«La abstención la hemos utilizado y la abstención lo único que ha hecho es hacernos retroceder», indicó el dos veces candidato presidencial en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

El exgobernador de Miranda indicó que «lo más importante» es que cada venezolano decida si participar o no en los comicios regionales y legislativos previstos para el próximo 25 de mayo.

«Pero donde no se puede guardar silencio es de plantear que no hacer nada va a generar un cambio político. Eso no es verdad, el cambio político no se va a generar ni vamos a avanzar en este nuevo escenario en el cual estamos, porque entramos en una etapa distinta, desconocida», añadió.

Asimismo, Henrique Capriles dijo que si «alguien dice» que el no votar va a generar un «cambio político» en el país «que explique cómo».

La semana pasada, la ONG Acceso a la Justicia previó que, según la información disponible y declaraciones oficiales, los comicios parlamentarios y regionales del próximo mes de mayo estarán «alejados de los estándares internacionales» en materia electoral.

A juicio de la organización, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al oficialismo, insiste en «incurrir en prácticas y vicios que en nada contribuyen a reforzar la confianza en la institución del voto».

¿Qué pasó el 28 de julio?

La ONG precisó que las autoridades electorales «no han tomado ninguna medida para despejar las dudas que persisten en relación con las pasadas presidenciales», celebradas el 28 de julio de 2024, cuyos resultados el CNE aún no ha publicado de forma desglosada, contrario a lo establecido en el cronograma oficial.

En esos comicios, Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo, un anuncio tachado de «fraudulento» por la PUD, que reclama la victoria de quien fue su candidato, Edmundo González Urrutia, con base en el 85,18 % de las «actas» que asegura haber recogido gracias a testigos y miembros de mesa desplegados en los centros de votación.

¿Votar o abstenerse?

El pasado mes, González Urrutia, en el exilio desde septiembre, aseguró que la oposición que representa no participará en lo que considera «falsas elecciones», y advirtió que «solo habrá comicios legítimos cuando se respete» su reclamado triunfo.

Pese a esta declaración, partidos que integran la PUD, como Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela (MPV), han llamado a participar en estas votaciones.

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A través de X, la PUD indicó que también se «le ha negado la atención médica que requiere con urgencia».

«Exigimos que se le respeten sus derechos y que sea liberada, al igual que todos los presos políticos en Venezuela», manifestó el bloque opositor, que pidió una medida humanitaria para la también presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano.

Rocío San Miguel fue acusada por la Fiscalía de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un presunto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, y fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.

El domingo, varias ONG se pronunciaron a favor de San Miguel, entre ellas el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que afirmó que, durante estos 12 meses, la activista ha sido sometida a un proceso que tacha de «viciado», «plagado de irregularidades» y «violaciones» a las formalidades legales.

Rocío San Miguel requiere una operación

En diciembre, el abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco, dijo que ella sufrió una fractura en agosto que fue diagnosticada a finales de 2024.

Al respecto, Provea indicó este domingo que San Miguel no puede ser sometida a una intervención por «quienes demoraron 4 meses en diagnosticarla», al tiempo que señaló que en reclusión «no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna», por lo que solicitó a la Administración de Maduro que la activista pueda ser operada en libertad.

Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a embajadas de otros tres países, datos que no precisó.

La ONG Acceso a la Justicia advirtió que, el pasado diciembre, la audiencia de juicio de la defensora de derechos humanos fue pospuesta para febrero de este año.

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Con información de EFE Servicios

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«Todo parece indicar que el objetivo es desalentar la participación», señaló la organización en una nota de prensa, en la que enumeró fallas como el «escaso número de centros de inscripción, los pocos recursos con los que cuentan y el breve lapso que estarán operando».

Explicó que los 315 puntos instalados en Venezuela, para inscripción de nuevos votantes o actualización de datos, contrastan con los 531 dispuestos para los comicios presidenciales de 2018 y los 1.558 que funcionaron para las elecciones legislativas de 2015.

Acceso a la Justicia indicó que en el estado Zulia, la circunscripción electoral más grande del país, solo se instalaron 26 puntos, seguido de Miranda con 24 y Caracas con 22 sedes funcionando.

«En el otro extremo, a los estados Amazonas y Delta Amacuro solo se le asignaron cuatro y dos centros, respectivamente, ambos ubicados en sus capitales, a pesar de su gran extensión territorial y accidentes geográficos que dificultan la movilización de sus habitantes», explicó.

Otro problema, prosiguió, es el obstáculo que enfrentan los venezolanos en el exterior para registrarse a través de las sedes diplomáticas, al tener que demostrar que cuentan con residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

«La disposición, en la práctica, deja en manos de autoridades extranjeras la decisión de permitirle a un venezolano poder ejercer su soberanía a través del sufragio», apuntó.

El pasado 18 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó la jornada de inscripción y actualización de datos de votantes en el país, de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio.

Los jóvenes con 18 años cumplidos o más, y todos los que deseen actualizar sus datos por cambio de residencia, podrán acudir a estas sedes hasta el próximo 16 de abril.

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Con información de medios nacionales y redes sociales

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«¿Qué tiene de especial ese día? Mucho, para los simpatizantes del desaparecido mandatario, pues se celebra el natalicio de su líder. La jugada parece estar destinada a movilizarlos», indicó la ONG en un comunicado o nota de prensa, en que cuestionó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya convocado estos comicios con menos de seis meses de antelación.

En este sentido, remarcó que el llamado a las urnas se produjo el pasado 5 de marzo, un día que tampoco «se puede obviar», por tratarse «de otra fecha simbólica para el chavismo, ya que ese día, en 2013, se anunció el fallecimiento del entonces mandatario».

«La decisión del CNE de fijar las elecciones presidenciales el 28 de julio es la última evidencia de las escasas intenciones de las autoridades por celebrar elecciones transparentes, libres y justas, así como de reconstruir la democracia venezolana«, expresó la organización.

Sobre los lapsos establecidos en el cronograma electoral, criticó que se haya dado «poco tiempo» para tareas como el registro de nuevos votantes y para la organización de misiones internacionales de observación, como la de la Unión Europea (UE), pactada en octubre pasado en la negociación entre el gobierno y la oposición.

«Los lapsos (establecidos por el CNE) parecen impedir la participación efectiva de los emigrantes o la observación internacional. Ambos asuntos, entre otros, formaban parte de las garantías electorales que se buscaban asegurar en estos comicios», resaltó Acceso a la Justicia.

A la fecha, el Partido Socialista Unido (PSUV), buscará con Nicolás Maduro de candidato su tercer sexenio consecutivo en el poder, mientras que la oposición mayoritaria aún no informa cómo definirá y resolverá su candidatura, en vista de la inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado, quien ganó por amplio margen las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria Democrática de 2023.

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Gerardo Contreras

Con información de medios nacionales

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Así lo informó la organización Acceso a la Justicia, que señaló que el tribunal debe determinar si el proceso cumple con el Estatuto de Roma, el tratado que regula el funcionamiento de la CPI.

Un intento fallido

Según la ONG, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó el recurso presentado por el gobierno, que alegaba que la investigación del fiscal Karim Khan dañaría el memorando de entendimiento que firmaron en 2021 para facilitar la cooperación entre las partes y causaría más sufrimiento a las víctimas.

Además, el régimen negó que en el país se hayan perpetrado crímenes atroces, como torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y violencia sexual.

La Sala de Apelaciones consideró que Venezuela no probó que hubiera el peligro de consecuencias irreparables para el memorando ni para su recurso.

Por el contrario, indicó que el fiscal Khan se comprometió a seguir cooperando con el Estado venezolano y que este puede seguir con sus investigaciones internas, siempre y cuando sean auténticas y efectivas.

Un avance hacia la justicia

La decisión de la CPI permite al jurista británico iniciar las investigaciones para esclarecer las denuncias e identificar a los posibles responsables de los crímenes atroces en Venezuela.

Acceso a la Justicia resaltó que este es un paso importante para garantizar la justicia y la rendición de cuentas en Venezuela, donde las instituciones nacionales han sido cooptadas por el régimen y no ofrecen garantías a las víctimas.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales e internacionales

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“Una vez más Maduro pretende controlar las ONG, en esta ocasión por medio de la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, denunció Acceso a la Justicia en Twitter.

“El Registro Unificado de Sujetos Obligados busca supervisar aquellos sujetos (personas naturales o jurídicas) cuya actividad no se encuentra regulada por una ley especial, o bien personas que realizan actividades no financieras que deben ser supervisadas”, explicó igualmente Acceso a la Justicia.

Entre los recaudos para inscribirse en el registro se encuentra la entrega de un listado de los organismos (nacionales o extranjeros) de los cuales reciban donaciones o aportes (art. 6.4); así como también un listado de las sucursales extranjeras de las organizaciones internacionales, y de otras instituciones u organizaciones con las que hayan acordado algún tipo de asociación (artículo 6.6).

#AlertaLegal Una vez más el régimen de Maduro pretende controlar las ONG, en esta ocasión por medio de la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Se abre hilo #JusticiaVe pic.twitter.com/4kFFIefnQN

— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) April 13, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales venezolanos y redes sociales