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Este jueves la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo aprobó el acuerdo al que llegaron las tres principales instituciones europeas para desbloquear un texto que viene a reformar una legislación que data de los años 90.

El eurodiputado, Jan Philipp Albrecht, considera que con esta reforma «se devuelve el control de los datos personales a los ciudadanos y las compañías ya no estarán autorizadas a divulgar las informaciones que han obtenido sin su consentimiento». La norma deberá ser transpuesta a la legislación de los 28 estados miembros, con lo que al final del proceso podrían aparecer matices diferentes, si bien lo crucial es que la negociación se ha desbloqueado.

Los diputados deben votar si los menores de 16 años tienen acceso libre a redes sociales como Facebook, Snapchat e Instagram y en qué circunstancias. El texto propone que desde su entrada en vigor se requerirá la autorización expresa de los padres para el uso de redes sociales por parte de sus hijos, si son niños y adolescentes. Cada país definirá la edad para la cual ese requisito se aplica. Unos países fijan ese límite en 13 años y otros en 16 años.

Las multas por violar las reglas de esta norma de protección de datos pueden llegar hasta el 4%de la cifra de ingresos de la compañía que sea condenada por vulnerar la norma. En el caso de las grandes compañías, como Google, eso puede llegar a cifras astronómicas.

Se clarifica el llamado «derecho al olvido» que se convierte en un derecho al que cualquier persona puede acogerse. La formulación de la ley establece que todo el mundo puede pedir que se borren sus datos «siempre que no haya bases legítimas para retenerlos».

Todos los contactos personales que Google acumula en la cuenta de cada usuario deberán poder ser traspasados a otra compañía que pueda ofrecer un servicio similar. Las empresas deben comunicar a las autoridades nacionales competentes «lo antes posible» cualquier violación de las reglas sobre protección de datos.

La propuesta debe ser aprobada tanto por los países en el seno del Consejo y por el Parlamento europeo. Si no están de acuerdo se establece una negociación, que es donde estaba el trámite después de cuatro años. Una vez apactado, se ratifica primero por el propio Consejo, que lo puede hacer a través de los embajadores permanentes en un trámite administrativo.

AW

Con información de ABC.

Fotografía Gettyimages.


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