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Volkswagen está dispuesta a negociar con la Justicia brasileña una reparación judicial por haber colaborado con la dictadura militar que gobernó ese país entre 1964 y 1985.
El director del departamento de Comunicación Histórica del Grupo Volkswagen, Manfred Grieger, dijo que la empresa quiere contactarse con las víctimas del régimen para conocer con más detalle los vínculos de la compañía con los militares y buscar mecanismos de reparación.
Grieger visitó Brasil a mediados de octubre a pedido del Ministerio Público Federal (Fiscalía). Dicho organismo analiza el resultado de las investigaciones que llevó adelante la Comisión de la Verdad, creada por la presidenta Dilma Rousseff en 2011 para indagar sobre el destino de asesinados y desaparecidos durante la dictadura.
El directivo se reunió en Brasil con el fiscal regional de Derechos del Ciudadano de la Fiscalía de Sao Paulo, Pedro Antonio de Oliveira Machado. Según el fiscal, la idea es firmar un Término de Ajuste de Conducta (TAC) y destinar el dinero fruto de la reparación a un fondo público o usarlo en la construcción de un memorial o museo vinculado al periodo.
El material que está en manos de los fiscales contiene informes suministrados por centrales sindicales, asociaciones civiles, investigadores, ex integrantes de la Comisión de la Verdad y ex empleados de la fabricante alemana que fueron perseguidos por el régimen con la connivencia de la directiva de entonces.
Dichos grupos entregaron en septiembre a la Fiscalía la documentación y solicitaron la apertura de una investigación civil pública para que se averigüe «cuán objetivamente contribuyó Volkswagen Brasil para que se perpetraran las violaciones de los derechos humanos mencionadas en el informe».
En la solicitud, los grupos demandan que se investigue el grado de participación de los miembros de la directiva de la empresa en cada acto de violación de los derechos humanos, en especial «los crímenes de tortura perpetrados en el interior de sus plantas industriales» y la «colaboración con los organismos de seguridad regional, unidades militares y organizaciones sindicales patronales».
En esos registros se detalla la forma en la que empleados que fueron descubiertos realizando algún tipo de protesta, en lugar de ser llevados a la comisaría eran conducidos por la propia policía a las instalaciones de la empresa en Sao Bernardo do Campo, en la región industrial de Sao Paulo, para ser interrogados e identificados. También hay relatos de golpizas y torturas a obreros vinculados a partidos comunistas ocurridas dentro de las instalaciones de la compañía.
LS
Con información de dpa.
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