar que Israel pone en riesgo la seguridad y la paz de Oriente Medio.

Estos países acordaron «impedir el suministro o transferencia de armas, municiones, combustible militar, equipo militar conexo y equipos de doble uso a Israel, según proceda», reza el documento del Grupo de La Haya, organización creada en enero pasado por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica en respuesta a la grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

Por último, los países acordaron además garantizar que se investiguen «los crímenes más graves bajo la ley internacional» y buscar «justicia para todas las víctimas» en los territorios palestinos.

La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, participó en el encuentro y consideró que los compromisos acordados por el Grupo de La Haya son un «salvavidas» para los palestinos que sufren los estragos de la guerra.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anfitrión de la reunión, denunció que lo que sucede en la Franja de Gaza es un experimento de los más ricos del planeta para responder a una «rebeldía de la humanidad».

Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel el 1 de mayo de 2024, luego de que el presidente calificara en múltiples ocasiones la ofensiva en Gaza como un «genocidio», y días después suspendió las exportaciones de carbón a ese país.

 

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De interés: Venezuela espera que el Grupo de La Haya dé respuesta a situación en Palestina

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El empresario indicó en una publicación de Facebook que Meta está trabajando ya en una instalación de gestión y análisis de datos «tan grande (físicamente) que cubriría una parte significativa de Manhattan».

Además, incidió en que la empresa pretende incorporar un gigavatio de computación a sus centros y terminar el año con más de 1,3 millones de unidades de procesamiento gráfico (GPUs), un tipo de chip muy útil en los sistemas de IA por su gran potencia de cálculo.

«Este será un año decisivo para la IA. En 2025, espero que Meta AI sea el principal asistente de más de 1.000 millones de personas y que Llama 4 (herramienta para incorporar la IA en otras plataformas) se convierta en el principal modelo de vanguardia», expresó.

Según el empresario, Meta tiene previsto aumentar sus equipos de inteligencia artificial y disponer «del capital necesario para seguir invirtiendo en los próximos años».

«Se trata de un esfuerzo ingente que en los próximos años impulsará nuestros productos y negocios principales, desbloqueará innovaciones históricas y ampliará el liderazgo tecnológico estadounidense», subrayó.

Tras el anuncio, las acciones de Meta en Wall Street subieron un 1 %.

La noticia tiene lugar apenas unos días después de que el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara el proyecto «Stargate», por el que las empresas OpenAI, Oracle y SoftBank destinarán en los próximos cuatro años 500.000 millones de dólares para construir hasta veinte nuevos centros de datos para apoyar proyectos de IA.

De interés: Trump firma orden ejecutiva para convertir a EEUU en la capital de las criptomonedas

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La empresa registró un beneficio neto de 965 millones de dólares en el trimestre, un 15 % menos interanual, y unos ingresos de 14.840 millones, un 2,5 % más, en ambos casos superando las estimaciones.

El director financiero de la aerolínea, Michael Leskinen, anotó que la compañía «está en condiciones de añadir un programa de recompra de acciones» mientras continúa invirtiendo en el negocio y reduce su apalancamiento financiero.

La recompra de acciones es la primera de United tras la pandemia, un periodo en el que el gobierno de Estados Unidos otorgó a las aerolíneas del país más de 50.000 millones de dólares en ayudas públicas a condición de suspender la recompra de acciones y los dividendos.

Otra aerolínea estadounidense, Southwest, anunció recientemente, también, una recompra de acciones de 2.500 millones de dólares.

United Airlines añadió a la información compartida que, mejoró sus previsiones del cuarto trimestre y dijo que espera ganar entre 2,50 y 3 dólares por acción en este periodo de tiempo, frente a los 2,76 dólares que pronostican los analistas de FactSet.

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Trump Media cayó un 7,8 % y acumuló una pérdida semanal del 26 %, con su valor en 13,55 dólares.

El político es el accionista mayoritario de la empresa que engloba su red social Truth Media, con una participación cercana al 60 %, y desde ayer tiene la posibilidad de vender los títulos por un monto significativo, aunque hace una semana ya advirtió de que no tiene «ninguna intención» de hacerlo.

Al cierre de este viernes, los más de 114 millones de acciones de Trump valen unos 1.500 millones de dólares.

Fluctuaciones en las acciones de Trump Media

La cláusula de límites a la venta, establecida en las condiciones de la salida a bolsa, afectaba también a otros socios tempranos, pero no se conocerán detalles sobre el gran volumen de negociación hasta que los publique la Comisión de Mercado y Valores (SEC), indica CNBC.

Trump Media empezó a cotizar en el índice Nasdaq el pasado marzo y desde entonces ha perdido en torno al 68 % de su valor, con una caída en picado desde que a mediados de julio el presidente Joe Biden se retirara de la carrera presidencial y ocupara la candidatura demócrata Kamala Harris.

La firma ha sufrido notables fluctuaciones en reacción a los eventos que conciernen a Trump -bajó tras su condena por los pagos irregulares a una actriz porno en Nueva York y se disparó tras su intento de asesinato- pero algunos analistas la consideran un juguete de los especuladores.

En cuanto a sus operaciones, en el segundo trimestre Trump Media tuvo unas pérdidas de 16,4 millones de dólares, una pequeña reducción respecto al trimestre anterior, y unos ingresos de 836.900 dólares, un 30 % mayores a nivel interanual.

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El hombre de 93 años, que posee casi 130.000 millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway, dijo al medio que sus tres hijos deben decidir por unanimidad a qué fines filantrópicos se destinará el dinero.

«Me siento muy, muy bien con los valores de mis tres hijos y confío al 100 % en cómo llevarán a cabo las cosas», anotó el décimo en la lista de personas más ricas de Forbes al WSJ en una entrevista.

Donaciones de Buffett

El multimillonario ya ha regalado más de la mitad de sus acciones de Berkshire.

Pese a que miles de millones de su imperio han ido a la fundación Bill y Melinda Gates, Buffett indicó al rotativo que una vez que esté muerto dejará de donar a esta fundación.

Desde 2006 hasta 2023, Buffett donó a la Fundación Gates 39.300 millones de dólares, según su página web.

Buffett dijo que no ha dado órdenes de qué hacer con su legado a sus hijos, Susie (de 71 años), Howie (de 69 años) y Peter Buffett (de 66 años).

«Debería utilizarse para ayudar a las personas que no han tenido tanta suerte como nosotros (…) Hay 8.000 millones de personas en el mundo, y mis hijos y yo hemos estado en el 100 % más afortunado del 1 %. Hay muchas maneras de ayudar a la gente», dijo.

Buffett señaló que durante toda su vida ha podido pensar con originalidad, pero que una vez que esté enterrado bajo tierra, sus hijos «desde la superficie» podrán hacer un gran trabajo.

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