Aseveró que existen pruebas tangibles como videos, fotografías que demuestran que la GNB y PNB han ejercido una feroz represión contra los ciudadanos



DOBLE LLAVE – Este miércoles, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, bajo órdenes de Nicolás Maduro, anunció la activación de una segunda fase del Plan Zamora en el estado Táchira, donde enviará dos mil funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 600 tropas de operaciones especiales.

Luis Izquiel, abogado penalista,  cree que el objetivo principal de esta elevación es la profundización de la represión y las violaciones ejercidas por las fuerzas de seguridad del Estado contra las manifestaciones pacíficas. Indicó que esto solo aumentará la vulnerabilidad de los derechos humanos y constitucionales de los venezolanos.

Durante su pronunciamiento, Padrino López, aseguró que los funcionarios militares no han utilizado armas contra la ciudadanía ni accionado sus fusiles, pistolas ni ametralladoras.

Izquiel, consideró “increíble” que las instituciones públicas pierdan su credibilidad y prestigio ante afirmaciones de esta índole cuando existen pruebas tangibles como videos, fotografías y testimonios que demuestran como la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han “ejercido una feroz represión contra el pueblo venezolano”, que solo exige que se restituya el hilo constitucional y se solucione la grave crisis humanitaria que padece el país.

Minutos antes de esta declaración del ministro de la Defensa, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, advertía el inicio de una nueva fase del Plan Zamora que supuestamente utilizaría a grupos paramilitares para contener las manifestaciones y compraría más armamentos, entre ellos, minas antipersonas.

Señaló que no se sabe con certeza si el Plan Zamora estipula la actuación de la GNB en compañía de colectivos armados, cuyas evidencias estás plasmadas en videos o fotografías, porque en ningún documento oficial está detallado el contenido de este programa.

Precisó que sí es de conocimiento público los resultados de su ejecución: personas asesinadas, heridas, torturadas y presentadas ante tribunales militares que han constituido “violaciones masivas a los derechos fundamentales de los venezolanos”.

Por último, dirigió un mensaje a todos esos funcionarios que están ejecutando el Plan Zamora contra ciudadanos desarmados: serán juzgados tarde o temprano en tribunales nacionales o internacionales por violaciones a los DDHH porque los delitos de lesa humanidad no prescriben. “En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional está establecido el delito de tortura como un crimen de lesa humanidad y el asesinato masivo de ciudadanos por su ideología política es catalogado como tal”, finalizó el también asesor de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Luiz Izquiel.

Miguelangel Caballero

Con información de nota de prensa

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