Asamblea Nacional: DDHH son alterados en Venezuela, mucho más ahora en plena pandemia

DOBLE LLAVE – Venezuela está sumergida en una profunda crisis debido a la continua recesión, caída del Producto Interno Bruto (PIB), reducción de la producción y el precio del petróleo. Pero todo ello, se suma a otras dificultades o situaciones igualmente graves en materia social, educativa, en cuanto a la salud y hasta en lo cultural, tal como lo expone la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solorzano, presidenta de la comisión de Justicia y Paz, en un informe circulado hace pocas horas.

Justo en medio de toda esa realidad, llegó el coronavirus al país. En un momento en que el sistema sanitario está colapsado por la falta de insumos y personal médico. A esto se suma, el hecho de que cada habitante en suelo venezolano lucha a diario por llevar el sustento a su hogar, a la par de la escasez de agua, gas, luz, medicinas y gasolina.

Las razones anteriores sirven de base para comprender porqué en este momento, como nunca antes, una emergencia humanitaria como el COVID-19, compromete seriamente los derechos humanos; con un Ejecutivo nacional que toda sugerencia o ayuda internacional la ve, tilda y clasifica como amenaza.

El primer caso de coronavirus se conoció públicamente el pasado 13 de marzo, cuando arrancó una cuarentena nacional que mantuvo, por un tiempo, a las personas enteramente en sus casas. Sin embargo, los misterios y algunas contradicciones en torno a las cifras o conteo de infectados, hicieron que los venezolanos desconfiaran de las autoridades, por lo que al primer momento de relajación del confinamiento muchos decidieron, obviando previsiones en algunos casos, salir a las calles y retomar sus actividades. Esto condujo a un incremento récord de los números manejados y oficialmente comunicados. A la fecha de esta publicación, Venezuela registra 15.988 contagios.

Opiniones opuestas, grandes dudas y consecuencias

Dadas las precarias circunstancias en el territorio nacional y las cifras elevadas de las naciones vecinas, muchos expertos y ciudadanos comunes se cuestionaron si los datos aportados eran correctos. Es por ello, que más de uno hizo su propia indagación empírica.

Además, cuando se levantó parcialmente la cuarentena, las personas comenzaron a manifestar en las calles en rechazo incluso a las medidas preventivas, además de la falta o mal funcionamiento de los servicios básicos, como el agua; siendo este líquido estratégico y de vital importancia para cortar las cadenas de contagios del COVID-19.

Imagen referencial / Cortesía de agencias – archivo

No obstante, algunos organismos y/o funcionarios de seguridad del Estado decidieron actuar con fuerza desmedida contra quienes expresaban opiniones distintas a las que se sostienen desde el sector oficial. Esto se refleja en el Reporte sobre la represión en Venezuela (mayo 2020) del Foro Penal, donde se hace énfasis en las prohibiciones que se han suscitado durante la cuarentena en el país, las cuales han estado acompañadas de un significativo aumento de los arrestos por motivos políticos.

Entre el 8 de marzo y el 31 de mayo del presente año, 211 personas fueron arbitrariamente detenidas. De las mismas, 88 (41 %) fueron producto de las protestas ocurridas en varios estados. La situación, deja evidencia de las intenciones de penalizar el activismo social e inhibir las manifestaciones de descontento por la crisis.

Detenciones con más repercusión

A continuación, una lista con algunas de las detenciones más con más resonancia nacional e internacional, tanto en medios de comunicación como en las redes sociales:

Carol Romero, periodista: fue detenida el 4 de junio por grabar una discusión entre militares y usuarios en una estación de servicio. Fue liberada el 5 de junio. Sin embargo, el proceso judicial en su contra continúa y se le ordenó no ofrecer declaraciones.

Carol Romero, periodista

Jorge Cortéz, directivo y conductor de la emisora Mágica 93.9 FM. de Ciudad Ojeda, estado Zulia. Fue detenido mientras estaba grabando una serie de entrevistas en una estación de servicio. Fue imputado por instigación a delinquir. Le fue dictado régimen de presentación mientras se investiga el caso. Fue liberado la noche del 4 de junio tras permanecer detenido por más de 72 horas.
Darvinson Rojas, periodista. Fue detenido por tuitear información sobre el COVID-19 que no coincidía con las cifras manejadas por el Ejecutivo nacional. Por ello, fue acusado de «instigación al odio» entre otros delitos. Su vivienda fue allanada ilegalmente, en el proceso detuvieron por unas horas a sus padres. Se le negó la posibilidad de abogados privados obligándolo a la Defensa Pública. Se le concedió una medida de fianza, en la que se requirieron cuatro fiadores. Bajo medidas cautelares, fue excarcelado el 2 de abril después de 12 días de prisión.
Eva Leal, abogada. Fue agredida y detenida el 23 de junio, por la teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), María de los Ángeles Palmera, luego de grabar el momento en el que presuntamente era extorsionada y se negaba a pagar. Un Tribunal Militar le otorgó libertad condicional imponiéndole una medida cautelar que la obliga a presentarse ante el tribunal cuando este lo requiera.
Luis Ernesto Pérez Luna, un joven con discapacidad cognitiva. Fue detenido el 11 de mayo en el estado Lara junto a un grupo de personas, durante una protesta por la falta de electricidad y la escasez de gasolina. Su audiencia de presentación se llevó a cabo el 13 de mayo. Fue excarcelado el 27 de mayo, tras permanecer 16 días privado de libertad.
Andrea Sayago, bioanalista que trabaja en el Hospital «Dr. Pedro Emilio Carrillo» del estado Trujillo. Fue arrestada luego de advertir a un grupo de colegas vía WhatsApp sobre la detección de casos positivos de COVID-19 en la entidad. Se le imputó “Uso Indebido de Información Privilegiada a Cargo de Funcionario Público”, se le dictó arresto domiciliario. Se encuentra detenida en su casa desde el 6 de junio.

Eva Leal, abogada

Luis Araya, médico ginecólogo del Hospital Pastor Oropeza Riera de Carora, estado Lara. Fue detenido por publicar en un estado WhatsApp una crítica al gobierno nacional. Se le imputo el delito de instigación al odio. Después de 24 horas detenido, el 16 de abril quedó en libertad bajo la medida cautelar de presentación cada 30 días en el tribunal de Carora.
Eduardo Galindo Peña, periodista. Fue detenido por funcionarios del CONAS y la GNB en Apure por publicar un artículo en una página web de la cual es director. Lo buscaron con una citación para declarar por un artículo que publicó en la página web “Senderos de Apure”. Le pidieron llevar su equipo celular, a lo cual se negó. Luego funcionarios volvieron a su casa para llevarse la laptop del periodista. Su esposa, Yoleide Rodríguez se negó y la detuvieron junto a su sobrino Leonardo Galindo. Del lugar se llevaron tres computadoras, y los celulares de los detenidos. Lo presentaron en tribunales 96 horas después de su arresto. Las leyes venezolanas contemplan que cualquier detenido debe ser llevado a tribunales a las 48 horas de su aprehensión. Está acusado del supuesto delito de “divulgación de información falsa“. Le exigieron cinco fiadores. Fue excarcelado el lunes 4 de mayo, después de 19 días en prisión y deberá presentarse cada ocho días en tribunales.

Eduardo Galindo, periodista

Tania Rodríguez, quien en julio de 2019 fue despedida de Ferrominera por participar en protestas promovidas por el dirigente sindical Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera). Fue detenida por el CONAS el viernes 4 de abril por el reenvío de un mensaje en redes que hacía referencia a la esposa del primer mandatario, Cilia Flores. La presentaron en tribunales el domingo 6 y recibió medida privativa de libertad, bajo arresto domiciliario.
Darío Salcedo, es sindicalista y trabajador de INSOPESCA. Fue detenido el 5 de mayo tras realizar denuncias, a través de Twitter y WhatsApp contra las autoridades de dicha institución por incumplimiento de beneficios laborales. Su residencia fue allanada sin orden judicial. Se le imputaron cargos por instigación al odio. El 24 de mayo le fue dictada privativa de libertad. Se ordenó la reclusión del trabajador en el “Centro de Procesados Judiciales 26 de Julio” en el estado Guárico.
Andreina Urdaneta, médico residente de Ginecología y Obstetricia del Hospital «Adolfo D’Empaire» del estado Zulia. Fue detenida el 26 de mayo por el presunto delito de incitar al odio, luego de publicar un meme en su estado de WhatsApp en detrimento del presidente Nicolás Maduro. El 27 de mayo se le dictó privación de libertad, por el presunto delito de incitación al odio.

Los mencionados son algunos de los casos de personas que han visto vulnerados sus derechos por pensar diferente, y expresarlo, según informe de la comisión de Justicia y Paz de la AN, hecho público por su presidenta, la diputada Delsa Solorzano.