El Prof. Luzardo denuncia que el presidente Maduro busca ingresos extraordinarios violando derechos de 16 pueblos indígenas



DOBLE LLAVE – El miércoles 24 de febrero del 2016, la presidencia de la República a través del decreto N° 2.248 en Gaceta Oficial, aprobó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, que contaría con casi 112.000 kilómetros de una basta área al norte del Estado Bolívar, una parte del Amazonas y otra del Delta Amacuro. En estos terrenos esperaban encontrar reservas “calculadas en miles y millones de toneladas de oro, diamantes, hierro”, cuyos permisos se otorgarían a 150 empresas mineras de diversas partes del mundo.

Dicho proyecto debía ser llevado a cabo con el objetivo de obtener ingresos y un desarrollo industrial “ecosocialista”, que permitiría diversificar la tambaleante economía nacional, a través de la extracción de minerales que se convertirían en una alta suma de dinero.

Sin embargo, el decreto habría sido llevado a cabo sin respetar los artículos de la constitución que establecen que las “actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural” (…) “En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley”.

¿Qué pasa con la biodiversidad y los monumentos naturales?

Alexander Luzardo, ex senador venezolano y autor de las disposiciones ambientales de la Constitución actual explica que en la región en la que fue ubicado el arco minero se encuentran algunos de los principales monumentos naturales y reservorios del país, como el Parque Nacional Canaima, escenario de la catarata más alta del mundo, el Salto Ángel, que además se trata de una zona de gran biodiversidad que abarca bosques y selvas, protegidas por decretos de reserva forestal como “Imataca” (Gotas en la noche en idioma o lengua Warao), que posee más de 3 millones 800 mil hectáreas, La Paragua y El Caura con 5 millones 134 mil hectáreas; y monumentos naturales como el caso de Guanay decretados en 1991 y cuencas resguardadas por leyes ambientales y convenios internacionales como la Cuenca del Caroní de 96 mil kilómetros cuadrados, que provee de las reservas de agua dulce más importantes del país y genera el 65% de la energía hidroeléctrica que alimenta la represa del Guri y el complejo hidroeléctrico.

Reportaje especial

El Dr. Alexander Luzardo, es uno de los expertos que durante años ha venido ampliando, profundizando y compartiendo conocimiento relacionado con la zona y las poblaciones afectadas.

El también profesor titular de derechos políticos y ambientales detalla que la “zona protectora” del estado Bolívar, decretada en el año 1975 abarca 7 millones 262 mil 358 hectáreas y es la zona protegida más extensa de Venezuela. Esto da un promedio de 80% protegido del Estado Bolívar y el sur del Orinoco contiene las mayores reservas de agua dulce, en condiciones de potabilidad, para la estabilidad ecológica del país, algo que vuelve al oro “insignificante” en comparación.

El ambientalista recalca que hay demasiada promoción de la idea rentista petrolera y minera en Venezuela, motivo por el cual el Gobierno y asociados siempre están en búsqueda de una “piedra filosofal”, algo que pone en peligro la hidroeléctrica, la reserva forestal y las cuencas de El Caura, Caroní y el Orinoco. Además, la premura de Nicolás Maduro por conseguir ingresos a través de la explotación del “Arco Minero del Orinoco” no respeta la Constitución e implica graves violaciones a los derechos humanos, en especial de 16 pueblos indígenas.

¿Está en peligro el Parque Nacional Canaima?

El profesor Luzardo asegura que Venezuela se encuentra en una situación de la que podría salir muy mal parada en caso de que el “mal llamado” arco minero se continúe ejecutando, porque supone el sacrificio de los torrentes de agua dulce del territorio, de la biodiversidad, la belleza escénica de la locación y la imposibilidad de una industria turística sustentable que tiene mas valor que un campo minero “depredador, ya que no existe una “minería ecológica”.

Además, la autorización del arco minero esta legalmente denegada por la Asamblea Nacional desde el año pasado, debido a que fue tomado en cuenta que el decreto se realizó sin la debida consulta y autorización, de acuerdo con lo establecido en los artículos 150 y 187 numeral 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “decisión que representa una amenaza a la Soberanía Nacional, al pretender otorgar ilegalmente concesiones o contratos de interés público nacional a 150 empresas de 30 países diferentes“.

Julio César Reyes, diputado de la Asamblea, instó en determinado momento al Gobierno a revisar la activación de la explotación minera debido a que “de acuerdo a todas las investigaciones y toda la recaudación de información, es realmente grave el impacto ambiental que esto significaría, lo que indica que esa concesión traería daños irreversibles en materia ambiental al país, porque allí están las reservas de agua dulce más importante del territorio nacional”.

Un informe entregado por el comisario en jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), José Gregorio Lezama Gómez, reportó en enero de 2016 a sus superiores que “operaba una mafia del oro en Guayana”. Estos documentos fueron entregados a la Fiscal General y al Defensor del Pueblo del momento, pero allí quedaron.

La Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA) rechazó y lleva a cabo una intensa campaña contra “el llamado Macroproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) el cual se plantea como una pretendida solución económica ante la caída de los precios del petróleo”.

Dicen que “profundiza el modelo rentista y extractivista; algo que contradice los principios de seguridad de la Nación definidos en el artículo 326 de la misma Constitución; viola derechos humanos y ambientales, así como pretende ser implementado desechando el conocimiento científico y las prácticas ambientales reconocidas internacionalmente y la necesidad urgente de disminuir el impacto de la acción humana sobre el ambiente“.

¿Qué pasa con el Salto Ángel?

Recientemente, a través de las principales redes sociales, usuarios denunciaron la presencia de una empresa China que estaría deforestando y llevando a cabo actividades ilegales en la zona. Sin embargo, la periodista Valentina Quintero afirmó que “es un montaje” la imagen que circula sobre la supuesta venta del Salto Ángel (Kerepakupai vená) a un consorcio chino.

“No difundo información sin verificar. La foto del aviso en chino es un montaje. Ese letrero no existe junto al Salto Ángel. Lo confirma un operador de la zona que va todas las semanas”, escribió Quintero en su cuenta en Instagram @valendeviaje.

Asimismo, señaló que no son actuales las otras dos fotografías que, junto al montaje del letrero chino en el Salto Ángel, se han hecho virales.

Una de estas imágenes es la supuesta deforestación hecha en la Gran Sabana por empresas chinas en busca de oro. Quintero afirma que esa fotografía se trata de la construcción de un campamento en isla Ratón, estado Amazonas. “Es de hace 4 años (…) en su momento circuló y se denunció”. La otra imagen que proyecta vehículos en una aparentemente zona deforestada es “del Guri en verano”.

Soy periodista. No difundo información sin verificar. La foto del aviso en chino es un montaje. Ese letrero no existe junto al Salto Ángel. Lo confirma un operador de la zona que va todas las semanas. La foto de la izquierda abajo es de hace 4 años cuando se construyó un campamento en Isla Ratón. En su momento circuló y se denunció. La de la derecha es el Guri en verano. Hay minería dentro del PN Canaima. Balsas en el río Carrao y bombas en sus riberas. Es ilegal, es un desastre, es un crímen y este régimen es el responsable porque lo niega y no lo controla. Pero no ayuda difundir montajes o imágenes viejas que no se corresponden con la realidad actual. Es un drama demasiado serio para ponernos amarillistas. Seguiremos firmes en contra del criminal arco minero. Pero nuestras denuncias siempre tendrán fundamento serio. Sigo #sembradaenvenezuela y empeñada en defender nuestra gente y nuestra geografía.

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Ninoska Moncada / @ninoskamci

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