La abogada Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, fue incorporada formalmente al equipo legal de Maduro mediante una notificación presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde el presidente depuesto enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas por los que se declaró no culpable.

Estevao formó parte de la defensa del magnate del hip-hop Sean «Diddy» Combs y participó en el juicio que concluyó con la absolución del artista de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración para extorsionar.

Durante ese proceso, la abogada estuvo a cargo del contrainterrogatorio de Cassandra Ventura, principal testigo de la acusación y expareja del músico.

Su incorporación se produjo dos días después de que el abogado principal de Maduro, Barry Pollack, anunciara su llegada al bufete Harris Trzaskoma.

Se busca impugnar la legalidad de la captura y traslado de Maduro a Estados Unidos

Pollack, conocido también por haber representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, adelantó que buscará impugnar la legalidad de la captura y traslado de Maduro a Estados Unidos.

Esto sucede mientras la defensa prepara mociones previas al juicio cuya próxima audiencia está prevista para el 30 de junio en Manhattan.

El gobierno de Estados Unidos permitió, en abril, que el Estado venezolano financie la defensa legal de Maduro en el proceso, tras una disputa sobre el uso de fondos públicos para cubrir los honorarios de sus abogados.

La decisión, recogida en presentaciones judiciales ante el juez Alvin Hellerstein, supuso un cambio respecto a restricciones previas que impedían ese tipo de pagos por las sanciones vigentes, aunque se establecieron condiciones específicas sobre el origen y la disponibilidad de los recursos.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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«El 11 de enero del 2025, el gobierno de Colombia concedió asilo diplomático a la ciudadana venezolana María Alejandra Díaz Marín, quien argumentó ser víctima de persecución por motivos políticos e ideológicos por parte del Estado venezolano», señaló la Cancillería en un comunicado, luego de que la abogada afirmara estar asilada, desde el primer mes del año, en la embajada colombiana en Caracas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano añadió que «el gobierno de Venezuela, a través de diferentes canales diplomáticos, ha manifestado que, para el caso de la señora Díaz Marín no es necesaria la emisión de un salvoconducto en tanto que no pesa sobre ella ninguna orden de captura ni proceso judicial abierto».

«La señora María Alejandra Díaz Marín, bajo su propia responsabilidad, realizó declaraciones públicas sobre su condición de asilada, el martes 5 de agosto en la red social X, incumpliendo las condiciones pactadas al momento de otorgar el asilo diplomático», agregó la información.

La abogada, quien fue presidenta de la Comisión de DD.HH. y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), afirmó que hace dos meses fue notificada de que «el gobierno venezolano se negaba a otorgar salvoconducto», debido a que, «según ellos», no «existía ninguna persecución».

El caso de asilo de Díaz

En octubre de 2024, el Frente Democrático Popular (FDP), una coalición del chavismo disidente de la que forma parte Díaz, interpuso un recurso ante el Supremo para que ordene la publicación desagregada de los resultados de las presidenciales, lo que fue rechazado por el máximo tribunal el mes siguiente.

Además, la Sala Constitucional impuso una multa a Díaz, quien asistió la solicitud del FDP, y ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados comenzar un «procedimiento disciplinario» en su contra, con el fin de aplicar «la sanción que corresponda».

Entonces, la sala también anunció que la abogada sería suspendida «temporalmente del ejercicio profesional».

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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