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DOBLE LLAVE- La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, alegó que no reconoce a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por considerarlo «inconstitucional e ilegítimo». «Hay una falta de objetividad por parte de los magistrados por una persecución obligada desde el Ejecutivo contra mi persona», reseñó en rueda de prensa desde el Ministerio Público.
Calificó la actuación del TSJ como «el golpe de Estado más grotesco que el decreto de Carmona«.
Explicó que el escrito interpuesto por el diputado a la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, es una «solicitud amañada». «Los abogados que fungen como magistrados admitieron ese documento. Es lamentable porque esa celeridad deberían hacerlo para otros casos como las elecciones de Amazonas, quizá ese tribunal si tomara decisión en ese y otros casos tuviese más credibilidad».
Añadió que Carreño y el máximo tribunal del país «criminaliza» sus acciones que están sustentadas en la Constitución.
Señaló que el parlamentario en su «confuso escrito» pide un antejuicio en su contra que fue admitido por el TSJ. «No están diciendo que cometí delitos sino que incurrí en faltas graves».
Reveló que al designar a unos defensores para que recusaran la solicitud de antejuicio «la declararon inadmisible» en tiempo récord.
Adelantó que colgará en las redes el escrito sobre su defensa para que todo el país lo conozca. «Me congelaron mis cuentas, bienes y privativa de libertad del país. Indudablemente gravísimo».
En cuanto a las faltas gravísimas manifestó que se refieren a no haber asistido a una reunión del Consejo Moral Republicano la que según Ortega no se dio. «No asistí a la reunión del Consejo Moral Republicano porque la misma no se dio. No se firmó el acta, ni siquiera el Defensor del Pueblo firmó esa acta. El sustento para ese argumento de faltas gravísimas se refiere a esa convocatoria. Nada refiere a la selección de los magistrados».
Agregó que además el proceso tiene «vicios» al haber sido designado Juan Carlos Valdez González como magistrado «cuando no aparece en la listas de preseleccionados».
Constituyente viola la carta magna
Insistió que persiste una ruptura del orden constitucional con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. «Esa convocatoria viola la Constitución y yo estoy obligada a hacer respetar esta Constitución. El presidente no es el poder soberano, solo el pueblo puede dar una nueva Constitución».
Agregó que su persona no es la responsable de los problemas del país. «Los responsables que nuestra gente no tenga acceso a los alimentos básicos, que coman de la basura, que no tengan medicinas, que no se encuentren productos de primera necesidad, donde el indice de muertes es de 70,1%, no es responsabilidad de la fiscal general, es responsabilidad de otros actores».
Investigación penal en medio de las protestas
En cuanto a la investigación que se sigue por las muertes y los excesos cometidos en medio de las manifestaciones la fiscal argumentó que han sido muy responsables con el tema penal en cada uno de los hechos punibles. «90 personas han fallecido hasta hoy y se tienen 4.658 procesados».
Insistió que existen trabas en medio del proceso debido a que «no hemos podido hacer que los cuerpos policiales actúen» así como la implementación de juicios militares contra civiles.
«Nuestros funcionarios han hecho todo lo necesario para determinar la responsabilidades a las que se tiene lugar y tenemos 70 personas acusadas», dijo.
«Democracia arrazada»
Indicó que con este tipo de decisiones del Tribunal Supremo «la democracia puede ser arrazada por la acción política»
«Es mi responsabilidad señalar que varias regiones del país vemos un desborde de represión contra el pueblo que reclama derechos. Algunos factores quieren atemorizar al pueblo».
Dio como un hecho que el TSJ anulará las competencias al Ministerio Público (MP) así como las funciones de su cargo. «Es claro que el TSJ anulará a la última institución de la República por ello no voy a convalidar un circo, no los reconozco. A partir de hoy va a operar mi remoción pero yo seguiré luchando, seguiré en la lucha».
Desconoció la designación de la nueva vicefiscal Katherine Harrington. «Yo desconozco a esa vicefiscal, son estas las circunstancias que me obligan a apelarme al artículo 333 de la Constitución. Si el TSJ decidiera removerme de mi cargo tendría el deber de defender la Constitución».
Rafael Arias / @rafarias86
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