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La transferencia de tecnología militar de Rusia a Venezuela comenzó en mayo de 2001 con un convenio firmado entre los primeros mandatarios Vladímir Putin y Hugo Chávez.
En ese documento se aprobó la transferencia de licencias para la producir armamento que sería usado por las Fuerzas Armadas de Venezuela, y también para suministro a otros países.
Entre 2005 y 2007 se firmaron 12 acuerdos por más de 4.400 millones de dólares para proveer armamento ruso a Venezuela. Esta información fue suministrada por un alto funcionario del Kremlin en octubre de 2008, cuando Rusia abrió una línea de crédito por 1.000 millones de dólares con el fin de implementar el programa de cooperación militar bilateral con Venezuela.
Sin embargo, el 26 de julio de 2006 Chávez visitó Rusia para negociar la licencia para la construcción de una fábrica de Kaláshnikov y de municiones en Venezuela. El acuerdo se realizó y este fue uno de los pactos más importantes entre ambas naciones para cumplir con lo planteado 5 años atrás.
El contrato se firmó entre la principal agencia estatal rusa intermediaria para la exportación e importación de productos relacionados con la defensa Rosoboronoexport, y la nación venezolana, que transfirió 18 millones de dólares para las obras.
En ese momento se estableció que el contratista principal de la obra era la empresa Stroinvestinzhiniring SU-848, cuyo propietario y director general es Serguéi Popelniujov, quien también es ex senador de Rusia.
En 2009 comenzaron a levantar la infraestructura de la fábrica en las instalaciones de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), ubicadas en Maracay. Luego, en 2010 la corporación Rosoboronoexport anunció que Venezuela comenzaría a fabricar fusiles Kaláshnikov y sus municiones antes de lo previsto y que las primeras partidas se producirían en mayo de 2011.
“Tenemos previsto acabar de construir las fábricas y ponerlas en marcha en mayo de 2011. Queremos fabricar la primera partida de prueba en mayo”, afirmó el subdirector general de Rosoboronexport, Ígor Sevastiánov, en una nota de la agencia Interfax.
Sin embargo, los plazos de levantamiento de la infraestructura se postergaron en varias ocasiones. En 2012, la fábrica estaba lista en un 60%. Pero al sol de hoy, no ha sido inaugurada. Ni siquiera la han terminado.
¿Dónde está el responsable?
En diciembre de 2014, el viceprimer ministro Dmitri Rogozin declaró a la agencia Tass que en la construcción de la fábrica habían ocurrido “extrañas incidencias” y prometió investigar las causas del retraso, así como cambiar la empresa adjudicataria.
De acuerdo a informaciones de dicha agencia de noticias, Serguéi Popelniujov transfirió 18 millones de dólares recibidos de Venezuela a cuentas bancarias de otras empresas que estaban bajo su control y en una situación financiera complicada.
Por su parte, Rogozin comentó que se establecería un nuevo contratista para completar las obras de construcción, cuyo plazo de culminación debería ser a finales de 2015.
Finalmente fue abierto un caso penal contra Popelniujov el 30 de abril de 2015 a instancias del Ministerio del Interior ruso. Debido a la acumulación de pruebas, el 12 de mayo fue detenido preventivamente y fue acusado formalmente por el Ministerio de Interior por fraude en gran escala, según el diario Kommersant en su publicación del pasado 4 de junio.
El empresario se declaró “no culpable” ante la Corte y aseguró que actuó dentro del marco legal en la ejecución de todos los contratos. Además afirmó que las plantas han sido construidas en un 70%.
Después de esas informaciones, no se ha conocido más sobre Popelniujov. Y hasta la fecha, las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre el caso.
¿Dónde está el dinero? ¿Pagará Popelniujov por lo que ha hecho? ¿Se terminará de construir la fábrica en el plazo estipulado por el viceprimer ministro ruso? Preguntas abiertas para un caso que aún parece estar lejos de dilucidarse.
Eimy Cauterucce
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