La Comisión Internacional de Juristas denunció que desde hace 18 años el Poder Judicial dejó de ser "independiente e imparcial"



DOBLE LLAVE – La Comisión Internacional de Juristas, una ONG compuesta por 60 jueces y abogados de todo el mundo, acusa al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de estar “al servicio incondicional del poder Ejecutivo” y de haber tomado decisiones que constituyeron “un verdadero golpe de Estado”.

La ONG que goza de estatuto consultivo ante del Consejo Económico y Social de la ONU, presentó este martes en Ginebra su informe “El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumento del Poder Ejecutivo”, coincidiendo con la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Las decisiones del pasado marzo por las que el TSJ suspendió los poderes de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora, se arrogó competencias legislativas, otorgó amplios poderes al Poder Ejecutivo y eliminó la inmunidad parlamentaria “constituyeron un verdadero golpe de Estado y una flagrante ruptura del Estado de Derecho en Venezuela”, aseguraron los juristas.

“Desde hace varios años la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha venido siguiendo la situación en Venezuela y ha podido constatar la pérdida de independencia del poder Judicial, el vertiginoso y sistemático deterioro de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y, en general, el ocaso del Estado de Derecho”, denuncia el organismo

“Así, la CIJ ha podido constatar que desde hace 18 años, pese a las garantías constitucionales y legales, el Poder Judicial ha dejado de ser una rama del Poder Público independiente e imparcial”, añade.

La organización señala varios motivos para ello pero destaca que “la parte más crítica de la pérdida de independencia del Poder Judicial radica en su máximo órgano: el Tribunal Supremo de Justicia“.

La ONG acusa al TSJ de ser una “institución cooptada y al servicio incondicional del poder Ejecutivo” y de haberse convertido en un instrumento de este último y del partido de Gobierno para anular las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional.

La CIJ se creó en 1953 y su objetivo es la promoción y protección de los derechos humanos a través del Estado de derecho. Entre otros, forman parte de ella juristas de México, Chile, Perú, Argentina, Colombia o Costa Rica.

Ariadna García / @Ariadnalimon

Con información de dpa

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