«El Sr. Macías y yo compareceremos ante el Tribunal Federal de Brooklyn, ubicado en 225 Cadman Plaza, donde se declarará no culpable», dijo el letrado estadounidense en un mensaje enviado a periodistas de varios medios, entre ellos EFE.

En Estados Unidos, ‘Fito’, capo de la banda criminal Los Choneros, fue acusado en febrero pasado de siete cargos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego desde EE.UU.

Según la acusación, Los Choneros, en alianza con el Cartel de Sinaloa, operaban una red a gran escala «responsable del envío y distribución de toneladas de cocaína desde Suramérica, a través de Centroamérica y México, hasta Estados Unidos y otros lugares».

En febrero de 2024, el Gobierno de EE.UU. ya había impuesto sanciones contra Los Choneros y ‘Fito‘, para que quedaran bloqueadas todas las propiedades e intereses de los acusados en suelo norteamericano o en posesión o control por parte de ciudadanos estadounidenses.

«Fito», primer extraditado

‘Fito’ se convirtió en el primer ecuatoriano en ser extraditado, tras eliminarse -el año pasado mediante referéndum- la prohibición de aceptar extradiciones que existía en la Constitución vigente.

‘Fito’, capo de la banda criminal más antigua y una de las más grandes que opera en Ecuador, fue enviado a Estados Unidos en un avión del Departamento de Justicia de esa nación, tres días después de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) aceptara la solicitud de extradición presentada por las autoridades del país norteamericano.

El líder criminal había aceptado el viernes de la semana pasada, en audiencia judicial, ser enviado a Estados Unidos ante el riesgo de ser objeto de algún eventual atentado por parte de bandas criminales dentro de La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, donde se encontraba recluido desde que fue recapturado por las autoridades ecuatorianas el pasado 25 de junio.

‘Fito’, que se había vuelto un objetivo clave para el Gobierno del presidente Daniel Noboa dentro de la «guerra» que lanzó a inicios de 2024 contra el crimen organizado, fue atrapado en un búnker construido bajo una vivienda a las afueras de Manta, cuna y bastión de Los Choneros.

Su nueva captura se dio después de permanecer prófugo año y medio, tras su fuga a finales de 2023 de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años impuesta en 2011 como suma de varios delitos entre ellos narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada.

Desde mayo de 2023, ‘Fito’ lideraba en solitario a Los Choneros, la banda de crimen organizado surgida en los años 90 que mantuvo la hegemonía de la actividad criminal en Ecuador hasta finales de 2020, cuando fue asesinado su líder, Jorge Luis Zambrano (‘Rasquiña’ o ‘JL’).

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«Se está a la espera, luego de declaraciones que hiciera el fiscal general de la república Tarek William Saab el fin de semana pasado, de una nueva reunión en la cual ya se traten los aspectos relativos al cierre judicial del caso, una vez que Edmundo González Urrutia se ha retirado del país y se encuentra en territorio español», dijo su abogado, José Vicente Haro, en una entrevista con Televisión Española (TVE).

Haro agregó que el próximo paso será, «definitivamente», el de «cerrar esa causa» contra el líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -mayor bloque antichavista-, señalado por delitos como «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «instigación a la desobediencia de leyes» y «conspiración», entre otros.

«Es necesario cerrar judicialmente el asunto, el caso, ante los tribunales», sostuvo el letrado, algo que -explicó- tiene que «gestionar ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía)» en «una comparecencia» para «cumplir con la formalidades correspondientes».

Investigación en contra de González

González fue llamado a declarar ante la Fiscalía en tres ocasiones debido a una investigación en su contra, relacionada con la publicación, en una página web, del «83,5 % de las actas» obtenidas a través de personas que fueron testigos y miembros de mesa en la jornada electoral y que reflejan, según la PUD, la «victoria» del excandidato.

Al no presentarse, un tribunal emitió una orden de aprehensión contra el opositor, que se mantenía refugiado en la Embajada de Países Bajos, desde la que se trasladó a la de España, donde permaneció hasta el sábado 7 de septiembre, cuando salió de Venezuela.

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En una declaración ante medios de comunicación, José Vicente Haro, abogado del opositor, dijo que «el objetivo fue cumplido», pues la idea era «obtener un acuse de recibo efectivo» y establecer «formalmente» ante la Fiscalía «las razones» por las que González Urrutia «no compareció» tras las citaciones, por lo cual un tribunal emitió una orden de captura.

En el documento, entregado por Haro y firmado por González Urrutia, se expresa que la «incomparecencia» no «obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución», sino «al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones».

«Estimo que tal comparecencia sólo podría contribuir a intensificar aún más la tensión social, además de consolidar un contexto de judicialización incriminatoria de la política que todos debemos rechazar», expresó el opositor a través del escrito.

Argumentos de defensa de González

En las últimas semanas -prosigue el texto- se «han emitido declaraciones públicas de altos voceros gubernamentales y de otras instituciones del Estado» que lo «condenan por anticipado y (…) sin fundamento».

A González se le acusa de «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público», entre otros delitos, luego de que su coalición divulgara «el 83,5 % de las actas electorales» recabadas por testigos y miembros de mesa para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial otorgó la reelección a Nicolás Maduro.

González Urrutia aclaró en el documento que no era su responsabilidad «la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio» que recibieron los «testigos en las mesas de votación».

Sin embargo, no considera que se «han usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral», puesto que la entrega de actas a los testigos se contempla en el sistema venezolano «como una de sus garantías de confiabilidad».

Haro, que entregó el documento en una reunión con el fiscal general, Tarek William Saab, abordó el encuentro desde «el punto de vista jurídico» y manifestó que «las declaraciones de carácter político» serán «dadas en su oportunidad» por la coalición opositora.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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Jeanine Áñez, quien asumió el cargo de Presidenta interina tras la renuncia de Evo Morales, ha sido condenada por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución.

La defensa de Áñez, encabezada por el abogado Luis Guillén, ha anunciado que pedirán aclaraciones debido a las inconsistencias encontradas en el fallo.

Contradicciones en el fallo y solicitud de aclaraciones

El abogado Luis Guillén ha revelado que el documento emitido por el tribunal, con un extenso total de 351 páginas, analiza detalladamente los elementos que han sido apelados durante el proceso.

Sin embargo, a pesar de las apelaciones presentadas por la defensa, el tribunal ha ratificado la resolución de la primera instancia, confirmando así la condena de 10 años de prisión para Jeanine Áñez.

La defensa de la exmandataria ha detectado contradicciones en el fallo, lo que ha generado preocupación y la necesidad de buscar aclaraciones por parte de las autoridades judiciales.

Según Guillén, se ha identificado una serie de inconsistencias que requieren una revisión exhaustiva para garantizar la justicia en el caso de su representada.

Un desenlace legal controvertido

El caso de Jeanine Áñez ha sido objeto de controversia y polarización en Bolivia. Algunos consideran que su asunción a la Presidencia interina fue un acto necesario para restablecer el orden constitucional en medio de una crisis política, mientras que otros la acusan de actuar de manera ilegítima y antidemocrática.

La condena de 10 años de cárcel ha generado opiniones divididas en la sociedad boliviana y ha avivado el debate sobre la justicia y la política en el país.

En busca de claridad y justicia

La defensa de Jeanine Áñez buscará obtener las aclaraciones necesarias sobre las contradicciones presentes en el fallo del tribunal. La solicitud de aclaraciones tiene como objetivo esclarecer las dudas y garantizar un proceso justo y transparente para la exmandataria.

Mientras tanto, Bolivia se mantiene atenta a los desarrollos legales en este caso que ha capturado la atención nacional e internacional.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Unsplash/Tingey Injury

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A juicio de Trump, el crimen y la inflación están destruyendo el país mientras millones de personas están ingresando a través sus fronteras abiertas, asegurando que «muchos provienen de prisiones e instituciones mentales».

Las agencias de seguridad y las fuerzas del orden público local, estatal y federal se están preparando para la posibilidad de que Donald Trump sea acusado pronto, según cinco altos funcionarios familiarizados con los preparativos.

Por su parte, cuatro funcionarios de las fuerzas del orden confirmaron a AP que las acciones solo se tratan de conversaciones preliminares que involucran «seguridad, planificación y los aspectos prácticos de una posible comparecencia de Trump ante el tribunal».

En caso de que sea incriminado el líder republicano, sería la primera vez que se formulan cargos contra un expresidente estadounidense y podría afectar su carrera para las elecciones presidenciales de 2024.

Por su parte, Joe Tacopina, abogado del exmandatario, dijo el viernes que, si su cliente es acusado, seguirán «los procedimientos normales», pero insistió en su inocencia.

https://twitter.com/laderechadiario/status/1637095263629111299

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Leison Bustamante

Con información de medios nacionales e internacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: Twitter @eduardomenoni

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