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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), manifestó su descontento con el operativo de seguridad realizado por el Gobierno de Venezuela en la Cota 905, en el cual consideró que hubo un abuso de medios letales por parte de la fuerza pública.
Para PROVEA, si bien el Estado tiene responsabilidades en promover políticas para mantener la seguridad ciudadana y proteger a la ciudadanía de los delitos cometidos por terceros, cualquier iniciativa debe respetar los Derechos Humanos.
“El ‘Operativo de Protección y Liberación del Pueblo’ abre las puertas a la legitimación de las ejecuciones policiales, que sólo en 2014 cobraron la vida de 189 personas, la mayoría de ellas a manos de cuerpos de seguridad de ámbito nacional como el CICPC y la PNB”, señala la ONG, en su remitido a los medios.
PROVEA exigió a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo iniciar una investigación sobre la reciente actuación de los cuerpos policiales. Asimismo, exigió al Ejecutivo Nacional el desarrollo de planes y políticas de seguridad ciudadana sobre la base del más amplio consenso y en estricto apego a los estándares de protección de los Derechos Humanos.
LS
Con información de El Estímulo.
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