DOBLE LLAVE – Un informe elaborado por la Embajada del Reino Unido en el país, la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado asegura que los casos de trata de personas de venezolanos pasaron de 50.000 en 2014 a 198.800 en 2018, según publica El Nacional.

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Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz explica que “en 2 años aumentó 300% el número de casos de víctimas de esclavitud moderna, específicamente, la trata de personas. Hasta 2018 tenemos un registro de 198.800 víctimas; si se revisa el comparativo del período anterior, 2014-2016, se proyecta que en los próximos 2 años podrían contarse 600.000 venezolanos víctimas de esclavitud moderna, si este ritmo no se detiene”. Además, resaltó la incidencia de la migración forzosa como principal detonante de este acelerado aumento, resultado de la emergencia humanitaria que caracteriza al país.

“En el mundo la migración es un factor de riesgo determinante para el acaecimiento de la trata de personas. Aquí aumentó dada la alta vulnerabilidad del venezolano en el contexto actual de migración forzada, por la emergencia humanitaria”, expuso.

Debido a la escasa información a la que se accede en Venezuela sobre la esclavitud moderna y los fenómenos conexos como trabajo forzoso, prostitución y servidumbre, las Organizaciones No Gubernamentales que elaboraron el estudio se propusieron examinar una muestra de 86 casos denunciados entre 2016 y 2017 en la prensa internacional, en los que se reportaran víctimas venezolanas, para comprender la realidad actual. El hallazgo permitió determinar la estructura organizativa de las redes.

“Se encontró que los países receptores son Panamá, China, República Dominicana y España, todos ellos sitios en los que se han adelantado investigaciones para desmantelar redes de trata de personas en los que han liberado a ciudadanos venezolanos”, detalló.

En general, la prevalencia del fenómeno se debe a que los venezolanos se encuentran a merced de redes de trata internacional por aspectos como la fragilidad institucional, que no facilita el control, denuncia y seguimiento de las denuncias; la desinformación, pues el tema no es asumido por el gobierno como una prioridad, pese a que es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible promovido por las Naciones Unidas, suscrito y ratificado por Venezuela, y por el vacío legal que no ha permitido la adecuación del sistema jurídico venezolano en función de prevenir y perseguirlo.

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Ninoska Moncada / @ninoskamci

Con información de El Nacional

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