DOBLE LLAVE –  La comisión de la Asamblea Nacional (AN), que investiga el caso del operativo policial contra el exoficial de la policía científica, Oscar Pérez, denunció que durante el proceso, que se llevó a cabo en El Junquito el pasado lunes 15 de enero, se perpetraron “graves violaciones” a los Derechos Humanos, así como 31 detenciones arbitrarias a los allegados de los fallecidos. 

Durante la presentación del informe preliminar sobre los hechos ocurridos en el lugar, la presidenta del grupo de investigación, Delsa Solorzano, aseveró que se han producido “serias amenazas” contra los familiares de los funcionarios sublevados que actuaron junto a Pérez, y allanamientos sin orden judicial. 

“Han sido amenazados los familiares, hay serias amenazas en contra de varios familiares, de varios amigos cercanos e incluso de los empleadores de las personas asesinadas”, dijo.

La diputada recordó que, según el acta de defunción, seis de los siete integrantes del grupo fallecieron a causa de un disparo en la cabeza, acción que calificó como “un patrón que genera dudas”.

Solorzano expresó que solicitarán a los organismos estatales protección e indemnizaciones para los familiares de los fallecidos en la catalogada “masacre” de El Junquito,  al tiempo que agregó que pedirán nuevas autopsias a los cadáveres.

La integrante del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), recalcó que no ha recibido respuesta por parte del Ministerio Público (MP), y de la Defensoría del Pueblo, en relación con el caso.

Evany Sandoval.

Con información de EFE y de otros medios.

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