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Rafael Correa, presidente de Ecuador, se reunió con los principales líderes de su movimiento oficialista Alianza País (AP), con sus asambleístas y con sus ministros de estado, para tomar previsiones ante el paro nacional indígena y sindical anunciado para el 13 de agosto.

Ante una amplia reunión en el palacio de gobierno, Correa advirtió que la derecha en el país está nuevamente organizada y tiene una estrategia que cumple con «ataques por todos lados, calentamiento en las calles, boicot económico, guerra psicológica, campaña de difamación». Dijo que esa derecha tiene apoyo, asesores internacionales y una estrategia financiera y de colaboración de medios de comunicación.

Agregó que las manifestaciones en contra de su gobierno continuarán más allá del paro de agosto, en una estrategia que, en su apreciación, «es un golpe blando» que se basa en un trabajo de «psicología colectiva» para «llenar de miedo y de incertidumbre» a la población.

En la reunión se analizó también el estado del diálogo sobre justicia social y equidad, al que llamó el gobierno como una forma de superar la conflictividad social provocada en Ecuador por la propuesta del Ejecutivo de crear los impuestos a las herencias y a la plusvalía.

Esas leyes están retiradas «temporalmente» de la Asamblea Nacional, desde días antes de la visita del papa Francisco a Ecuador. Medida tomada para bajar el nivel de las protestas callejeras.

El gobierno pidió al canciller Ricardo Patiño que acceda a una licencia de dos meses para organizar las bases de la agrupación oficialista.

Correa dijo que espera que se pueda organizar a sus militantes «para que en dos horas se pueda repletar la Plaza Grande –exteriores del palacio de Gobierno–», adonde intentó llegar una multitudinaria marcha opositora a inicios de julio.

Patiño es uno de los ideólogos de la «revolución ciudadana», como se denomina el gobierno socialista de Ecuador, y el principal organizador del apoyo popular que llevó al poder a Correa.

LS

Con información de dpa.

Fotografía REUTERS/Stringer.

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