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DOBLE LLAVE – La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada el pasado martes tras casi ocho horas de discusión en el Parlamento venezolano, fue declara este lunes como inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que acogió la solicitud de análisis hecha pública por el presidente Nicolás Maduro el pasado viernes.
Parlamentarios de la oposición han rechazado la posición del TSJ, alegando que sus sentencias infundadas desconocen la potestad del hemiciclo, mientras que altos representantes de los poderes públicos han felicitado en fallo de la Sala Constitucional. Ese es el caso del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien asegura que se pretendía “hacer un borrón en la historia y dejar impune delitos” delitos que se han cometido en nombre de los intereses políticos.
Ante la controversia el abogado constitucionalista, Enrique Sánchez, ha asegurado a nuestra redacción que el veredicto del TSJ “atenta completamente contra la Carta Magna venezolana” que prevé potestades únicas al Parlamento para que se pueda construir una legislación autónoma. “Se trata de una injerencia ilegal” poco fundamentada sentenció.
El jurista aseguró que en ningún momento se presentó un alegato explicito donde se desarrolle el porqué de la ilegalidad de un instrumento que pretende “retirar carácter delictual a hechos vinculados a la actividad política que no estén sujetos a la violación especifica de una determinada ley”, entiéndase homicidio, fraude, corrupción u otros.
Enfatizó en que todos los adjetivos empleados por el Ejecutivo para descalificar la Ley de Amnistía, que han contribuido a descontextualizar la legislación, fueron adoptados por la Sala Constitucional para dar un veredicto que lejos de allanar el terreno para la reconciliación nacional impide y “sabotea la labor del Parlamento”.
El especialista concordó con el diputado Edgar Zambrano que este martes ofreció una entrevista al noticiero matutino de Venevisión en la que afirmó que “el TSJ cumple instrucciones del PSUV”. Sánchez agregó que visto desde todo marco jurídico ha quedado muy claro que la “Sala constitucional no se hace de magistrados, sino de operadores políticos”.
Partiendo de tal conclusión, el constitucionalista afirmó que la Asamblea Nacional debe seguir legislando, aun cuando todas sus propuestas sean rechazadas, pues todas las negativas quedarán retratadas ante la comunidad nacional y, entonces, “el sabotaje del TSJ evidenciará las violaciones que en los últimos años ha sufrido la democracia venezolana”, tal y como ya ocurrió con la ONU.
Este lunes la portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, aseguró que la organización esta «muy decepcionada por la decisión del Tribunal Supremo, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno venezolano solicitó (su) opinión legal y nosotros (la ONU) respondimos que en general estaba en conformidad con los estándares de derechos humanos».
Partiendo de tales declaraciones, afirmar que la Ley de Amnistía no cumple con los lineamientos requeridos en la Constitución y otorga impunidad a la violación de derechos humanos, aun cuando organizaciones internacionales han dado su aprobación, únicamente evidencia que «Sala Constitucional no posee fundamentos reales para abatir e trabajo del Parlamento«, concluyó el jurista.
Yelimar Requena
Fotografía REUTERS/Marco Bello.
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