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La Ficalía mexicana anunció que realizará un nuevo peritaje «de altísimo nivel» en el basurero donde presuntamente fueron incinerados los 43 estudiantes en el sur del país, después de que un grupo de expertos independientes desacreditara la versión oficial.
«Se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio», dijo la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez.
Las afirmaciones de la fiscal se produjeron momentos antes de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ordenara tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos tras seis meses de investigación sobre las desaparición de los 43 estudiantes.
«He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
El GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó el pasado domingo el informe final de su trabajo, en el que desacreditó la versión oficial de que los 43 estudiantes fueron incinerados en un basurero, como dijo en enero la fiscalía.
Los expertos sostuvieron que las evidencias científicas señalan que ese evento «no ocurrió». Además, señalaron que los testimonios de los presuntos responsables están llenos de inconsistencias.
De acuerdo con la fiscalía, «la verdad histórica» es que los 43 estudiantes fueron detenidos por policías municipales en complicidad con un grupo criminal en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero.
El grupo criminal los confundió con rivales y los asesinó e incineró en un basurero entre la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre del año pasado.
«Respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula he instruido se atienda la propuesta contenida en el anexo informe pericial, aspectos relacionados al fuego, referente a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel con peritos con una formación y experiencia consistentes», dijo la fiscal.
En conferencia de prensa, Gómez dijo que en atención a la instrucción de Peña Nieto, los resultados y conclusiones de las entrevistas, investigaciones y de los estudios que los expertos llevaron a cabo «se analizarán y en su momento la PGR valorará su incorporación a la averiguación previa».
«La PGR continúa y continuará con su labor hasta que el último responsable sea consignado», expresó la procuradora en el Salón Independencia de la fiscalía.
Al hacer referencia a los autores de estos hechos, las conclusiones del grupo de expertos confirman las líneas de investigación de la PGR en el sentido de que las policías municipales de Iguala y Cocula participaron en la comisión de estos delitos.
«Dichas corporaciones fueron cooptadas por la delincuencia organizada como se ha podido acreditar de las actuaciones que obran en el expediente», aseguró Gómez.
Y añadió: «El grupo de expertos también refiere que la delincuencia organizada infiltró la administración municipal del entonces alcalde José Luis Abarca y destacadamente a la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio».
El grupo de expertos, que pidió se continúe investigando el caso, presentó una serie de recomendaciones al Estado y a los familiares, entre las que figuran la creación de una comisión para desapariciones y la elaboración de una legislación integral sobre desaparición forzada.
Tras seis meses de indagaciones, el grupo designado por la CIDH, que basó su trabajo en información de las autoridades mexicanas, también señaló que los estudiantes fueron atacados a tiros directos por parte de la policía en una operación «coordinada y en extremo violenta».
Los expertos, que iniciaron sus labores en marzo, volvieron a expresar malestar por el ocultamiento de pruebas, como prendas y otros objetos que pertenecían a los estudiantes, y un video del momento en el que los jóvenes fueron detenidos en Iguala.
Asimismo, señalaron que los hechos fueron coordinados por una persona aún sin identificar, conclusión a la que llegaron tras numerosos testimonios de involucrados.
«Se trató de un ataque desproporcionado y sin sentido. No fue algo puntual que se da en un momento, sino que transcurre durante varias horas. Hay un nivel de coordinación, tal y como prueba la complejidad de los hechos», dijo el médico español Carlos Beristáin, quien pidió que se investigue más el caso.
El experto dijo que el caso Ayotzinapa no sólo dejó 43 desaparecidos, sino también 180 víctimas directas, seis personas ejecutadas extrajudicialmente y 700 familiares directos que han sufrido las consecuencias.
«Persiste el miedo en la región. Los testigos de los hechos han tenido miedo para hablar sobre lo que pasó», dijo Beristáin al explicar las dificultades que el grupo enfrentó en las indagaciones.
AG
Con información de dpa.
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