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El Supremo Tribunal Federal de Brasil aceptó este martes denuncias hechas a la Fiscalía General por el senador oficialista Delcídio Amaral, que contienen demoledoras acusaciones contra la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor Luiz Inacio Lula da Silva, informaron medios locales.
En el marco de un acuerdo de colaboración con las autoridades, el senador del Partido de los Trabajadores (PT), quien era interlocutor entre el Gobierno y el Senado, implica directamente a Rousseff y Lula con los fraudes de corrupción en Petrobras y los acusa incluso de haber interferido mediante sobornos y otras maniobras para frenar las investigaciones del caso.
Amaral salió de prisión el pasado 19 febrero. Pasó casi tres meses recluido acusado de intentar obstruir las investigaciones sobre la trama de corrupción en Petrobras. Su arresto lo convirtió en el primer senador en ejercicio en ir a prisión, y fue decretado después de que fue filmado intentando sobornar a través de terceras personas a un ex director de Petrobras para que no relatara algunos entretelones vinculados al caso.
Acusaciones contra Rousseff y Lula
En el marco del acuerdo de delación premiada que firmó con la Fiscalía, Amaral acusó a Rousseff de interferir en el Poder Judicial designando al juez Marcelo Navarro como miembro del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), quien se habría comprometido a evitar que fueran decretadas órdenes de arresto o, en su defecto, que fueran aceptados pedidos de liberación, de acusados de participar en los desmanes en la petrolera nacional.
Agregó que Rousseff estaba al tanto de las irregularidades de la petrolera, como el de la compra de una refinería en Pasadena, en Estados Unidos, realizado en la época en que Rousseff presidía el Consejo de Administración del ente estatal, y que resultó en millonarias pérdidas.
Respecto a Lula, dijo que fue el ex mandatario quien le dio la orden de intentar sobornar a Nestor Cerveró, ex director de Petrobras (quien está preso), para que no implicara al empresario José Carlos Bumlai, amigo personal de Lula, en caso de firmar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía.
Amanda Gómez
Con información de dpa.
Fotografía REUTERS/Ueslei Marcelino.
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